Considera esencial romper el vínculo hampa-autoridad corrupta

Juan Antonio Zúñiga M. Ť El objetivo prioritario de las labores de investigación y persecución de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) radica en desarticular la vinculación entre la delincuencia organizada y la autoridad corrupta, afirmó ayer el titular de esta dependencia, Samuel Ignacio del Villar.

Al dar respuesta a las preguntas, comentarios y expresiones de diputados de las comisiones unidades de Justicia y Administración Pública Local, de la Asamblea Legislativa del DF, el procurador capitalino consideró de ``absurda'' la reforma al Código Penal que implicó que la corrupción sea considerada como una falta menor, cuando se trata ``del delito más grave, porque es la base para organizar toda la demás delincuencia''.

En este sentido, exhortó a los diputados locales a promover una iniciativa ante el Congreso de la Unión que permita enfrentar el problema de la corrupción en el servicio público como base de la delincuencia organizada y adecuar las penalidades y los marcos investigativos a esta prioridad central.

Es necesario, puntualizó, ``que se derogue la arbitraria definición de delitos graves que se estableció a partir de una propuesta del (ex) diputado (panista y abogado en el caso Lankenau) Fernando Gómez Mont, cuando presidía la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y en la que excluyó de esta definición todos los delitos asociados con la corrupción''.

Al llegar a este punto, el procurador capitalino afirmó que la corrupción en el área de las fuerzas de seguridad es la base para organizar esta delincuencia, que es la que nos azota, y el tratamiento legislativo, no es el correspondiente, al contrario.

Del Villar enumeró algunos de los problemas que enfrenta la restructuración judicial, entre los que mencionó el elevado nivel de deserción de los elementos policiacos de esta corporación. ``Más de 90 por ciento del personal de la Policía Judicial tiene una antigüedad en la institución menor a cinco años, lo que nos dice que hay un alto grado de rotación y todavía hay una base no muy sólida para consolidar un servicio profesional, como se ha podido consolidar en el Ministerio Público'', dijo, e informó que se intentará ``empatar la organización territorial de la Policía (Preventiva), con la organización territorial del Ministerio Público y de la Policía Judicial''.

La diputada panista Irma Islas León fue directo al caso del destituido jefe de la Policía Judicial, Jesús Ignacio Carrola, e impugnó la aparente superficialidad que se tuvo en su designación al cargo.

``¿Quisiera saber qué valor probatorio se le pueden dar (a los expedientes presentados por Del Villar) cuando en 1996 fue dado de baja de la Procuraduría General de la República (PGR); forma parte de una lista de 889 miembros que estaban, por decirlo, boletinados?. En el mismo año de 1996 desea ingresar al Cisen (Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional) y del cual es rechazado'', interrogó.

Samuel del Villar respondió con dudas que rebasan el ámbito de la competencia del gobierno capitalino. La PGR proporcionó información que no fue puesta a disposición del registro de personal de seguridad pública, como está obligada por ley, que fue consultado por el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, ahora jefe de gobierno.

Señaló: por un lado, se establece que el señor Carrola fue separado de su servicio en la PGR junto con otros 869 elementos en julio de 1996; sin embargo, se nos proporcionó una carta donde Jesús Carrola renuncia el 11 de octubre de ese mismo año; es decir, mes y medio después de que había sido separado de la Procuraduría General de la República.

Los diputados locales del Partido Acción Nacional fueron un pan duro de digerir, pero los del PRI, coloquialmente, se le atragantaron al procurador capitalino. En particular cuando el diputado priísta Alfonso Rivera comentó que la currícula leída de los funcionarios que mayor inquietud generaron por su designación en la Procuraduría del DF, ``más parecía una defensa férrea de sus colaboradores, que responde seguramente a algunos intereses, algunos compromisos que tendrá usted con ellos''.

Samuel del Villar interrumpió para exigir que el diputado se refiriera con respeto, pero José Eduardo Escobedo, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se lo impidió: ``Señor procurador, cuando termine el señor diputado tendrá usted el tiempo necesario para el efecto de dar respuesta a estos señalamientos''.

Finalmente, en su turno, René Arce Islas fijó la postura de la diputación perredista: ``Antes se acostumbraba proteger a los funcionarios. El partido mayoritario evitaba las comparecencias porque protegía a los funcionarios de su partido; en el PRD esto no será así. Cuantas veces sea necesario, el partido del sol azteca planteará que usted comparezca ante esta Asamblea, para explicar todo aquello que la opinión pública desee que le sea explicado''.