Del Villar: el sistema judicial, ``coladera'' para la impunidad

Humberto Ortiz Moreno Ť El procurador Samuel del Villar reconoció ayer, ante diputados locales, la ausencia de un marco institucional de justicia que permita revertir ``la ruta de la impunidad'' en la capital del país.

Cuestionó un sistema judicial que, antes de la sentencia condenatoria al presunto responsable, ``es una coladera que propicia la salida de una criminalidad de alta violencia y deja dentro a gente que, por deficiencias en su defensa, puede estar injustamente detenida''.

Precisó datos ilustrativos: sólo 3.6 por ciento de las 258 mil 48 averiguaciones previas iniciadas de enero a noviembre de este año, o sea 9 mil 231, han resultado en fallos condenatorios. El promedio diario es de 700 indagatorias, pero sólo 50 terminan en consignaciones y de éstas únicamente la mitad acaba en formal prisión. ``Algo anda muy mal'', deploró Del Villar, y postuló un ``pacto social de confianza'' que permita abatir a la delincuencia organizada y su vinculación corrupta con la protección de la autoridad.

En el contenido del Programa de Seguridad y Justicia para la Ciudad de México --presentado durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa--, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) condensa un diagnóstico de la criminalidad en la capital y del estado en que encontró a la institución.

De entrada, Del Villar leyó el currículum de tres de sus colaboradores que han sido impugnados por diversos grupos durante los 14 días que lleva su gestión y defendió no sólo a los subprocuradores en funciones Gastón Villegas Serralta y Javier Carrancá, sino a dos funcionarios separados ya: Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez y Francisco Castellanos de la Garza. ``No son ciertas'' las acusaciones que han recibido por homicidio, tortura y extorsión, remarcó, y presentó documentos oficiales que los exoneran.

Aún más, al admitir que él hizo la propuesta de Carrola al jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, argumentó que era un imperativo inmediato hacer los nombramientos en áreas críticas, como la Policía Judicial, porque ``la delincuencia no sigue ritmos políticos ni administrativos''; urgía el control sobre la institución, ``fundamental para perseguir delincuentes'', y ``no podía entrarse con titubeos''.

El abogado de la ciudad expuso, en un ``mapa'' estadístico, lo que denominó ``ruta de la impunidad'': de 258 mil 48 averiguaciones previas iniciadas en 1997, 168 mil 985 han ido a la reserva, cuando aún quedan en trámite 56 mil 24 de años anteriores. Aseveró que de 1993 a la fecha los delitos sin violencia han permanecido estables, pero no así los violentos que, alertó, ``se detonaron explosivamente''.

A reserva de la depuración censal, Del Villar precisó que hay registrados 29 mil 361 elementos de Policía Preventiva para cubrir tres turnos; es decir, 9 mil 787 para cada uno; vigilar 55 mil 545 manzanas, y atender 8 millones 590 mil habitantes. Cada uniformado, se supone, debe proteger en su turno a 5.68 manzanas y 878 ciudadanos. De esta forma, de 29 mil 992 personas puestas a disposición del MP, los elementos preventivos sólo presentaron a 3 mil 533.

Puntualizó que en la barandilla interactúan disfuncionalmente todas las instancias judiciales, desde la etapa en que intervienen los policías de la SSP, lo que provoca un congestionamiento en cuando a la peligrosidad de la conducta delictiva y, con ello, los ocho ilícitos violentos que más lastiman a la sociedad reflejaron, en este año, 155 mil 179 denuncias, frente a 78 mil 783 delitos sin violencia. Las delegaciones que mayor incidencia presentan son Cuauhtémoc e Iztapalapa.

El promedio diario de autos de formal prisión es de 10.34, frente a aproximadamente 661 averiguaciones previas cada día. ``No tenemos --aceptó-- el mejor marco de funcionalidad'' para que interactúe toda la estructura de la procuraduría y pueda revertirse ``la ruta de la impunidad''.

Del Villar lamentó la enorme ineficacia del sistema de seguridad y justicia para prevenir ese fenómeno y garantizar la vigencia de la ley; expresó que las condiciones adversas para el servicio público de policía no pueden ser más propicias para la corrupción y la proliferación de la delincuencia y el abuso, y al final, en entrevista de prensa, garantizó que no dará carpetazo a ningún asunto que afecte o violente el derecho de los capitalinos.