Cero tolerancia contra el hampa, dice el encargado de la Judicial
Humberto Ortiz Moreno Ť ``Cero tolerancia'' contra la delincuencia y policías corruptos, proclamó la Procuraduría capitalina al iniciar una revisión, dentro de su Consejo de Honor y Justicia, de toda la estructura involucrada en el combate el hampa.
Y es que, acepta la institución, los altos niveles de delincuencia demuestran que atrás del fenómeno ha estado una labor policiaca ineficaz, incapaz y corrupta. Se compromete a tener, en adelante, cuidado de no meter a gente que ``realmente'' haya cometido violaciones a los derechos humanos o delitos.
Al mismo tiempo, trascendió que Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez se despidió ya como director de la PJDF, pero prestará sus servicios de asesoría ``por fuera'' de la institución.
En rueda de prensa, Mauricio Tornero Salinas, encargado de la Dirección de la Policía Judicial del Distrito Federal, anunció también que ya no habrá operativos ``masivos e infructuosos que lesionen la imagen de la autoridad y van en contra de los derechos humanos'', pero sí, en su lugar, ``acciones inmediatas de presencia'', en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque no quiere fijarse tiempos perentorios, estableció su compromiso de abatir la delincuencia y atacarla frontalmente ``en un cortísimo plazo''.
Informó que con la desconcentración de 800 agentes a las 16 delegaciones políticas, hasta ayer asignados a la Dirección de Cumplimiento y Ejecución de Mandatos, empieza un programa cuya primera fase incluye descentralizar 78 por ciento del total del personal a las demarcaciones, a fin de abatir el rezago de las órdenes de aprehensión, reaprehensión y presentación.
Serán divididos en células para abatir la delincuencia y que ``la ciudadanía se percate de su existencia, con lo que se logrará recuperar la confianza hacia la corporación'', explicó.
Y en una labor que tácitamente aceptó como ``purga'' en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Tornero dio a conocer que desde policías hasta comandantes, subdelegados --al menos 12 de éstos serían separados del cargo-- y delegados en jurisdicciones, son objeto ya de una ``evaluación técnica'' para depurarla.
``En el momento en que exista alguna irregularidad administrativa o un hecho constitutivo de delito cometido por algún servidor público, nosotros daremos vista de inmediato al Consejo de Honor y Justicia o al Ministerio Público, en su caso, para que se actúe con todo el rigor de la ley'', garantizó.
Por otra parte, paralelamente habrá un sistema de incentivos y promociones para aquellos elementos que cumplan cabalmente con su deber, mismo que será institucionalizado, como ya ocurrió con los agentes que frustraron dos asaltos y resultaron lesionados, quienes recibirán la mejor atención médica y serán promovidos en su carrera policial.
Tornero Salinas comentó que las instrucciones del jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, y del procurador Samuel del Villar son perseguir al delincuente bajo el principio de ``cero tolerancia'', pero dentro de la legalidad y el pleno respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del victimario.
En una presentación inicial, el funcionario proporcionó un balance de los resultados de la PGJDF desde el primer minuto del 5 de diciembre hasta la fecha:
La captura de 973 presuntos responsables de delitos como robo a transeúnte, con y sin violencia; a repartidor, entre otros, y la gran mayoría en flagrancia. De ellos, 287 son integrantes de 28 bandas que operaban en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Asimismo, fueron recuperados 956 vehículos reportados como robados.
A disposición de Inspección Interna de la PJDF fueron cesados tres elementos judiciales por haber estado involucrados en ilícitos. Uno de ellos por chocar, en estado de ebriedad, con su patrulla, y los otros dos por asociación delictuosa en el robo de partes y accesorios automotrices.
Tornero Salinas remarcó que la administración capitalina está preocupada porque la ley sea aplicada con todo rigor y el presunto responsable cumpla la sentencia que se merece por el ilícito cometido.
Concluyó que los retos son reorganizar a la institución, dignificar a la Policía Judicial y ganar la confianza del ciudadano, pero no a través de la represión, sino de hechos concretos. ``No vamos a esconder absolutamente nada'', expuso.