Las políticas oficiales están ya supeditadas al iniciarse el cuarto año del sexenio a la que es la prioridad del grupo salinista: conservar el poder en el año 2000. Y en este escenario, están desempeñando un papel determinante las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que han aparecido en Chiapas y en otros estados de la República.

1. El gobierno ``de Ernesto Zedillo'' ha lanzado una amplia campaña en el exterior intentando convencer de que México vive ya en la ``normalidad democrática'' (por los resultados del 6 de julio) y de que las inversiones foráneas deben venir al país con la seguridad de que los partidos de oposición reconocen la ``legalidad'' de los procesos electorales: aunque el sistema corporativo no se haya desmantelado, el PRI continúe actuando como un organismo de Estado, no existan libertades sindicales, la prensa no pueda expresarse con libertad y, sobre todo, prosiga la impunidad de quienes detentan el poder y están militarizando al país.

2. Porque los tres primeros años del sexenio ``de Zedillo'' arrojan un saldo fundamental: el país está militarizado y sometido a la violencia estatal, y los mexicanos están inmersos en la lógica del miedo.

3. El escenario que el grupo de Carlos Salinas está afinando para las primeras elecciones del siglo XXI es muy claro: convencer de que ya se produjo el cambio, pero al mismo tiempo mantener un estricto control sobre el IFE, la prensa y los restos del sistema priísta. Y, lo que es fundamental: sobre el espacio territorial de un país que se ha ido militarizando sin muchas resistencias.

4. El proceso de violencia institucional que vive México es muy grave porque los hechos están a la vista de todos y la sociedad civil ha sido hasta ahora incapaz de detenerlo. En Chiapas, tan sólo, el saldo es de miles de familias desplazadas de sus hogares por el Ejército y los grupos paramilitares, y de cientos de muertos. Y es este el escenario que puso de relieve el atentado a los obispos.

5. ¿Puede haber mayor absurdo que el de hablar de ``normalidad democrática'' cuando grupos paramilitares que reconocen su filiación al PRI actúan con impunidad y bajo la protección militar?

6. Los altos mandos del Ejército han negado en varias ocasiones entrenar y armar a los grupos paramilitares priístas de Chiapas (y de otros estados), de la misma manera que han rechazado que un buen número de oficiales estén involucrados en el narco, e incluso que sus cuadros se preparen y adoctrinen de manera sistemática en las escuelas del Pentágono. Las evidencias de la complicidad de las fuerzas armadas en el adiestramiento a estos escuadrones de la muerte son sin embargo múltiples, y éste es el factor que empieza a perturbar a la conciencia nacional.

7. Los hechos son en extremo graves, pues las guardias blancas eran antaño armadas por los finqueros (para oponerse al reparto agrario) y hoy son parte de un operativo de Estado para aterrorizar y asesinar de manera selectiva.

8. Las fuerzas armadas mexicanas empezaron a sufrir un cambio radical desde el gobierno pasado, ya que Córdoba y Salinas pasaron a retiro a buena parte de la oficialidad y propiciaron que los nuevos mandos se involucraran en el negocio del sexenio (el narcotráfico) como un medio para controlarlos mejor. Este rápido proceso comprometió de hecho a un amplio sector de los militares con un proyecto político y económico tendiente a entregar las riquezas básicas del país a grupos privados extranjeros, y los llevó a actuar como un aval de políticas impuestas desde el exterior, y con ello a reprimir a los sectores más indefensos de la sociedad.

9. Esta subordinación del Ejército a la tecnocracia lo hizo pasar de su papel constitucional, como una institución para la defensa del país, en una fuerza al servicio de intereses del extranjero: lo que se ha visto en su actuación en el caso de Chiapas. Tras la promulgación de la ley del diálogo del 11 de marzo de 1995, con el pretexto de que sigue buscando un golpe definitivo a la comandancia del EZLN, lejos de replegarse a sus cuarteles el Ejército continúa actuando en todo el estado en un plano depredador aunque pretenda estar realizando tareas sociales.

10. El proyecto de la globalización supuso construir un orden político que lograse anteponer los intereses de las empresas trasnacionales a los derechos de los Estados nacionales, y para ello las fuerzas armadas de algunos países constituían un obstáculo. De ahí que para el FMI y el Banco Mundial, y desde luego para el gobierno estadunidense, fuese una prioridad el reconvertir a aquellos ejércitos que aún guardaban una vocación nacionalista y de defensa del orden jurídico nacional (México, Brasil, Perú) para tornarlos en instrumentos de franco apoyo al neoliberalismo: sin importar el orden jurídico de cada país.

El Ejército mexicano está abiertamente al servicio de un grupo y de sus intereses y por eso se halla en el banquillo de los acusados.