A casi nueve años, la acusación de acopio de armas sigue sin sustento

Carlos Fernández-Vega y Emilio Lomas Ť Las 200 ametralladoras Uzi-9 milímetros incautadas por la Procuraduría General de la República (PGR) durante la operación policiaco-militar en el domicilio de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 10 de enero de 1989, fueron adquiridas por el gobierno mexicano en la década de los sesenta y principios de los setenta a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y diversos organismos de seguridad del Estado.

Desde 1989, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, su servicio de Aduanas y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de fuego de ese país, así como la Fabrique Nationale Herstal, de Bélgica, certificaron, según consta en documentos oficiales en poder de La Jornada, que el armamento ``encontrado'' en el domicilio de La Quina fue vendido al Ejército Mexicano y distintas corporaciones policiacas de este país.

Lo anterior fundamentaría la acusación formulada hace más de siete años -luego de la aprehensión del ex líder del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana-, en el sentido de que agentes de la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal y el Ejército Mexicano sembraron las armas en casa de La Quina.

El 11 de enero de 1989, un día después de realizada la operación en contra de La Quina, el entonces procurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, declaró en conferencia de prensa que ``el delito de posesión, acopio y probable introducción ilegal de armas ha quedado perfectamente comprobado''. Junto con el titular de la PGR, el subprocurador Javier Coello Trejo participó en las investigaciones.

A pesar de que el grupo de abogados defensores de La Quina presentó dichos documentos como pruebas de descargo, la PGR nunca los consideró. De hecho, la PGR advirtió: ``fue el propio presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari) quien giró la orden de investigar, localizar y presentar a los que por informes de la Policía Judicial Federal resultaran responsables de los delitos de acopio de armas e introducción ilegal de las mismas''.

En un comunicado oficial, la PGR también decía: ``Estamos ciertos de que las acciones de las autoridades se encuentran legal y moralmente fundadas y se realizaron precisamente para proteger los verdaderos intereses de la nación, el régimen de derecho en que vivimos y para prevenir acciones que puedan poner en riesgo la paz social que... tanto nos ha significado construir y preservar''.

Sin embargo, el 28 de junio de 1989, el fabricante de las ametralladoras Uzi-9 mms (Fabrique Nationale Herstal, de Bélgica) incautadas en la casa de La Quina, certificó en un documento oficial (número de referencia msg/nr 89/212) lo siguiente (la traducción es literal, hecha por un perito reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal):

``Mensaje: Puedo confirmar los siguientes puntos respecto de la lista de números de metralletas Uzi-9mms, manufacturadas bajo licencia de FN (Fabrique Nationale) y vendidas a México:

``1.- FN ha estado manufacturando este tipo de metralleta hasta 1976.

``2.- En cuanto a México, parece que unos cuantos millares fueron vendidos al Ejército Mexicano durante los años sesenta y principios de los setenta. De hecho ya no está disponible copia alguna de las facturas comerciales, dados los muchos años transcurridos desde que se efectuó el suministro.

``3.- Puedo confirmar que conforme a las leyes de Bélgica, aquellas armas fueron suministradas a las autoridades militares y policiacas mexicanas. Esto se basa en los certificados mexicanos de usuario final y en licencias belgas de exportación.

``4.- Los números que aparecen en la lista adjunta a su carta de fecha 28 de marzo, no concuerdan con nuestros números de serie. De acuerdo con la indagación que llevé a cabo en nuestro Servicio de Pruebas cuando algunas de estas armas aún existen (así), puedo hacer los siguientes comentarios:

``4.1.- El número legal aparece en el bastidor/armazón (o recibidor) debajo del guardamanos. Dos de las armas que pude revisar en la planta tuvieron los números siguientes: FN 17.825 y FN.59.579, respectivamente. Parece que todos nuestros números oficiales tienen las letras ``FN'' antes de los números de serie.

``4.2.- Parece sumamente probable que el/ los mexicano(s) no quitaron los guardamanos para verificar los únicos números FN oficiales de la serie. En este caso, todos los números adjuntos a su carta serían números del cliente (en este caso el Ejército y la policía mexicana).

``FN ya no está autorizada para manufacturar y vender la metralleta Uzi bajo licencia. De hecho, ellos vendieron mayores cantidades de UZI por su propia cuenta. Es difícil decir, después de algunos años, dependiendo del mantenimiento y revisiones generales del cliente, si no hubo una mezcla de partes provenientes de FN con partes provenientes de Israel. Ignoro si México le compró Uzis a Israel después de 1976, ni tampoco sé de qué manera TMT (el nombre aparece borrado; igualmente podría ser IMI) indicaba sus números de serie.

``Con mis atentos saludos: M. Thys, director regional de ventas de FNH''.

(Este documento se envió al jefe de la policía del condado de Hidalgo, Texas, José H. Flores III, desde Bélgica a Estados Unidos, vía fax, y fue certificado en Estados Unidos por el cónsul de México en McAllen, Texas, Samuel Garrido Ruiz, con el número de oficio 1113009/1588 hasta el 1113013/1593 del Servicio Exterior Mexicano. Se pagaron 15.80 dólares por cada certificación, el 30 de junio de 1989).

Además, el 29 de junio, en un documento certificado por Jesús López, notario del condado de Hidalgo, Texas, el Departamento de Policía de esa ciudad envió a los abogados de Joaquín Hernández Galicia el siguiente documento: ``después de una exhaustiva investigación realizada en colaboración con las autoridades federales del ramo..., hace constar que las series de armas en las listas que se anexan no son importadas o exportadas por ningún importador-colector privado de armas o el gobierno de Estados Unidos. Igualmente se anexa la carta enviada a mí por el señor M. Thys de Fabrique Nationale Bélgica en la cual se explica y se verifica que fueron compradas e importadas a México para su ejército y policías según las licencias de exportación y certificados de uso de Bélgica''.

Casi tres meses antes, el 5 de abril de 1989, el Departamento estadunidense del Tesoro y su Servicio de Aduanas, enviaron a José H. Flores III, jefe del Departamento de Policía de Hidalgo, la siguiente certificación:

``Asunto: contrabando de 200 ametralladoras Uzi.

``...el resultado del rastreo de los números de serie de las armas de fuego que usted proporcionó a esta oficina y envió a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Washington, D.C. es que el tipo de armas de fuego a las que seguimos la pista, no se vendió comercialmente. Este tipo de arma fue producido por Fabrique Nationale Armement, en Herstal, Bélgica, y vendido exclusivamente a aquellas naciones cuyas fuerzas armadas utilizan este tipo de armas. Tales como Alemania, Israel y países de América Latina como Guatemala. Este tipo de armas no se importa a Estados Unidos, ni por parte del gobierno de Estados Unidos ni por parte de algún comerciante/coleccionista privado. Daniel Walker'' (agente del Departamento del Tesoro).

El 10 de marzo de 1989, la Fabrique Nationale Herstal envió un documento (número de referencia: BDS/SCSUD/MT/89071) al equipo de abogados defensores de La Quina, en respuesta a una carta enviada por éste en la que se detallaban los números de serie (proporcionados por la PGR) de las armas incautadas en Ciudad Madero.

El documento indicaba que ``después de examinar los números de referencia, confirmamos que estos números no corresponden a armas de esta empresa y controladas por el Banco de Pruebas de Lieja que es una dependencia oficial del gobierno belga; ... evidentemente, dichas armas no son de procedencia nuestra. M. THYS (rúbrica). Zone Sales Director''.

Este documento fue legalizado por E. Nickers, funcionario del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Reino de Bélgica, el 10 de marzo de 1989, con el número de registro 09234; la certificación de autenticidad y de la legalización del gobierno belga fue expedida por la Embajada de México en Bruselas, firmada por el consejero de la legación Juan José Huerta, el mismo 10 de marzo de 1989, con el número de registro 1028633/42; se cubrieron 607 francos belgas por el pago de derechos).

El Departamento de Policía de Hidalgo, Texas, y su jefe, José H. Flores III, participaron ampliamente en las investigaciones, pues uno de sus oficiales, el capitán Juan Antonio Abrego y un amigo de éste, José Contreras, fueron acusados por la PGR como responsables de trasladar las 200 ametralladoras Uzi-9 mms. de Estados Unidos a México, específicamente a la casa de Joaquín Hernández Galicia.

El 3 de enero de 1989, Carlos Salinas de Gortari, recibió a la dirigencia del sindicato petrolero, con Salvador Barragán Camacho y Joaquín Hernández Galicia a la cabeza. La visita fue con motivo de la salutación de año nuevo y el entonces presidente les dijo: ``se evitarán confrontaciones para avanzar en el interés de la patria''.

Siete días después fue aprehendido Joaquín Hernández Galicia, aunque Enrique Alvarez del Castillo dijo que la investigación en contra de La Quina se inició en los últimos meses de 1988 y los primeros días de 1989. ``No es en forma alguna una agresión de nosotros hacia determinado gremio o sector; es la persecución de delitos y los delitos se cometen por personas, en lo individual o asociadas; pero no implica de ninguna manera que ello signifique la inclusión de instituciones de orden político o de organizaciones de trabajadores'', decía Alvarez del Castillo.

En la operación de Ciudad Madero participaron agentes de la Policía Judicial Federal y miembros del Ejército Mexicano, así como dos agentes del Ministerio Público Federal, quienes se presentaron en el domicilio de La Quina (San Luis 102, colonia Unidad Nacional) a verificar el presunto ilícito.

La PGR notificó que en ese domicilio se encontraron 200 metralletas Uzi, de fabricación israelí (no belga, como se certificó después) y 10 cajas con 25 mil cartuchos para uso de ese tipo de armas, así como 17 armas más de alto calibre.

La PGR informó en un comunicado que La Quina ``reconoció como cierta la denuncia que formuló la PJF, relacionada con la existencia de armas de alto poder en su domicilio''. Además, según la declaración, Hernández Galicia aceptó que dichas armas se las había encargado a su amigo José Cruz Contreras, exalcalde de Reynosa.

En un comunicado, la PGR sostenía que las armas ``fueron entregadas en su domicilio (de La Quina) por el propio Cruz Contreras, quien se hizo acompañar por José Sánchez Medina, Carlos Anselmo Raga Calderón, otro individuo al que únicamente supo que lo apodaban La Borrega, además del sheriff de Hidalgo, Texas, de nombre Juan Abrego''.

La Quina se declaró inocente de todas las acusaciones que se le imputaron y dijo ser víctima de ``una conjura, de una maniobra infamatoria y sucia preparada por el gobernador del estado de México, Mario Ramón Beteta, y otros funcionarios del pasado y presente gobierno''. Los delitos ``son prefabricados'', dijo Hernández Galicia.

En improvisada conferencia de prensa en la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente, La Quina sostuvo que entre los funcionarios que habrían participado en la ``conjura contra los petroleros'', estarían Eduardo Pesqueira Olea, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Miguel de la Madrid, Francisco Rojas, director de Petróleos Mexicanos, Enrique Alvarez del Castillo, titular de la PGR en ese momento, ``pero en especial Mario Ramón Beteta, gobernador del estado de México y ex director de Pemex''.

(Esta nota fue publicada en la edición del 1o. de septiembre de 1996.)