Identificar obstáculos para la protección de derechos, objetivo de los expertos en Ginebra
Kyra Núñez, especial para La Jornada, Ginebra, 18 de noviembre Ť Los trabajadores migrantes y sus familias viven sobre la base de una ``vulnerabilidad integral'', de suma fragilidad en relación con el respeto a sus derechos humanos en los países donde radican y laboran, afirmó hoy el especialista mexicano Jorge Bustamante, quien aceptó presidir el grupo de expertos que elaborará el informe en la materia solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para 1998.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, creado a instancias de México, identificará en una primera sesión semanal los obstáculos que se oponen a la protección plena y eficaz de estas personas; además de Bustamante, director de El Colegio de la Frontera Norte, están el portugués Joaquín Ludovina de Rosario, el ucraniano Oleg Schumshur, el gabonés Guillaume Pambou Tchivounda y el bangladesti Mijarul Quayes, nombrados sobre la base de una representación geográfica equitativa, atendiendo así la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 3 de abril de 1997.
La tarea no es fácil, aunque la situación de privación de derechos y abuso de la mano de obra migratoria es evidente al mundo. Si bien la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990, dista mucho de entrar en vigor, dado que sólo ocho países son signatarios y otros tres --México, Chile y Mónaco-- han firmado pero no ratificado. Además, las naciones no se sienten obligadas a informar en forma expedita sobre las situaciones encontradas por sus trabajadores migrantes o por los que reciben, y finalmente el debate, si bien de gran trascendencia, es poco seguido en Ginebra por los organismos no gubernamentales.
México, por ejemplo, es citado extraoficialmente por funcionarios del Centro de Derechos Humanos y por ONG, por su ``tradicional ambigüedad'', y explican que el gobierno mexicano es el activo promotor del debate que se ha dado en el seno de la ONU y de la Comisión de Derechos Humanos, al extremo de que su propuesta de creación de un grupo de trabajo intergubernamental fue aceptada esta primavera y sin embargo, no ratifica la convención misma, que es el mejor de los instrumentos para velar por la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familias.
El delegado gubernamental, Arturo Hernández, se refirió hoy en su intervención a que en lo general existen obstáculos identificados en la falta de una cultura de los derechos humanos; la percepción de criminalidad con la que son vistos los migrantes; la incapacidad institucional de los países para informar sobre los derechos y sobre lo mecanismos de protección, así como el desconocimiento en los niveles inferiores de gobierno sobre los compromisos gubernamentales a nivel internacional, tal como se asumen al participar en convenciones.
Citó como ejemplo la falta de respeto a la Convención de Viena sobre Servicios Consulares, que se manifiesta en situaciones de detención de mexicanos en territorio estadunidense, la existencia de indocumentados condenados a muerte --y varias ejecuciones realizadas--, donde los consulados no fueron informados oportunamente sobre los arrestos, aspecto que les hubiera facilitado llevar a cabo procesos de impugnación de sentencias.
Según estadísticas de la OIT, existen 40 millones de personas económicamente activas en países de los cuales no son nacionales; se les suman 50 millones, entre esposas e hijos, totalizando 90 millones de trabajadores documentados e indocumentados que viven fuera de sus países de origen. Finalmente, unos 42 millones de trabajadores migratorios no son protegidos ni por el país de origen ni el de inmigración.