Inquietud por posibles abusos ante el nuevo plan contra el crimen

Laura Gómez, Patricia Muñoz y Antonio Vázquez Ť El combate al crimen organizado no debe ser pretexto para lastimar a personas que no tienen ningún contacto con este problema, afirmó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo, al señalar que en México existe una seria preocupación porque esta situación pueda generalizarse.

A su vez, gobernadores e industriales propusieron revisar el marco legal y los códigos penales de las 32 entidades federativas del país, así como castigar con mayor severidad a los delincuentes reincidentes y canalizar más recursos para la capacitación y profesionalización de los diversos cuerpos policiacos, a fin de no caer en un estado de anarquía o represión.

Sin embargo, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Impunidad, rechazaron el establecimiento de la pena de muerte antes de realizar ajustes estructurales al sistema judicial, para evitar que ``la desesperación e impotencia que sienten miles de mexicanos afectados por la delincuencia se traduzca en males mayores''.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Armando Araujo, señaló que el empresariado apoyará todas las medidas de combate a la violencia, ya que ese sector está cansado de ser ``rehén en su propia ciudad''.

Apuntó que el sector comercio es de los más afectados por los ilícitos, pues aproximadamente 34 por ciento de comercializadoras de equipo eléctrico han sufrido algún robo, al igual que 36 por ciento de tiendas de abarrotes, 30 de ópticas, 29 por ciento de farmacias, 26 de tiendas de ropa, 15 de refaccionarias y 11 por ciento de papelerías, y esta situación ya es intolerable.

Consideró que los robos han sido tanto de efectivo como de mercancías, por lo que uno de cada cuatro establecimientos comerciales han decidido contratar policías por su cuenta o utilizar enrejados o alarmas, cámaras de circuito cerrado u otros sistemas.

Entrevistado durante la séptima reunión ordinaria de la sesión plenaria de la Comisión Ejecutiva de Turismo, Juan Rebolledo, subsecretario de la SRE, destacó que lo más importante para atacar los problemas que se registran en esta materia no sólo depende de reaccionar rápidamente, sino de utilizar los mecanismos creados para hacerles frente, protegiendo los derechos de los ciudadanos.

En la actualidad ``hay una seria preocupación de que el combate al crimen organizado sea utilizado como pretexto para lastimar a personas ajenas a él, por lo que seguimos trabajando en este aspecto'', dijo.

Agregó que en la frontera norte, por ejemplo, se pusieron en marcha dos acciones importantes para evitar esta situación: se duplicó prácticamente todo el personal de los consulados y se mantienen reuniones periódicas con los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos para constatar el respeto de los derechos de nuestros connacionales. Por ello, consideró que ``no existe razón alguna para que no pueda haber un buen sistema de protección y defensa de los derechos humanos, sobre todo cuando México y Estados Unidos muestran voluntad política''.

En tanto, entrevistado durante los trabajos de la Convención Nacional de Industriales, el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, señaló que más importante que aumentar los recursos para la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos, resulta la revisión integral de los marcos legales que operan en México porque ``en la actualidad las legislaciones privilegian al delincuente y prácticamente lo obligan a reincidir''.

Por separado, los mandatarios de Jalisco y Chihuahua, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Barrio Terrazas, respectivamente, rechazaron el establecimiento de la pena de muerte pero insistieron en la aplicación de sanciones ``drásticas y enérgicas'' para aquellos delincuentes reincidentes o que atenten contra familias.

El presidente de Canacintra, Carlos Gutiérrez Ruiz, dijo que los industriales están dispuestos a colaborar con el Ejecutivo federal y la administración de Cuauhtémoc Cárdenas para iniciar la Cruzada Nacional y evitar que el país caiga en un estado de anarquía o de represión que a nadie conviene.