Ayer fue puesto en marcha un programa binacional de identificación de fugitivos entre México y Estados Unidos, en el cual participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración, por el lado mexicano, y los departamentos de Justicia y de Estado, así como el Servicio de Inmigración y Naturalización por la parte estadunidense. El domingo pasado se dio a conocer el establecimiento, concertado por ambos gobiernos, de servicios de inteligencia encargados de fiscalizar el desempeño de las dependencias que, en ambas naciones, se encargan de combatir el narcotráfico. En otro contexto, la semana pasada la Secretaría de Gobernación expulsó del país y entregó a las autoridades españolas a cuatro vascos sin más formalidades que una decisión administrativa.

En diversas escalas y con implicaciones diversas, las acciones referidas se inscriben en un proceso general de internacionalización de la justicia, sus mecanismos e instituciones, que ya tiene lugar en el mundo y que forma parte, a su vez, de una globalización que afecta por igual a los actores económicos, culturales e informativos que a las organizaciones delictivas y a sus perseguidores.

Ciertamente, sería improcedente pretender mantenerse al margen de esas tendencias irreversibles. Participar activamente en ellas y procurar la vinculación de las instancias nacionales con las internacionales, en un ámbito de respeto e igualdad, es la mejor forma de incidir en la conformación de un orden mundial más positivo y justo que el que vivimos hoy en día. Lo anterior vale, por supuesto, para las instituciones de procuración de justicia y de combate a la delincuencia.

Por otra parte, las decisiones señaladas suscitan justificadas reservas, e incluso protestas fundadas, por la afectación de la soberanía y de los principios rectores tradicionales de la política exterior mexicana.

En el caso de los acuerdos con Estados Unidos en materia de inteligencia policiaca, es claro que aunque establezcan reglas equitativas en su redacción, la asimetría entre ambas naciones puede traducirse en los hechos en un cumplimiento desigual de tales mecanismos y en intentos de Washington por utilizarlos como elementos de presión intervencionista.

Por lo que hace a los vascos expulsados, debe destacarse que la aplicación a rajatabla de la Ley General de Población se realizó en detrimento de preceptos constitucionales -de mayor jerarquía que la ley mencionada- referidos a las garantías individuales y se vulneró el principio del derecho de asilo. Todo ello, con el telón de fondo de las negociaciones con la Unión Europea para la firma de un acuerdo de libre comercio y a unos días de la visita a México del ministro español del Interior.

No podemos ni debemos como país permanecer aislados de la comunidad internacional ni condenar a nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia a ineficacia que derivaría de su falta de comunicación con sus similares del extranjero. No debe permitirse, tampoco, que el territorio nacional se convierta en santuario de delincuentes, sea cual sea su signo. Pero tampoco podemos permitir que nuestra soberanía y nuestros principios torales de política exterior se disuelvan, sin más, en una aceptación resignada y pasiva de la globalización. En este terreno, el gobierno y la sociedad nacionales tienen ante sí el desafío de conceptualizar, propugnar y llevar a la práctica fórmulas que permitan conciliar la apertura al exterior y la cooperación internacional con la preservación de la soberanía nacional y de las tradiciones humanistas y éticas del Estado mexicano.