Serán vigiladas las instancias antidroga de México y EU

David Aponte Ť Los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron la conformación de servicios de inteligencia, con atribuciones en cada una de sus jurisdicciones territoriales, para ``vigilar y monitorear'' la actuación de los funcionarios encargados de la lucha contra las drogas, con el propósito de evitar actos de corrupción y la infiltración del narcotráfico en los nuevos programas bilaterales en la materia.

Los proyectos -con posible actuación de una especie de policía de asuntos internos- estarán al tanto de la acciones de los agentes de la DEA, FBI, del Servicio de Aduanas y, por la parte mexicana, de la Fiscalía Antidrogas y los militares involucrados en la combate al narcotráfico, con el objetivo de garantizar la seguridad y confidencialidad de las operaciones conjuntas, según los acuerdos alcanzados en Washington.

La nueva estrategia binacional antidrogas, cuyo contenido no fue dado a conocer a la opinión pública en la visita de trabajo del presidente Ernesto Zedillo a la capital estadunidense y que entrará en vigor en enero de 1998, argumenta en uno de sus 16 puntos que los gobiernos buscan erradicar la corrupción con acciones ``legales y administrativas, incluyendo aseguramiento (de bienes), sanciones fiscales, multas y otras medidas'' a los servidores públicos que tengan nexos con las mafias del narcotráfico.

Las autoridades de México y Estados Unidos pretenden evitar cualquier tipo de infiltración del narcotráfico en las estructuras de las instituciones encargadas del combate al tráfico ilícito de estupefacientes, como sucedió en el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex director del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.

En los textos elaborados por el Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), los cuales no han sido dados a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, mucho menos, han sido discutidos con la Cámara de Senadores, las partes argumentan que el incremento del narcotráfico y su poder económico han facilitado que sus acciones atenten contra el estado de derecho y las instituciones, ``creando extensas cadenas de corrupción que incluso tienen alcance internacional, lo cual exige que los países establezcan mecanismos de cooperación con el fin de combatirlas eficazmente''.

De tal forma, que los gobiernos de ambas naciones han decidido desarrollar esquemas de intercambio de información respecto de sus programas contra la corrupción. Las consultas bilaterales estarán orientadas a prevenir, detectar, sancionar y combatir la infiltración del narcotráfico en las agencias y oficinas encargadas de la lucha contra ese fenómeno, explican.

``Con el fin de garantizar la confidencialidad en los eventuales procesos de investigación, se fortalecerán las medidas para garantizar la seguridad de la información compartida. Se realizarán consultas previas con el fin de fortalecer los casos judiciales que se presenten y se evitará que información referente a casos específicos de corrupción se haga pública sin previa consulta de las autoridades de cada país'', acotan.

Las autoridades mexicanas y estadunidense establecieron tres objetivos y siete líneas de cooperación en el tema del combate a la corrupción asociada con el narcotráfico.

Los primeros están relacionados con el incremento en las capacidades de las instituciones de procuración de justicia para atacar y eliminar el potencial de la corrupción en ambos lados de la frontera; el mejoramiento del nivel de intercambio de información sobre los programas nacionales en la materia, y el desarrollo de mecanismos de control permanentes para evitar la infiltración del narco en las estructuras de gobierno.

Las líneas de cooperación para la guerra contra la corrupción serán las siguientes, según los documentos revisados por los representantes de los Ejecutivos la semana pasada en la ciudad de Washington:

Los países continuarán con el diseño de programas específicos para el fortalecimiento de sus sistemas policiales y de justicia penal, y desarrollarán un programa para detectar y dar seguimiento a casos de corrupción en autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico.

Las partes formalizarán un mecanismo para el intercambio de información sobre casos específicos de corrupción, ``que garantice el uso adecuado y seguridad de la misma''. En ese punto, agregan que ``cuando se identifiquen riesgos de corrupción, se instrumentarán sistemas de seguridad apropiados'', y ``los gobiernos intercambiarán asistencia técnica cuando ésta sea requerida''.

En el punto cuatro, señalan que las partes garantizarán la confidencialidad de los reportes, para no comprometer las investigaciones y los procesos judiciales contra los servidores públicos que tengan relación con las mafias del narcotráfico.

``Ambos gobiernos harán esfuerzos permanentes para asegurar que la información dada a conocer públicamente a los medios de comunicación, congresos o público en general sea adecuada. En la medida que sea apropiado, y en forma consistente con la legislación de cada país, los gobiernos buscarán informar al otro respecto de la divulgación de información que pudiera afectar el desarrollo de las investigaciones, el esfuerzo de cooperación o que pueda ser sensible para la contraparte''.

Los documentos también exponen que los gobiernos tratarán de identificar a los sectores de la industria privada ``sensibles'', como los bancos, transportación, importación, exportación, comunicación, que pueden tener riesgos de infiltración por elementos criminales, quienes buscan obtener información valiosa a fin de realizar actividades ilícitas o facilitar las actividades de los narcos.

Como lo publicó este diario, los textos fueron afinados y aprobados por el GCAN entre el jueves y viernes de la semana pasada. Los mismos incluyen la estrategia bilateral que considera 16 puntos de cooperación para mejorar el combate a las drogas, entre ellos la instalaciones de redes de comunicación directa, teléfonos rojos México-Washington, entre los mandos operativos encargados de la guerra contra el narcotráfico.

Asimismo, consideran nuevos programas de cooperación en materia de extradición de importantes narcotraficantes.