La salida de Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez de la dirección de la Policía Judicial del Distrito Federal, anunciada ayer por el procurador capitalino, Samuel del Villar, es una prueba de las grandes transformaciones ocurridas en tiempos recientes en la relación entre gobernantes y gobernados, tanto en la capital como en la generalidad del país.

Por principio de cuentas, el nombramiento de Carrola Gutiérrez fue cuestionado e impugnado, desde que se dio a conocer, y en tales señalamientos participaron tanto la sociedad como los medios y los partidos, incluido el que gobierna en la ciudad de México. Ello habla de un panorama político participativo, de una ciudadanía resuelta a vigilar antecedentes y actos de los funcionarios públicos, y de la obligación, por parte de éstos, de poner a la luz pública sus trayectorias y sus decisiones, una norma política que empieza a hacerse presente en el país por más que en nuestro idioma el vocablo inglés accountability carezca aún de traducción.

Por otra parte, el hecho de que los cuestionamientos referidos hayan tenido un efecto concreto en la separación del cargo --así sea temporal-- de Carrola Gutiérrez, incluso si se trató de una decisión personal del funcionario impugnado, como lo dijo Del Villar, es indicativo de una disposición, por parte del nuevo gobierno del Distrito Federal, a escuchar las voces de la sociedad. Ambas actitudes --la de los ciudadanos y la de las autoridades-- son datos positivos y esperanzadores sobre el desarrollo de la cultura democrática y el civismo, un fenómeno que, ciertamente, no se circunscribe al panorama político capitalino.

Este reconocimiento, sin embargo, no debe dar pie a omitir que el nombramiento de Carrola Gutiérrez como director de la Policía Judicial capitalina fue una decisión preocupante y equívoca que denota falta de sensibilidad política, carencia de información sobre los antecedentes del funcionario mencionado, o ambas cosas. En esta urbe, conmocionada en fechas recientes por el asesinato de seis jóvenes a manos de policías, episodio en el cual están involucrados altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, es del todo inaceptable que se designe director de la corporación judicial a una persona con los problemas de imagen --por lo menos-- como los que afectan a Carrola. Más aún, en una lógica estrictamente política, es claro que el gobierno capitalino entrante habrá de aplicar toda su legitimidad en la solución de los grandes problemas urbanos, y no dilapidarla en nombramientos de personas con antecedentes cuestionados.

Sería improcedente manifestarse, aquí, por la inocencia o la culpabilidad del policía mencionado. Por hoy, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le corresponde investigar, y al propio Carrola, aclarar las imputaciones, como lo señaló en su solicitud de licencia. Pero, independientemente de si es responsable o no del homicidio y de los abusos y extorsiones que se le atribuyen, el hecho es que tales señalamientos habrían debido ser considerados e investigados a fondo, y que habría debido despejarse públicamente cualquier duda sobre su desempeño pasado, antes de designarlo en ese delicadísimo cargo.