¿Qué resorte se trastocó en la sociedad chihuahense? El recuento de las casi cien mujeres violadas, torturadas, y luego asesinadas, es estremecedor. Además de las más de 150 ejecuciones en el año, por lo que suponemos la disputa por el mercado entre las distintas facciones del narcotráfico, también es la aguda descomposición social y los crecientes índices en el consumo de drogas, lo que ha llevado a la frontera juarense al terror colectivo.

Pezones mutilados, glúteos destrozados a puñaladas, torturas inmisericordes, desnucamientos, golpes demenciales y múltiples huesos rotos, son las huellas de la carnicería desatada sobre las jóvenes cuyos cadáveres han sido desperdigados en los suburbios de Juárez. El dolor de los familiares y la impotencia de la sociedad evidencian la incapacidad policiaca y gubernamental.

De las víctimas muy pocas rebasaron los 22 años de edad. La mitad no llegaron a los 17. Muy pobres, la mayoría trabajadoras de la maquila, de pelo largo y morenas, fueron estranguladas o apuñaladas.

Ante tragedia tan vil, pocas, muy pocas cosas han realizado las autoridades policiacas. Al egipcio acusado de ser el asesino, en tres ocasiones los jueces ordenaron su libertad por no comprobársele participación alguna. Encarcelado, continuaron los asesinatos. A los meses, la Procuraduría acusó culpable a una banda, Los Rebeldes, a la que el egipcio encarcelado le pagaba ¡para que continuaran los crímenes! Presa la banda, los cadáveres siguen apareciendo.

Los yerros de la policía son innumerables. El jefe encargado de las investigaciones concitó el repudio popular cuando declaró que las jóvenes muertas ``se prostituían en bares y cantinas del centro de la ciudad''. No son pocas las voces que achacan los crímenes a integrantes de los cuerpos policiacos.

Con motivo de la Jornada Internacional Contra la Violencia a las Mujeres, más de 20 agrupaciones le exigieron al gobernador nombrara una Fiscalía Especial a fin de investigar los crímenes. Las organizaciones protestaron por ``el alto índice de violencia que se vive en Ciudad Juárez contra las mujeres, que sigue impune por la incapacidad policiaca''.

Sin embargo, los asesinatos son solamente la punta del iceberg: según cifras de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ), se denuncia sólo 5 por ciento de los 23 mil casos de delitos sexuales calculados en el año. De las denuncias, sólo se consigna a uno de cada cien acusados. El 50 por ciento de las mujeres violadas son menores de 13 años de edad y la cuarta parte oscila entre los 14 y 18.

Además, el Instituto de Estudios Sexológicos del Norte reporta que 50 por ciento de los violadores cometen el delito bajo el influjo del alcohol, 20 por ciento bajo el de pastillas y enervantes. Sólo 10 por ciento presenta trastornos síquicos. Hay más: en el estado diariamente son violadas dos menores de 12 años de edad. De hecho, seis de cada diez violaciones son a menores de 13 años y en la mitad de los casos los culpables son los padres, padrastros o parientes cercanos.

Tales datos son reveladores de la profunda crisis por la que pasa la sociedad chihuahuense. Se hace necesario revisar numerosos factores, reconocer el origen profundamente social y económico e iniciar una profunda conversión de los valores de la sociedad. Mucho tendremos que cambiar. Más de las dos terceras partes de las mujeres en México han sufrido algún grado de violencia intrafamiliar.

Son numerosas las causas, pero quienes gobiernan debieran garantizar la seguridad pública. De ninguna manera es uno de los logros de los gobernantes chihuahuenses. Todo lo contrario.

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