La visita del nuncio apostólico, Justo Mullor, a Chiapas acontece en un momento de elevada tensión y desasosiego en ese estado del sur de la República. El tejido social chiapaneco --como pudo constatarlo el propio Mullor en sus encuentros con comunidades simpatizantes del zapatismo, por un lado, y con dirigentes de Paz y Justicia, por el otro-- se encuentra severamente lesionado y polarizado, y existe el grave riesgo, como lo han advertido múltiples voces en fechas recientes, de que los enconos se exacerben y se transformen en un enfrentamiento de mayores dimensiones.

Si bien el viaje del diplomático vaticano se inscribió en el afán de conocer de manera directa la situación de las comunidades de la zona norte y los Altos de Chiapas, y coadyuvar en lo posible en la búsqueda de la paz, los ásperos encuentros que sostuvo, tanto con comunidades pro zapatistas como con dirigentes del grupo Paz y Justicia, son muestra de que la presencia del nuncio en la zona aportó muy poco a la solución de los conflictos existentes y resultó indeseada para importantes núcleos de la población local. Por ello, cabe esperar que la visita de Mullor a Chiapas, y el papel que el nuncio asuma ante el conflicto, no resulten en una mayor polarización de los ánimos y en el recrudecimiento de los enconos en las comunidades chiapanecas. No debe olvidarse que el nuncio es, independientemente de su condición de jerarca católico, representante de un Estado extranjero y, como tal, debe respetar los límites impuestos a los diplomáticos por las disposiciones legales mexicanas y por el derecho internacional.

Pero más allá de la visita del prelado a tierras chiapanecas, es evidente que la situación en la zona se encuentra en un momento crítico y peligroso. El retiro de los efectivos del Ejército Mexicano de las comunidades y la disolución de grupos paramilitares y guardias blancas que operan en la región, así como el establecimiento de un real estado de derecho, son acciones urgentes e indispensables que las autoridades, tanto locales como federales, deben emprender de manera inmediata. En este sentido, resulta inquietante el convenio mediante el cual el gobierno de Julio César Ruiz Ferro entregó más de 5 millones de pesos a Paz y Justicia para proyectos productivos, suma que --según denuncias de dirigentes perredistas de la región-- ha sido utilizada por el grupo paramilitar de filiación priísta en la compra de vehículos y sistemas de radiocomunicación. Es del todo inaceptable y peligroso que el gobierno estatal destine recursos públicos tan cuantiosos, independientemente de su uso declarado o real, a un grupo que ha sido señalado --de manera repetida y por distintos actores políticos y sociales-- como uno de los responsables de los graves ataques perpetrados contra comunidades indígenas simpatizantes del EZLN en la zona norte y de los Altos de Chiapas. Este tipo de acciones son abiertamente contrarias a la búsqueda de una solución pacífica del conflicto y, en la medida en que benefician a uno de los principales agentes de la violencia, colocan al gobierno chiapaneco en el inaceptable y alarmante papel de promotor de grupos desestabilizadores y delictivos.

Sin una disposición abierta de los gobiernos federal y estatal para asumir los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas y propiciar la urgente distensión en la zona, circunstancia que pasa necesariamente por el desmantelamiento de los grupos paramilitares, no será posible el establecimiento de una paz justa ni la atención eficaz de los graves rezagos que padecen las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas.