Se sobregiró el gobierno 40.5 mil millones en 96

Ciro Pérez Ť Alrededor de la mitad de los ingresos extraordinarios, incluidos los 20 mil 500 millones de pesos destinados a los programas de saneamiento financiero, no cumplieron con los ordenamientos jurídicos, carecen de transparencia y abren la posibilidad de violaciones al marco legal vigente, de acuerdo con el proyecto de dictamen de la Cuenta Pública de 1996. En el mismo se destaca que en el pago de comisiones y gastos que implicó el desfasamiento temporal de la deuda pública en ese año fue de 3 mil 928.8 millones de pesos.

En el documento entregado ayer a los 30 diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública que encabeza el perredista Ricardo García Sainz, se establece que al no constituir erogaciones para saneamiento financiero ni proyectos de inversión de carácter social ni haber sido claramente definidos en su momento como programas o proyectos estratégicos del gobierno federal como lo requiere el artículo 35 del Decreto de Presupuesto de Egresos, los recursos públicos destinados a la cancelación de pasivos del Fobaproa o a cubrir pasivos del Fopyme y Finape no pueden ser amparados por el citado artículo.

En el documento se cuestiona también la discrecionalidad del Ejecutivo para reasignar gastos autorizados durante el ejercicio fiscal de 1996, con lo que se dejaron de ejercer recursos presupuestarios autorizados en sectores como los de desarrollo agropecuario y recursos naturales, que tuvieron un subejercicio de casi mil 900 millones de pesos, y de medio ambiente, que vio reducido su gasto 77 por ciento respecto de lo autorizado.

En resumen, en la Cuenta Pública de 1996 se realizó un gasto mayor al presupuestado por 40 mil 548.3 millones de pesos, cubiertos principalmente con los ingresos adicionales obtenidos. De éstos se destinaron 21 mil 600 millones de pesos al gasto programable y 18 mil 948.3 millones de pesos al gasto no programable, considerando los recursos asignados a los programas de apoyo financiero y una disminución sobre el presupuesto de 2 mil 200.6 millones de pesos en la distribución de participaciones a entidades federativas y municipios.

Además de 31 mil 400 millones de pesos asignados al ramo 23 provisiones salariales y económicas sólo se ejercieron en el propio ramo 6 mil 646 millones de pesos y 24 mil 853 millones fueron reasignados sin que se presente información detallada al respecto. Lo anterior significa que ``65 mil 401.3 millones de pesos, el 12 por ciento del presupuesto, se ejercieron en montos y formas diferentes a lo aprobado por esta cámara''.

Por otro lado, en los ramos 23 (provisiones salariales y económicas) y 26 (superación de la pobreza) se realizaron programas y acciones que carecieron de metas programáticas contra las cuales comparar los resultados obtenidos en el ejercicio, por lo cual, a decir del informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, ``no se cuenta con elementos de evaluación de la acción gubernamental''.

El documento destaca otras áreas del gasto público que acusan falta de transparencia como en el caso de las economías obtenidas en el concepto del artículo 47 y en el de la remuneraciones especiales a servidores públicos. De esto ``nada informa el Ejecutivo en la cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese año''.

El texto, que fue sometido a la consideración de los diputados y que deberá incluir sus comentarios en el documento final, considera que la política económica permitió dejar atrás la emergencia económica más profunda de la historia de la nación e iniciar el camino de la recuperación.

Destaca una serie de indicadores como la evolución del PIB que superó lo previsto al obtener su crecimiento real de 5.1 por ciento; el repunte de la producción se acompañó por una recuperación del empleo, el cual creció en el sector formal 7.8 por ciento anual, y en 295 mil puestos de trabajo respecto a 1994; los salarios mínimos tuvieron un aumento nominal de 24.2 por ciento, mientras los contractuales tuvieron un incremento anual nominal de 21 por ciento.

El informe concluye que para el análisis de los ingresos ordinarios del gobierno federal, fue una limitante la insuficiencia de información, especialmente en lo que se refiere a los ingresos tributarios. En cuanto al ISR y al IVA reitera a la Secretaría de Hacienda la recomendación de que se incluya información completa respecto a la recaudación por estrato de ingreso y de causación impositiva, elementos indispensables para analizar argumentos fiscales y propuestas alternativas.

Deuda externa

En materia de deuda externa se efectuaron operaciones de refinanciamiento en condiciones más favorables de plazo y tasas de interés.

El saldo de la deuda externa bruta al 31 de diciembre de 1996 fue de 98 mil 284.5 millones de dólares, inferior en 2 mil 649.2 millones al de 1995. Al descontar del saldo de la deuda externa bruta, los activos financieros que México tiene depositados en el exterior, el saldo disminuye a 89 mil 746.2 millones de dólares, monto inferior en 0.6 por ciento al registrado en 1995.

``El costo de la deuda sigue siendo elevado y obliga a la generación de superávit primario, gravita sobre la posibilidad de ejercer un mayor gasto programable para atender las necesidades sociales, por lo que es recomendable buscar tramos de renegociación que permitan su disminución real y no su desfasamiento temporal, lo cual implica el pago de comisiones y gastos que en 1996 fue de 3 mil 928.8 millones de pesos''.