La Jornada 19 de noviembre de 1997

No fui debidamente informado de los hechos, aclara Salgado Cordero

Bertha Teresa Ramírez Ť El secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, señaló anoche que en el proceder del general José Lamberto Ponce Lara, el coronel Jesús Alonso Valdés y el teniente coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, en el caso de la colonia Buenos Aires, ``se observan conductas irregulares que pueden ser constitutivas de delitos del fueron común y de faltas de carácter administrativo''.

En una conferencia de prensa a la que convocó de última hora, Salgado sostuvo que no fue debidamente informado por dichos mandos de los pormenores y circunstancias de los hechos del 8 de septiembre.

Durante el acto, en el que se negó a responder preguntas de la prensa y en la que sólo leyó un comunicado, aseveró que es lamentable que ``mandos de esa secretaría hayan incurrido en contradicciones, falsedades y modificaciones en las declaraciones del personal participante en los acontecimientos''.

Señaló que mantendrá su posición ``inflexible en la búsqueda de la verdad y la aplicación de las leyes que conlleven a la impartición de la justicia y el combate a la impunidad de los delitos, así como su compromiso de coadyuvar permanentemente con las instituciones a las que por mandato constitucional les compete el esclarecimiento de los hechos delictivos, como se hizo desde el 8 de septiembre, apoyando en la indagatoria a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal''.

Si del perfeccionamiento de las investigaciones resultaran responsables los mandos aludidos de la Secretaría de Seguridad Pública, éstos deberán afrontar las responsabilidades que resulten en el ámbito penal administrativo y, en su caso, militar, añadió.

El general señaló que ayer martes el procurador Lorenzo Thomas, durante una conferencia de prensa en la Sedena, dio a conocer que el pasado 6 de noviembre el presidente de la CDHDF, Luis de la Barreda Solórzano, solicitó audiencia y fue recibido por el Presidente de la República.

Disposición presidencial para esclarecer el caso

En dicha audiencia --agregó Salgado Cordero-- De la Barreda manifestó al presidente Ernesto Zedillo que de ``las actuaciones de la CDHDF se desprendía que había aspectos todavía no investigados en que pudieran resultar involucrados algunos militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública''.

Salgado acotó que después de esa audiencia, ``el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, inmediatamente convocó al secretario de la Defensa Nacional y, al enterarlo de lo expresado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, le ordenó que determinara si en el ámbito de sus atribuciones era posible coadyuvar al esclarecimiento de los hechos''.

Agregó que la Procuraduría General de Justicia Militar inició la averiguación previa número SC/306/97/2 por los indicios de responsabilidad del general brigadier José Lamberto Ponce Lara, director de grupo de Fuerza de Tarea Zorros; del coronel de Caballería Jesús Alonso Valdés, director de la Unidad de la Policía Metropolitana Motopatrullas, y del teniente coronel de Infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, subdirector del Grupo Especial de Disuasión Jaguares en los hechos acontecidos el día 8 de septiembre pasado en la colonia Buenos Aires.

Después de leer el comunicado, el titular de la SSP no quiso responder a varias preguntas que en forma atropellada le formularon los reporteros. Ya cuando se dirigía hacia su privado, esquivando cámaras y grabadoras, un reportero le preguntó: ``¿renunciará a su cargo, general?, a lo que sólo respondió: ``No, no, ya dije todo lo que tenía que decir''.