Con el predominio de las misiones internas como la contrainsurgencia, el combate al narcotráfico, al crimen organizado, y a la vigilancia de la seguridad pública, el poder civil ha puesto a las fuerzas armadas mexicanas muy lejos de su misión fundamental establecida en la Constitución: la defensa de la soberanía nacional.

Sin que existan controles civiles y legislativos adecuados y en perjuicio de la integridad de la propia institución armada, los militares han sido llevados a enfrentar a los mexicanos mediante el despliegue de tropas por todo el territorio nacional, la multiplicación de cuarteles, la modernización de su armamento, el número de efectivos y, por supuesto, el incremento del presupuesto militar.

Como ya lo han señalado expertos en las relaciones cívico-militares, la primera baja en este proceso de deformación de las misiones del Ejército Mexicano ha sido el prestigio de la única institución que se creía a salvo de la corrupción que corroe al aparato entero de seguridad y administración de justicia.

El resultado ha sido cercano al desastre: los cárteles de Tijuana y Ciudad Juárez demostraron su capacidad para penetrar a la élite militar mediante el reclutamiento de un puñado de generales con influencia elevada en la estructura castrense.

Es el terreno de la seguridad pública, el Ejército Mexicano ha presenciado el espectáculo nada grato del encarcelamiento de altos jefes militares, por su presunta responsabilidad en el secuestro y ejecución de jóvenes de la colonia Buenos Aires.

En la contrainsurgencia, los militares enfrentan sendas investigaciones y denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales (ONG) por más de 30 casos de secuestro, tortura y amenazas de muerte cometidas presuntamente por efectivos del Ejército en Guerrero y Oaxaca, sin mencionar los casos de violación de derechos humanos en Chiapas.

El gobierno ha creído que con el uso de militares se resuelve la corrupción e ineficacia de los sistemas de justicia, seguridad e investigación de delitos.

Lo que ha conseguido no ha sido más que trazar el camino para la descomposición institucional del Ejército. Nunca como ahora, el gobierno había extendido la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de exclusiva competencia de autoridades civiles.

Así, la seguridad pública, la administración de justicia y hasta la protección civil han sido puestas en manos de los militares.

Y esto tiene su reflejo evidente en la propuesta de presupuesto militar para 1998. La expansión de funciones, orientadas al ámbito interno del país, implican al mismo tiempo una ampliación del presupuesto que directa o indirectamente controlan las fuerzas armadas.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 1998, el gobierno federal propone para el sector militar un monto de 20 mil 104 millones de pesos, mayor 16.81 por ciento en términos reales respecto del ejercicio estimado de 1997.

Esta cifra dobla con creces el presupuesto sumado de los poderes Legislativo y Judicial (2 mil 263 y 4 mil 973.3 millones de pesos, respectivamente).

No para ahí el presupuesto militar. También cuentan los 18.25 millones de dólares que el Departamento de la Defensa de Estados Unidos dispuso como subsidio en materia de asistencia para el desarrollo, ayuda antinarcóticos y entrenamiento militar, sin que, por cierto, esta ``cooperación desinteresada'' pase por ningún control del Congreso de la Unión.

Con la participación de los militares en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la militarización de delegaciones regionales de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud, las fuerzas armadas tienen control indirecto en el presupuesto de la Procuraduría (3 mil 556 millones) y el sistema (3 mil 456 millones de pesos).

En total, los militares mexicanos se disponen a ejercer, de manera directa o indirecta, un total de 27 mil 264 millones de pesos.

Los mexicanos, y concretamente los diputados federales, no deberíamos aprobar este presupuesto.

No, porque refuerza la deformación de las misiones fundamentales del instituto armado; porque fortalece la intervención militar en asuntos de competencia civil; porque allana el camino a la descomposición institucional de las fuerzas armadas, y porque profundiza el conflicto entre los militares y la población mexicana.

Una Cámara de Diputados soberana e independiente elaboraría un presupuesto adecuado al papel más relevante de las fuerzas armadas de nuestro país: la defensa de la soberanía nacional y no la sustitución de un Ejecutivo federal incapaz de resolver mediante instituciones civiles los grandes problemas nacionales.