Conforme se acortan los tiempos para la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del año entrante -que deberán estar listos el próximo 15 de diciembre-, crece la tensión en la Cámara de Diputados entre las bancadas del partido gobernante, por un lado, y la coalición informal de las cuatro agrupaciones opositoras, por el otro. Esta tensión ha tenido, entre otras expresiones, la advertencia formulada por el coordinador de la bancada priísta en ese cuerpo legislativo, Arturo Núñez, en el sentido de que si los diputados opositores aprueban la disminución del IVA, la mayoría tricolor en el Senado rechazaría tal medida; por su parte, Angel Aceves Saucedo, considerado el ideólogo económico de la diputación del PRI, calificó de ``perversa'' la intención de reducir el impuesto mencionado.

Cabe recordar que en la disputa por los presupuestos nacionales se reflejan, por una parte, el afán del Ejecutivo por mantener la vigencia y la congruencia de la política económica vigente, así como la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad financiera internacional, y por la otra, la determinación opositora de reordenar los objetivos del manejo presupuestal y hacendario del sector público, y cumplir así con lo que se percibe como un mandato emitido el pasado 6 de julio por el electorado, el cual, a fin de cuentas, privó al gobierno y a su partido de la mayoría absoluta que habría requerido para preservar su orientación económica.

Desde esta perspectiva, ambos bandos tienen motivos suficientes para perseverar en sus posturas. A pesar de las advertencias oficiales, ello no necesariamente llevaría a las finanzas nacionales a la parálisis o a una confrontación entre las dos instancias del Legislativo. La ley establece los mecanismos pertinentes para resolver las diferencias y evitar los ``empates'' sin solución. Ciertamente, sería poco deseable que se llegara a un punto en el cual el Presupuesto y la Ley de Ingresos fueran aprobados con la exclusión de uno de los tres partidos principales. Pero aunque la eventualidad mencionada no puede descartarse, existen factores para pensar que aún es posible que las cámaras y los institutos políticos en ellas representados logren convertir las intensas negociaciones en consensos en materia presupuestal y fiscal. Cabe esperar que así sea, por el bien de todos.