En estos días dos interesantes artículos, uno de Néstor de Buen y otro de Arturo Alcalde J. (La Jornada, 7 y 9 de diciembre) se han referido al anuncio del secretario del Trabajo en relación con que se harán públicos, a partir de 1998, los datos básicos de los sindicatos y la importancia que esta medida tiene en los avances de una nueva cultura del trabajo.

Transparentar la información es un acto que contribuye a modificar de manera positiva formas simuladas que han deteriorado la imagen de los sindicatos y sometido las relaciones laborales a intereses ajenos al trabajador y a las condiciones necesarias para contar con ambientes orientados a la productividad. Arribar a esta decisión sólo ha requerido de voluntad política porque no se necesita hacer cambios a la ley. En todo caso, sólo se trata de cumplirla.

Sin duda estas determinaciones impactan el proceso democrático que vivimos. Profundizarlas en un sentido de ampliación de libertades y cumplimiento cabal de la ley obliga a voltear al funcionamiento de las juntas locales de Conciliación donde se ventilan los juicios de la mayoría de las empresas del país.

La propia propaganda de la Secretaría del Trabajo reconoce que 70 por ciento de los empleos proviene de pequeños negocios; ahí se encuentran las empresas más vulnerables y a líderes y sindicatos corruptos que viven de sangrarlas periódicamente, haciéndoles pagar una cuota de ``protección'', inclusive, a veces, sin que los trabajadores lo sepan, para evitar su verdadera organización. Eliminar esta práctica, en mucho está en manos de los gobernadores estatales, de quienes dependen las juntas locales.

Las relaciones laborales están vinculadas a la economía popular; de ellas depende la posibilidad de obtener mejoras salariales reales y lograr condiciones de trabajo más seguras y estables. Sin embargo, siempre pasan a un segundo término en la gestión gubernamental atribulada por lo urgente. Lo laboral sólo es importante en el discurso electoral y cuando se vuelve problema.

Hace falta entender la importancia del trabajo desde una perspectiva estratégica para hacer avanzar la democracia y llevar la mejora macroeconómica a los bolsillos de los trabajadores. Con sindicatos débiles puede, eventualmente, contenerse la inflación, pero no se sentarán, de manera sólida, las bases para mejorar la competitividad y favorecer la distribución justa de la riqueza.

Las transformaciones en materia laboral tienen que venir desde las realidades estatales, que es donde se opera cotidianamente con el bajo mundo sindical y los propósitos económicos y políticos más pervertidos. Y como no es posible esperar cambios sensibles de administraciones que no tienen compromiso con la democracia -pero sí con grupos tradicionales de poder local-, la ciudad de México, con un gobierno electo democráticamente, puede mostrarse como un ejemplo contrastante para tratar lo laboral con un enfoque novedoso; además, porque en ella se ventila 30 por ciento de los conflictos del país.

Rosario Robles, flamante secretaria de Gobierno, ha dicho que el nuevo estilo de gobierno se caracterizará por la participación y la vigilancia ciudadana. La materia laboral no debe estar exenta de ese cuidado, y ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está impedida legalmente para atender las violaciones a su normatividad, puede crearse un comité ciudadano que sancione los actos de gobierno en relación con los derechos del trabajo. Hay también demandas que ahora podrán tratarse, entre ellas dar transparencia y acceso público a la información relativa a la firma, depósito, contenido y vigencia de los contratos colectivos. Así se ayudará a terminar con el sindicalismo de protección.

Es una buena intención, que se constituya una Subsecretaría del Trabajo en el Distrito Federal -ojalá no la domine el asunto de los vendedores- y un centro de estudios, pero serán insuficientes estas medidas si no se atiende en lo inmediato el funcionamiento de la junta, tanto para fortalecer el programa de profesionalización de su personal como para simplificar trámites sindicales y laborales, privilegiando la ley, el diálogo corresponsable y eliminando burocratismo y corrupción.

Con hechos se tiene que demostrar el compromiso con la mejoría de los trabajadores porque, a fin de cuentas, se trata de dignificar el trabajo y darle el lugar que merece en un proyecto de país que, dice, se preocupa por su gente.