Sin sentido, plantear la discusión sobre la pena de muerte, señala Roccatti
Andrea Becerril Ť El Estado no puede demostrar su rudeza o rigidez frente a la delincuencia siendo más duro o criminal, lo que debe es procurar la convivencia pacífica, respondió ayer la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, ante preguntas de los senadores en relación con la pena de muerte.
Agregó que no tiene sentido siquiera plantear la discusión sobre ese tema, pues la experiencia muestra que ni desde el punto de vista filosófico ni jurídico se justifica que el Estado se constituya en verdugo y vengador.
Roccatti sostuvo una amplia reunión con las comisiones de Equidad y Género y de Atención a Niños, Jóvenes y Tercera Edad del Senado, en la que comentó, asimismo, sobre la gran discrecionalidad con que opera la Ley de Aplicación de Penas Mínimas, lo que ha impedido la liberación del ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, pese a que ya rebasó las tres quintas partes de su condena.
La presidenta de la CNDH dio respuestas a cuestionamientos de los legisladores, entre ellos de la senadora priísta Laura Pavón, quien insistió en el tema de la pena de muerte, la que se ha sido motivo de discusiones diversas en los últimos días, a raíz del agravamiento del problema de inseguridad y delincuencia.
Roccatti, que un día antes se había referido ya a la pena de muerte, reiteró que está en contra de optar por una sanción de esta naturaleza, pues la historia muestra que en los países en que se ha aplicado no ha sido ``ni disuasiva ni ejemplificadora'', toda vez que aun ajusticiando a criminales se siguen cometiendo los crímenes más atroces.
Reiteró que en las naciones en que se aplica la pena de muerte hay un índice muy alto de lo que se conoce como ``error judicial'', y en México ``lo palpamos a menudo en la prensa, lo vivimos, no hay certeza de que no habrá ese tipo de error'' y se mate a inocentes.
Durante la reunión, el senador perredista Higinio Martínez, pidió la opinión de la presidente de la CNDH en torno del caso Hernández Galicia, quien, dijo, desde el punto de vista de la Ley de Normas Mínimas, debería ya haber obtenido su libertad.
Roccatti respondió que es necesario revisar esa ley, dada la discrecionalidad con que se aplica. Precisó que en el caso de Hernández Galicia y los otros seis petroleros que purgan penas por los mismos hechos de enero de 1998, la CNDH solicitó a la Secretaría de Gobernación su liberación, pues a criterio de esa comisión ya rebasaron las tres quintas partes de su condena.
Los argumentos jurídicos que Gobernación esgrime, basados en la Ley de Normas Mínimas, jurídicamente son válidos, pero discrecionales, ya que la autoridad decide quién sí y quién no es acreedor a ese beneficio.
No debiera haber esa discrecionalidad, la aplicación de Normas Mínimas debería ser mas general y aplicada por igual a todos, agregó.
Durante el encuentro con los senadores, Roccatti entregó un análisis comparativo de las legislaciones locales de los 31 estados de la República y el Distrito Federal, así como leyes internacionales relativas a la discriminación de la mujer y la protección a la niñez.
Al respecto, las senadoras Guadalupe Gómez Maganda y Laura Pavón consideraron que ello permitirá al Congreso de la Unión continuar en la búsqueda del respeto a los derechos humanos, principalmente de las mujeres y los niños, quienes son las víctimas más vulnerables.