Practica la policía tortura medieval: CNDH

Triunfo Elizalde Ť Integrantes del Ejército Mexicano son presuntos responsables entre noviembre de 1996 y julio de 1997 de 12 ``ejecuciones arbitrarias'', 26 agresiones contra grupos, 19 detenciones-desapariciones, 38 privaciones arbitrarias de la libertad, 12 privaciones ilegales de la libertad, 23 actos de tortura y 11 tratos crueles contra campesinos e indígenas, en especial en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, según informes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En el número 44/45 de la revista Justicia y Paz, esta organización no gubernamental también documenta las violaciones a derechos por parte de miembros de la Policía Judicial Federal con 10 ``ejecuciones arbitrarias'', 31 agresiones a grupos, 14 detenciones-desapariciones, 70 privaciones arbitrarias de la libertad, 28 privaciones ilegales de la libertad, 26 casos de tortura y cinco de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En ese periodo de ocho meses, las cifras totales de violaciones a derechos humanos por parte de personal de 18 instancias de gobierno y de dos no identificadas suman 175 agresiones contra grupos, 41 detenciones-desapariciones, 275 ``ejecuciones arbitrarias'', 116 intimidaciones, 147 privaciones arbitrarias de la libertad, 112 privaciones ilegales de la libertad, 98 casos de tortura, 100 de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 15 intimidaciones.

En Guerrero, la mayoría de casos

Del total de 964 casos de violaciones documentadas, 200 ocurrieron en Guerrero, con 72 ejecuciones extrajudiciales, 12 ataques a grupos, 14 detenciones-desapariciones, 34 intimidaciones, 27 privaciones arbitrarias de la libertad, nueve privaciones ilegales de la libertad, 24 denuncias de tortura y 97 de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En segundo lugar figura el Distrito Federal con 141 asuntos: 21 ``ejecuciones arbitrarias'', 31 agresiones a grupos, 30 privaciones ilegales de la libertad, 23 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y 22 denuncias de intimidaciones.

Chiapas aparece con 103 asuntos, de los cuales 33 fueron ejecuciones extrajudiciales; 22 agresiones a grupos, 17 denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 11 intimidaciones, siete privaciones ilegales de la libertad y seis privaciones arbitrarias de la libertad; en tanto, Oaxaca sumó 89 asuntos, de ellos 27 ejecuciones extrajudiciales, 34 privaciones arbitrarias de la libertad, 13 privaciones ilegales de la libertad y ocho agresiones a grupos.

En el resto de los hechos entre noviembre del año pasado y julio de 1997 aparecen el estado de México con 56 casos, Sinaloa 57, Jalisco 38, Chihuahua 33, Baja California 31, Tabasco 27, Veracruz 27 y con menos de 20 casos Morelos, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Los sectores más agredidos fueron 146 organizaciones sociales, 165 campesinos, 118 militantes de partidos políticos, 53 periodistas, 40 policías, 32 presos, 28 defensores de derechos humanos, 26 personas relacionadas con activistas o presos, 24 autoridades municipales, 23 indígenas, 19 colonos, 19 comerciantes, 12 profesionistas, 11 maestros, 11 sacerdotes y 10 estudiantes, y con menos casos personas de los sectores empresarial, obrero, policía privada, sindical y otros.

El centro De Vitoria puntualiza que de las 796 violaciones documentadas, 704 las sufrió el sector masculino, representando 88 por ciento, y el resto, 92 asuntos, el sector femenino, con 12 por ciento.

Martha García Ť La Cámara de Diputados debe reducir el presupuesto destinado a las fuerzas armadas para revertir el proceso de militarización en el país, en tanto que los partidos políticos y la sociedad tienen que incluir el tema castrense en el debate sobre la reforma del Estado.

Durante el foro público organizado por la Red Ciudadana de Apoyo a la Causa Zapatista, en el que se analizó la actuación del Ejército, legisladores, investigadores y defensores de derechos coincidieron en exigir la vuelta al orden legal de esa institución, en tanto a la sociedad, dijeron, le corresponde reclamar al Congreso de la Unión apego constitucional acerca de la ejecución de operaciones militares.

En la mesa de debates realizada en un salón del Club de Periodistas, se rechazó el incremento de militares en las instituciones civiles y su actuación en labores fuera de sus funciones constitucionales.

Ahí se reconoció que en México no existe un Estado militarizado, aunque sí se destacó la preocupación por la ``actividad belicista regional que puede dar origen a una situación de hecho y no de derecho en el territorio presionado militarmente'', como afirmó el general brigadier Samuel Lara Villa.

El también diputado por el Partido de la Revolución Democrática propuso que para evitar esa situación, la sociedad civil debe hacer valer su derecho ante el Congreso anticipándose a otras acciones militares.

Agregó que es necesario demandar el cumplimiento de los principios constitucionales que obligan a los representantes populares la aprobación de cualquier acción de guerra, y en lo ``sucesivo'' impedir que se actúe con ineptitud y ligereza, cuando menos en la disposición ilegal de las fuerzas armadas.

Luego de señalar que es facultad del Ejecutivo y del Congreso autorizar las operaciones militares, el investigador de la UNAM Luis Javier Garrido habló del vacío que existe en torno a los estudios sobre el Ejército, porque el tema era tabú pero ya no más en estos tiempos.

Indicó que hay una oposición de los gobernantes mexicanos a discutir la historia de la actuación del Ejército, sobre todo en los últimos dos sexenios, ya que esta institución se ha convertido en la defensora de los intereses económicos de las trasnacionales. En tanto, el coordinador del Centro de Estudios Chicanos y de Fronteras, Juan Sandoval, ubicó la modernización militar como una estrategia hemisférica al servicio de Estados Unidos.

Por su parte, el diputado del PRD Gilberto López y Rivas expuso los vínculos del Ejército en el adiestramiento de grupos paramilitares. Subrayó que estos personajes han dejado de ser pistoleros rurales para convertirse en agentes represivos con altos niveles de sofisticación.