Suman 808 años de cárcel las penas exigidas para cuatro presuntos etarras

Afp, Dpa y Reuter, Bilbao, 17 de diciembre Ť La coalición Herri Batasuna (HB, considerada brazo político de la organización armada vasca ETA) anunció hoy que presentará cargos por falsas acusaciones contra el concejal conservador Manuel Zamarreño, quien acusó a funcionarios de la formación política independentista de haber proporcionado a ETA informaciones sobre José Luis Caso Cortina, el concejal asesinado el pasado jueves.

Mientras, el fiscal de la Audiencia Nacional de Madrid, Eduardo Fungairiño, pidió hoy penas que suman 808 años de prisión contra los cuatro presuntos etarras José Gabriel Zabala, Gonzalo Rodríguez, Iñaki Recarte y Luis Angel Galarza, por su supuesta implicación en un atentado con bomba que en 1992 mató a tres civiles y dejó heridas a otras 21 personas.

Fungairiño sostuvo que en la acción, los acusados demostraron ``una clara voluntad de matar'', e hizo hincapié en que ninguno de los presuntos etarras ha negado los hechos. El fiscal pidió penas de 150 años para dos de los acusados, que al parecer sólo cooperaron en la planeación del atentado, y 245 contra los dos autores materiales del mismo.

Representantes de HB en Rentería anunciaron que entablarán una querella contra Zamarreño, quien sustituye en el puesto a Caso Cortina.

El nuevo concejal afirmó que sus cinco colegas de HB en el ayuntamiento ``han sido el comando de información de ETA sobre José Luis Caso''. Según Zamarreño, quien también ha recibido amenazas de muerte del grupo armado, ``mi compañero José Luis no era conocido en Rentería porque vivía en Irún, entonces, ¿quién sabía cosas de él?''.

Caso murió el pasado jueves en un bar de Irún cuando un hombre enmascarado, que logró huir, le disparó a bocajarro en la cabeza. El sábado siguiente, 100 mil personas se manifestaron en San Sebastián para condenar el asesinato del concejal. Poco después, Zamarreño acusó a los concejales de HB de informar a ETA sobre su colega, y entonces aparecieron en calles de Rentería amenazas en su contra.

En tanto, la Fiscalía General del Estado español apoyó en un informe revelado hoy las gestiones efectuadas por Fungairiño y el fiscal general, Jesús Cardenal, para declarar a la justicia española sin jurisdicción para juzgar por genocidio y terrorismo a miembros de las dictaduras de Chile y Argentina por la desaparición forzada de ciudadanos españoles.

El informe indica, sin embargo, que Cardenal deberá justificar ante siete de los 14 miembros de la Junta de Fiscales la no competencia de la Audiencia Nacional, máxima instancia jurídica española, en torno al caso.

Así, el Movimiento Contra la Impunidad en Argentina y Chile, que agrupa a diversos grupos pro derechos humanos españoles, enviará mañana a la Audiencia Nacional escritos de apoyo a los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, quienes encabezan las investigaciones sobre desaparecidos españoles durante las dictaduras militares de Chile y Argentina, y una carta de repudio a Fungairiño y Cardenal.