CON EL BALON, Carlos Medina. Incrédulo aún, Arturo Nuñez.
Foto:
José Antonio López
CON EL BALON, Carlos Medina. Incrédulo aún, Arturo Nuñez.
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José Antonio López
El legislador de la burbuja priísta, Ricardo Monreal, toma la palabra: ``Es necesario, compañeros diputados -dice muy serio-, que elevemos el nivel del debate, que ya nos pongamos a legislar''. Panistas y perredistas apenas aguantan la risa. ``Orale, para comenzar, qué les parece si calman a su bronx'', replican.
Juan Miguel Alcántara, presidente en turno de la Cámara, pone el ejemplo: ``Muchos compañeros nuestros se quejan de que les avientan las botellas de agua vacías''. Otro panista presente en la reunión de la CRICP (Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el espacio de los consensos legislativos, pues), repone de inmediato: ``¿Cuál vacías? ¡Nos avientan las botellas llenas!''
El intercambio sucede el lunes 3 de noviembre, en una de tantas reuniones de la CRICP. No hay ``acuerdos de civilidad'', algo previsible en el cierre de una semana de empeños priístas por demostrar que el ``inmovilismo'' legislativo es culpa de las oposiciones. Esto no pasaba cuando aquí, en San Lázaro, mandaba la aplanadora.
``Hemos sido la Cámara más improductiva de las últimas décadas. Deberíamos estar construyendo iniciativas y nos la hemos pasado discutiendo asuntos como la suspensión de un maestro de escuela en Yucatán o el cáncer cérvico-uterino'', dictamina, en entrevista, Ricardo Monreal.
Ciertamente, la demanda de una estrategia de prevención de ese cáncer fue llevada a la tribuna en octubre por integrantes de la Comisión de Equidad y Género. De la bancada del PRI salieron bromas a granel: ``Nos preguntamos por qué no debatimos también el cáncer en la próstata'', masticaba Arturo Núñez.
Si esta es la Cámara más improductiva de la historia, hay que suponer que antes sí que se legislaba.
Hablan los números: en las últimas dos legislaturas, entre 85 y 93 por ciento de las iniciativas aprobadas procedían del Poder Ejecutivo. Incluso algunas que se presentaban como resultado del consenso entre los grupos parlamentarios eran elaboradas en oficinas gubernamentales. Se recuerda el célebre caso de la Ley de Asentamientos Humanos, elaborada en el despacho de Luis Donaldo Colosio.
Las iniciativas de los legisladores, pocas de por sí, no solían ser importantes. ¿Por qué entonces la prisa?
LA GUERRA DEL 2000
Las formas están mudando en San Lázaro, pero faltan aún importantes pruebas: ver si el G-4 logra cambios sustanciales al presupuesto o si el PRI consigue convencer a los electores de que la flaca agenda legislativa es culpa de las oposiciones inexpertas.
Con todo, las declaraciones tronantes y los botellazos de curul a curul son apenas pequeñas batallas. La verdadera guerra en San Lázaro es la que tiene las baterías de todas las fracciones apuntando a la sucesión presidencial del año 2000.
A San Lázaro, la sucesión llegó para quedarse. Y ni modo.
Las huestes de Emilio Chuayffet, capitaneadas por Arturo Núñez, quieren mantener la plaza para su guerra interna: que los tecnócratas no osen abrir los candados de los estatutos del PRI, que no busquen la candidatura presidencial, que sólo tendrá quien haya ocupado cargos partidistas o de elección.
``Irremediablemente, a medida que se acerque el 2000, a pesar de buenos augurios y buenas intenciones, se nos terminará empalmando la sucesión. Pero, si lo sabemos de antemano, habrá que redoblar esfuerzos para sacar lo más difícil. Porque a partir del segundo semestre de 1999 va a ser muy complicado lograr una racionalidad legislativa. Pero eso no debe asustarnos'', traza el futuro Santiago Creel, de la bancada panista.
La pregunta sacude al priísta Ricardo Monreal: ``No, hombre, la bancada del PRI no es el bloque de Emilio Chuayffet con rumbo al 2000''. Se explica el zacatecano: ``La pasión de la sucesión presidencial se ha atemperado en el grupo. Aunque es una inquietud legítima, te puedo asegurar que no hay impulsos o inclinaciones sin freno''.
Curules más abajo, en la fracción del PRD, cuauhtemistas y porfiristas atizan la hoguera de sus diferencias y dan sustento a los rumores de inminentes escisiones. En las reuniones con la dirección nacional de su partido, Porfirio Muñoz Ledo manotea para tratar de mantenerse como el único canal del diálogo con Ernesto Zedillo, mientras en la bancada perredista hacen esfuerzos por preservar con el líder parlamentario el trato ``institucional'' y evitar choques.
La proverbial disciplina panista parece atada a la suerte de Carlos Medina Plascencia en su lid por la candidatura presidencial.
Marcelo Ebrard, camachista libre de compromisos inmediatos con los tres grupos mayores en la Cámara, por su carácter de diputado independiente, lo puede poner así, partido por partido:
``En el PRI se temen brotes de indisciplina debido a que el presidente de la República ya no les garantiza futuro político, pero les sigue exigiendo la misma incondicionalidad.
``En la bancada del PRD hay una disputa entre porfiristas y cuauhtemistas, pero lo que se prioriza es que ésta no vaya a terminar en escisiones.
``En el PAN, los legisladores ven cómo Vicente Fox hace campaña y ellos sienten la urgencia de ganar su propio espacio, no sólo con vistas al 2000 sino a las elecciones de sus estados''.
Santiago Creel, el ex consejero ciudadano convertido en pivote del G-4, cree que aún tienen tiempo: ``El reto es que trabajemos ahora con eficacia, antes que nos coma el 2000''.
El año que viene, dice Creel, ``tendremos que abordar con mucha eficiencia los asuntos concernientes a la reforma del Estado, a la temática legislativa en general y a las funciones de vigilancia de la Cámara sobre el Ejecutivo''.
Cualquiera que sea el resultado de jaloneos y negociaciones, la Cámara de Diputados seguirá siendo escenario privilegiado de la política nacional.
Para bien, dice el diputado Creel, entre bromas y veras: ``El nombre no es casual. San Lázaro ha revivido''.
El presidente de la Gran Comisión ganaba, nominalmente, más que un secretario de Estado (60 mil pesos más bonos, gastos y otros muchos privilegios) y disponía de cuantiosos fondos para contratar asesores y ordenar sobresueldos a sus leales.
Estos no eran pocos. En tiempos de Roque Villanueva, 240 personas cobraban honorarios en la Gran Comisión por 40 mil pesos mensuales cada una. La lista no ha sido revelada, pero en ella estaban amigos y familiares de los diputados más influyentes.
Cada mes, los diputados del primer círculo recibían un salario de 37 mil pesos, más 3 mil pesos si presidían alguna comisión. Además, si en los recesos legislativos se les integraba a la Comisión Permanente, se llevaban 15 mil pesos más. Sin hablar de facturas por ``gastos diversos'', que llegaban a los 30 mil pesos. Y sin tomar en cuenta autos, choferes y guaruras.
Todo era negociado directamente con el líder de la mayoría, quien fijaba el tamaño de las compensaciones y prebendas.
¿La Cámara no se daba abasto? Para eso estaban los gobiernos estatales que compensaban, y quizá aún compensan, a sus diputados. Con el pago de la renta de un departamento en la capital del país, por ejemplo. Igual, los secretarios de Estado atendían a los diputados de la comisión correspondiente.
``Caro, muy caro para el país'',
definen a San Lázaro los diputados Pablo Gómez y Marcelo Ebrard. Será
por eso que el G-4 quiere ser ahorrador.
En los últimos días de octubre, el tesorero general de la Cámara presentó el proyecto de presupuesto de 1998, que en una de sus partes esenciales dice: ``Las estimaciones del cierre presupuestal 1997 arrojan un remanente de alrededor de 8 millones 636 mil 210 pesos'', que permitirá el ``desarrollo de otros proyectos que se consideren prioritarios''.
``¡Hemos ahorrado un chingo!'', se ufanan en el G-4.
En esa línea, aprobaron para 1998 un presupuesto de mil 330 millones de pesos. Un incremento en términos reales de apenas 2.5 por ciento.
Nada frente a los dos años anteriores, cuando la mayoría encabezada por Humberto Roque aprobó incrementos de 34.8 y 19.2 por ciento.
Una de las fuentes principales del ahorro legislativo es la eliminación de los gastos de la Gran Comisión, que manejaba el dinero a discreción y permitía que algunas comisiones legislativas tuvieran en nómina hasta 35 empleados de base, con cargos inexistentes y salarios bajos. En el G-4 dicen que eran ayudantes, choferes, cargadores de teléfonos celulares y aviadores.
En los tiempos de la aplanadora priísta había 28 categorías de asesores, con salarios que iban de los mil 500 a los 19 mil pesos. Sin contar los peces grandes.
Pablo Gómez habla de los vericuetos del dinero de San Lázaro: ``Estamos tratando de poner orden, de acabar con los dispendios''.
La fórmula es establecer un tope a los asesores de las comisiones: 53 mil pesos, repartidos entre un secretario técnico, dos asesores y un asistente, más apenas 5 mil pesos para gastos por comprobar. ``Si no los comprueban con facturas no se les dará su nueva mesada'', advierte Gómez.
Pero no sólo el espíritu ahorrativo ha dominado el San Lázaro del G-4. También pesa la aritmética de las minorías. El G-4 tiene 262 legisladores. El PRI, 238. Por eso los diputados del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo saben que sus 13 votos son indispensables. Y los han vendido bien. De la persistencia de Jorge Emilio González y Alejandro González, líderes de la chiquillada, surgió la decisión de dar 200 mil pesos a cada grupo al mes, sin importar el tamaño. Sin considerar, claro, los 19 mil por diputado para el gasto corriente de cada fracción.
El dinero, acusa el PRI y reconocen PAN y PRD, ha sido el cemento del bloque opositor.
Aun así, les quedaron más de 8 millones de pesos que, según el diputado Gómez, pueden ser usados en proyectos de comunicación o bien en la creación de un equipo de asesores que, sin color partidista y con un alto nivel técnico, analice los documentos e iniciativas que en materia de finanzas envía el Ejecutivo.
Aunque también podrían usarse para cubrir los costos de un acuerdo reciente: que cada secretario de comisión tenga un asistente con salario de 8 mil pesos. Echele cuentas: PRI, PAN y PRD tienen 60 secretarios de comisión cada uno. El PT tiene cinco y el PVEM cuatro. Esto es, en total habría 189 asistentes personales de los diputados secretarios y un gasto más por un millón 512 mil pesos mensuales.