Al involucramiento de mandos superiores de la policía capitalina en el secuestro y el asesinato de seis jóvenes, y lo que parece ser una ``fabricación de culpables'' para escamotear a tales mandos de la acción de la justicia; el empeño del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), general Enrique Salgado Cordero, por negar las responsabilidades que pudieran corresponder a prominentes miembros de su equipo; las gravísimas deficiencias e incongruencias en que han incurrido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la propia SSP en el curso de las investigaciones correspondientes, ha de sumarse el deterioro de la disciplina y la autoridad en agrupamientos enteros de la policía preventiva capitalina, como lo evidenció la insubordinación y el enfrentamiento ocurridos antier y ayer en el cuartel de los Zorros en Tláhuac, luego de que 14 de sus efectivos fueron conminados a entregarse al director de Control Operativo de la SSP.

La población capitalina, acosada por el exasperante incremento de la delincuencia, ha debido enterarse, al menos dos veces en el curso de este año, de confrontaciones violentas en el seno de la corporación que debiera garantizar la seguridad urbana. La primera de ellas ocurrió a principios de mayo, cuando en los sectores de las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa dos grupos de agentes de la SSP se insubordinaron por la determinación de someter a la policía a un entrenamiento semestral en instalaciones militares y por las reubicaciones de personal derivadas del cumplimiento de tal directiva.

Tales son, entre otros, los saldos de la presencia militar en las posiciones de mando de la policía capitalina: un descontrol que ha llegado hasta el homicidio de ciudadanos por parte de uniformados -o, peor aún, de efectivos policiales vestidos de civil- y la evidente pérdida de la capacidad de mando de Salgado Cordero y los otros militares que fueron colocados en los puestos directivos de la corporación.

En tales circunstancias, puede apreciarse una clara fractura horizontal que recorre el organigrama de la SSP y que enfrenta a los cuadros medios y superiores --militares, todos ellos-- con los efectivos de base. Sin lugar a dudas, este factor agrava la ya tradicional incapacidad de la policía para hacer frente al desenfreno delictivo que se cierne sobre los habitantes de la capital.

No puede dejar de señalarse, finalmente, que el empeño por obstruir o desviar la procuración e impartición de justicia en el caso de los asesinados de la colonia Buenos Aires ha llevado a las diversas instancias de la SSP a una descomposición sin precedentes y a un descrédito abismal que sólo podrán ser contrarrestados con una voluntad política de la que han carecido las autoridades urbanas salientes, con un esclarecimiento penal completo, riguroso y profundo, y con el enjuiciamiento y castigo de los verdaderos culpables de esos crímenes y de quienes, según todos los datos disponibles, han estado operando para garantizarles la impunidad.