CONTRA LA IMPUNIDAD
Es esperanzadora, y al mismo tiempo preocupante, la acción emprendida ayer por la Procuraduría General de Justicia Militar en contra de tres altos ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por su presunta responsabilidad en la balacera ocurrida el pasado 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires, con un saldo de dos muertos, y en la captura y posterior asesinato de seis jóvenes que se encontraban en el lugar.
Tal acción es esperanzadora porque podría marcar el fin de lo que, desde el día de los hechos, ha parecido ser una determinación de encubrimiento, por parte de la propia SSP y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de los verdaderos responsables de tales sucesos repudiables, y porque reactiva una investigación que parecía orientada a garantizar la impunidad de los autores intelectuales de la matanza.
Se trata, asimismo, de una acción plausible porque significa un reconocimiento tácito de lo que la opinión pública, por sentido común, y con base en la información disponible, sospechaba: que los crímenes referidos no podían explicarse a cabalidad sin la participación en ellos de altos mandos policiacos.
Al mismo tiempo, debe notarse que la decisión de la Procuraduría Militar constituye un hecho sin precedente, pues se trata de la primera ocasión en que una institución castrense muestra disposición para acatar una petición de una comisión oficial de Derechos Humanos. En este caso la del Distrito Federal (CDHDF), que preside Luis de la Barreda Solórzano.
Es obligada la referencia al compromiso y la voluntad presidenciales de hacer justicia, compromiso y voluntad que fueron en su oportunidad expresados por el presidente Ernesto Zedillo, quien, tras recibir la petición de la CDHDF, instruyó al procurador militar, general Marcial Macedonio de la Concha, para que investigara la conducta de los jefes policiacos -todos ellos militares con licencia- en el episodio.
Por otra parte, esta intervención es preocupante porque puede significar una injerencia de la justicia castrense en un asunto que habría debido ser resuelto en su totalidad en el ámbito de la justicia penal civil.
En otro sentido, el arresto de los ex jefes de los agrupamientos Zorros, Jaguares y Motopatrullas pone en evidencia la gravísima ineficacia, la apatía y, acaso, la actitud encubridora con que han actuado la SSP y la PGJDF en los más de dos meses transcurridos desde la balacera y los homicidios referidos. Ilustrativas de esta conducta han sido las persistentes tentativas del jefe de la seguridad pública capitalina, general Tomás Salgado Cordero, por exonerar de antemano a los cuadros militares bajo su mando de toda responsabilidad por lo ocurrido el 8 de septiembre.
Ese empeño exculpatorio ha terminado por generar una inevitable sospecha en torno del propio Salgado, cuyo intento de explicación formulado ayer mismo, en el sentido de que ``esta secretaría no fue debidamente informada (por los mandos presumiblemente involucrados en la matanza) de los pormenores y circunstancias de los hechos referidos'', es del todo inaceptable. Después del rotundo mentís a sus apresuradas exoneraciones, es claro que el director de la SSP debe ser cuidadosamente investigado por los órganos de procuración de justicia correspondientes, es decir, los del ámbito civil.
Finalmente, la sociedad debe exigir que las pesquisas sobre los asesinatos mencionados sean llevadas hasta sus últimas consecuencias, sin importar el rango o la jerarquía de los involucrados, y que se esclarezcan, igualmente, las sospechosas actuaciones de la SSP y la PGJDF en la investigación de lo ocurrido en septiembre en la Buenos Aires, en Tláhuac y en las inmediaciones del Ajusco.