La inseguridad pública, el ambulantaje y las marchas y plantones son algunos de los grandes problemas urbanos que tiene frente a sí el nuevo gobierno del Distrito Federal y cuyo manejo definirá en parte el juicio que la ciudadanía haga de él. Sin embargo, no son sólo asunto de esta mitad de la metrópoli; parte de los contingentes de sus muy diferentes actores proviene de los municipios conurbados del estado de México y de otras entidades federales.

El análisis limitado de estos fenómenos llevó en el pasado a soluciones que han mostrado su ineficacia; pero muchos siguen reiterándolas. Para enfrentar la violencia individual u organizada, casi todo el mundo piensa en el incremento, calificación y armamento de las policías y el endurecimiento de la ley; pero estas ``soluciones'' se enfrentan al constante aumento de la delincuencia, a la creciente corrupción de las policías, y a la venalidad de los jueces encargados de aplicar la ley. Para enfrentar el problema de los ambulantes y las marchas y mítines que entorpecen la vida ciudadana, las fórmulas adoptadas hasta ahora sin resultados reales, han sido la reglamentación y el control administrativo o la represión.

Con mucha ligereza se propone endurecer estas políticas, pero se deja de lado o rechaza la idea, de que la crisis social y su componente esencial, la económica, son el invernadero y campo de cultivo de estos problemas; todos los demás factores explicativos germinan en él. El desempleo masivo, generado por la recesión y/o la modernización tecnológica y organizativa emprendida para lograr el crecimiento, se suma a la caída prolongada y profunda del salario real derivada de la política de topes salariales. De este ejército de desempleados y pobres surgen los delincuentes o quienes prefieren emprender la aventura de la ``informalidad'' para tratar de sobrevivir.

En ambos casos los resultados económicos del oficio, muy desiguales según el caso, la individualización de la subsistencia, el sometimiento a mafias organizadas o caciques, el enfrentamiento constante con la autoridad y los ciudadanos que genera mecanismos socio-sicológicos defensivos, el hábito que deriva de la permanencia de la situación de empobrecimiento y la ``cultura'' que se forma en la cotidianidad, hacen que lo que fue necesidad de subsistencia se convierta en forma de vida, atrapada en una tela de araña social.

En otros ámbitos de la vida ciudadana o campesina, el empobrecimiento generalizado, los problemas históricos de la propiedad de la tierra rural o urbana, la ausencia de suelo y vivienda digna o de los servicios sociales básicos para los sectores populares, agravados enormemente por la inhumana y mercantil política neoliberal y la desatención por parte de los gobiernos, llevan a la continua generación de demandas, no atendidas a tiempo o ignoradas y reprimidas, que justifican la movilización, no necesariamente ordenada, de sus víctimas predilectas: los sectores populares y sus organizaciones. La proliferación de marchas, mítines y plantones interrumpe la vida urbana, enfrenta a los ciudadanos entre sí y lleva al conflicto.

Fenómenos sociales muy distintos, tienen una causa común: la pobreza. En la fase actual de crecimiento económico con base en un patrón neoliberal, no tienden a resolverse los factores determinantes de estos problemas. Al menos en América Latina, el mismo modelo de política económica y de abandono de la responsabilidad social del Estado, ha llevado a los mismos resultados visibles, con matices, en todas sus grandes ciudades. Por ello, las medidas que atiendan las manifestaciones y no las causas, están condenadas al fracaso, si no se atacan al mismo tiempo y con mayor claridad y firmeza sus determinaciones.

El nuevo gobierno del Distrito Federal carece de facultades para cambiar sustancialmente este modelo, pero puede impulsar el cambio político nacional que permita crear las condiciones para hacerlo y debe mostrar mediante sus propias acciones que existen otras alternativas. La promoción y apoyo inteligente y decidido de la economía popular, la más creadora de empleos, en las áreas rurales y urbanas más deprimidas económica y socialmente; y la prioridad dada a una política social eficaz de cobertura universal y que se ocupe con mayor énfasis de los sectores más vulnerables, son su promesa y compromiso a cumplir. Una política económica y social sustancialmente distinta y otra forma de gobernar son partes indisolubles de la solución de los más apremiantes problemas urbanos.