Si la paz, como dice la UNESCO, ``no puede consistir únicamente en ausencia de conflictos armados, sino que entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos'', ésta se encuentra aún lejos de México. Así lo constatamos en las regiones indígenas del país y principalmente en Chiapas, donde la violencia ha llegado hasta sus máximos extremos.

Y así como el sol no se puede tapar con un dedo, ninguna declaración -como las realizadas por el gobierno federal- puede ocultar más ante los ojos de México y del mundo entero la realidad indígena de nuestro país. Las afirmaciones en torno a que la ``autonomía indígena no es secesión'' -cosa que siempre hemos sostenido- y la creación al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la Cuarta Visitaduría encargada de atender asuntos indígenas, se contradicen desgraciadamente con los siguientes hechos:

1. Al adoptar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el gobierno mexicano se comprometió a concretarlos en el ámbito constitucional, legal e institucional. Nadie lo hizo y hasta hoy no hay la pretensión de llevarlo a cabo en la realidad concreta. Así lo constatamos al analizar el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en el que al gobierno mexicano se le ``olvidó'' intencionalmente dar cuenta de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas.

Contrario a este ``olvido'', el 27 de marzo de 1996 Marco Antonio Bernal, a nombre del gobierno mexicano, informaba en Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el proceso de paz en Chiapas, y afirmaba en relación con los acuerdos de San Andrés que ``el Estado mexicano está dispuesto a cumplir su palabra y a llevar las soluciones que las comunidades indígenas están demandando''. Interesaba desde luego hacer ante la ONU una declaración política más que un informe técnico con base en compromisos adquiridos en el seno de la OIT.

Hay que insistir en que los acuerdos de San Andrés tienen un sustento claro en el espíritu del Convenio 169 de la OIT. Los conceptos fundamentales contenidos en este convenio fueron retomados de manera esencial, como por ejemplo las nociones de ``pueblos'' o ``territorio'', entre otros. No se vale entonces que tajantemente hagamos la diferencia entre los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 aquí referidos.

2. Desde su creación, la CNDH ha tenido algunas iniciativas positivas en relación con los asuntos indígenas. De esta forma se creó la Coordinación de Asuntos Indígenas, y en 1995 se suscribieron convenios de colaboración con distintos organismos indígenas a fin de fomentar los vínculos y mecanismos operativos para la colaboración académica, difusión, capacitación y vigilancia para la debida vigencia de los derechos humanos.

Pese a lo anterior, la CNDH ha tenido grandes limitaciones desde el punto de vista de sus competencias legales y por la escasez financiera que padece. Aunado a lo anterior, la gran mayoría de sus recomendaciones no son acatadas por los distintos ámbitos de la administración pública mexicana.

Por eso hoy, cuando en México la vigilancia de los derechos humanos va a la baja, nos asombra que se anuncie la creación de una Cuarta Visitaduría que deberá encargarse de los asuntos indígenas. Más allá del asombro, nos parece indignante que se diga que la creación de la misma se da en el contexto del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Visto así se trata de un paso político unilateral, pues seguramente no existe el consentimiento del EZLN ni la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés ha recibido notificación alguna de ello.

Además, hemos insistido hasta el cansancio en que el primer paso necesario para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés es la reforma constitucional sobre derechos indígenas. Después vendrán las reformas legales y las relacionadas con aspectos institucionales, entre las cuales figurarán seguramente los cambios en la estructura de la CNDH, así como la transformación profunda del Instituto Nacional Indigenista y otros organismos del Estado relacionados directamente con los pueblos indígenas. En fin, la sociedad mexicana seguirá esperando el cumplimiento real de los acuerdos conforme a lo pactado. Mientras tanto, la paz en México sigue estando lejos