Los ilícitos cometidos por uniformados, cada vez más notorios, según activistas pro derechos

Triunfo Elizalde Ť Las violaciones a derechos civiles, políticos y humanos por parte de integrantes de las fuerzas armadas en Guerrero y otras entidades del país ``son cada vez más abiertas y notorias'', sin que intervenga autoridad alguna para frenar el acoso y persecución a habitantes de regiones apartadas ``bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico o el Ejército Popular Revolucionario (EPR)'', consideran el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH) y la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH).

``Habiendo conflicto armado, la violación sexual a la mujer por parte de integrantes de las fuerzas armadas es la ejecución de un acto de terrorismo'', señala Benjamín Laureano Luna, del FMPDH, al decir que las violaciones a dos indígenas tlapanecas de la región de Coyuca de Benítez por soldados del Ejército, ``independientemente de ser hechos delictivos castigados por el Código Penal, violan el compromiso de México adoptado en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en septiembre de 1995, en Beijing, China''.

El gobierno de México, recuerda, se comprometió a ``prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas''; señaló que ``los derechos de la mujer son derechos humanos''; por lo tanto, ``no debe haber impunidad ante los ataques cometidos por soldados en el municipio de Atlixtac, donde dos mujeres fueron violadas sexualmente, al parecer, bajo el pretexto de ser esposas de narcotraficantes''.

Luego de pedir que se haga una investigación de fondo que conduzca a la detención y castigo de los soldados que agredieron a las esposas de Celerino Vázquez Solano y Aureliano Vicente Cantú, ``quienes atados de manos y pies fueron obligados a presenciar la violación de sus mujeres y luego acusados por los militares de ser narcotrafincantes y entregados a autoridades de la PGR'' (según el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos), el FMPDH señala que ``la violación contra la mujer impide la paz''.

Por su parte, Oscar González y Adrián Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), respectivamente, coincidieron en señalar que el estado de acoso en que miembros de las fuerzas armadas del Ejército Mexicano y de la policía judicial mantienen a los habitantes de diversas comunidades de La Montaña, ``además de ser una acción que raya en el terrorismo, por ningún motivo se justifica, pues se está afectando a seres indefensos, sobre todo a los niños y las mujeres'', bajo el pretexto de perseguir a elementos del EPR.

``No puede quedar todo en una simple nota periodística de denuncia'', dice González. ``Tienen, jurídicamente, que iniciarse acciones que conduzcan a la aprehensión de quienes están violando los derechos fundamentales de las personas que viven acosadas por las tropas en diversas regiones del estado de Guerrero y de otras entidades del país''. Menciona que los soldados no se mandan solos, dependen de mandos inmediatos. Contra ellos deben actuar las autoridades civiles de manera penal, pues cometen delitos del fueron civil; ``sin embargo, hasta ahora no se observa disposición para investigar, solicitar aprehensiones y consignar a militares ante jueces penales del fueron común. Eso sí es grave, porque se mantiene la impunidad de integrantes de las fuerzas armadas''.

Para Ramírez, de la Limeddh, las agresiones a civiles por parte de militares en diversas zonas apartadas de Guerrero se han convertido en algo cotidiano, ``inaceptable, pero común y corriente, que no dejaremos de denunciar y señalar''. En su opinión, las razones de que esa situación continúe y se amplié cada día a nuevas zonas obedece a que ``del discurso a los hechos, los hechos son los que cuentan, pues mientras el doctor Zedillo hable de respeto a derechos humanos y elementos de las fuerzas armadas los violen, sin ser castigadas, ¿quién está fallando?'', pregunta.