Hoy, con la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas como primer jefe de gobierno electo de la ciudad de México, llega a su fin el largo ciclo de administraciones urbanas antidemocráticas y verticales que, durante décadas, ha padecido la capital de la República. Cabe congratularse de ambos hechos, sin duda, porque representan un paso de gran importancia en la transformación democrática de la urbe y de la nación en su conjunto. Pero ello no debe impedir la ponderación de los saldos que dejan las regencias, especialmente la postrera, que hasta hoy encabezó Oscar Espinosa Villarreal.

Sin duda, el más exasperante de los saldos de la administración urbana de los últimos tres años, es la incapacidad de las autoridades para frenar el gravísimo deterioro de la seguridad pública y el severo desprestigio de la Procuraduría capitalina. En este trienio, mientras que el índice de delitos diarios se duplicaba, la delincuencia organizada se apoderaba de las calles y ensanchaba su poder de fuego y sus márgenes de impunidad, los cuerpos policiales experimentaban un proceso de descomposición que ha llegado a alarmantes e inaceptables grados de corrupción y descontrol.

En lo tocante a la policía preventiva, la gestión de Espinosa Villarreal se estrenó, el primero de diciembre de 1994, con bárbaras agresiones a periodistas y una inexplicable tolerancia hacia actos vandálicos; en los años siguientes destacó por su violencia represiva contra maestros, ambulantes y otros grupos de ciudadanos, y culminó, tras un desastroso proceso de militarización de sus niveles superiores y medios, en un descrédito sin precedentes, con varios de sus altos mandos y decenas de sus efectivos acusados por homicidio múltiple.

Por su parte, la Procuraduduría capitalina y la Policía Judicial del DF exhiben abultados rezagos, además de impreparación, corrupción e ineficacia: baste recordar que, hasta la fecha, no ha sido plenamente aclarado el homicidio del ex magistrado Abraham Polo Uscanga, asesinado en los primeros meses de 1995.

Para resumir la catástrofe de seguridad pública que deja la última regencia, es suficiente señalar que, hoy, la sensación de permanente inseguridad y peligro que padecen los habitantes de la metrópoli no se originan sólo en el accionar de la delincuencia, sino también en la presencia de policías, sean uniformados o judiciales.

En el rubro del transporte, Espinosa Villarreal deja una herencia lamentable. Empeñado en aplicar al ámbito urbano una política privatizadora a toda costa, la autoridad capitalina que hoy llega a su fin destruyó la empresa estatal de autobuses, Ruta 100, emprendió una persecución policial injustificable contra la dirigencia del sindicato respectivo y permitió y alentó, en cambio, la desordenada, corrupta y peligrosa proliferación de microbuses y, en consecuencia, la reconstitución de poderosos grupos privados de control del transporte público.

Por otra parte, el gobierno urbano concentró los centros de verificación en manos de unos cuantos concesionarios, en detrimento de cientos de pequeños talleres que fueron despojados de su concesión, en un proceso sospechoso y plagado de irregularidades.

En otros ámbitos, los niveles de contaminación no han sido abatidos, a pesar de la retórica oficial; el derroche coexiste con la falta de servicios básicos urbanos o con su mala calidad; la falta de planificación y la toma de decisiones en forma impreparada e improvisada, y sin consultar a la comunidad, se han traducido en programas y obras abortadas (como el tren elevado), en actos de gobierno zigzagueantes, coyunturales y sujetos a toda clase de presiones, y en dispendios injustificables. El manejo delegacional ha suscitado toda clase de descontentos y un delegado fue procesado por malversación.

En general, la administración del DDF que hoy felizmente llega a su fin, entrega una ciudad acosada por la criminalidad, la corrupción, el abandono, la deuda pública y la desorganización. Los problemas irresueltos o generados por las ineptitudes y las fallas de esta última regencia son, pues, los principales desafíos de la autoridad urbana que hoy, por mandato popular, asume el gobierno de la urbe.