ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Eugenio Joel González González, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Nacional Monte de Piedad, recibió de esta institución (el NMP) 672 mil pesos --entre agosto y octubre de 1993-- por concepto de ``viáticos'' y ``giras de trabajo'' relacionadas con la revisión contractual correspondiente a 1992 y con la revisión salarial de 1993.

El pago fue amparado con ``recibos'' formulados por González González que ``no reúnen requisitos fiscales en los términos de la ley respectiva'', según puntualizó en aquella ocasión David Beltrán Andrade, delegado ejecutivo de la presidencia de la Junta de Asistencia Privada, ocupada por Víctor García Lizama.

Beltrán explicó que aun cuando los sindicatos no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, ``están obligados a expedir recibos oficiales, con los requisitos fiscales que establecen las disposiciones relativas y que pueden leerse en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación''. Además, el representante de García Lizama estableció con claridad que ``el sindicato obtiene de sus agremiados las cuotas sindicales que deben destinarse, precisamente, a cubrir los gastos citados''.

Sentenciados a devolver el dinero

Emilio Sánchez Peláez, entonces patrono vocal y además director del NMP, y Armando Ruiz Galindo, presidente del Patronato de esa institución, que fueron los funcionarios que participaron en el anómalo pago, han sido sentenciados (el 13 de febrero del presente año, resolución confirmada en segunda instancia el 4 de julio) a la devolución de los 672 mil pesos por no haber contado con ninguna autorización formal para ese indebido desembolso. En su defensa, los dos ex funcionarios aseguraron que ese tipo de entregas forman parte de los ``usos y costumbres'' del NMP.

En abono de esa tesis, el sindicato --entonces perteneciente a la CROC-- aseguró ante el juez vigésimo civil, Carlos de la Rosa Jiménez, en el juicio ordinario civil 475/95, que ``es costumbre y uso que la institución proporcione ayuda para afrontar gastos en la negociación del contrato colectivo, que en el año de los hechos fue muy difícil, y obligó al organismo sindical a mantener con firmeza la amenaza de huelga, por lo que el gasto está justificado''.

La entrega del dinero se había hecho en cuatro partes (150 mil el 2 de agosto de 1993, 300 mil el 23 de agosto, 70 mil el 19 de octubre y 152 mil el 25 de octubre) por instrucciones de Sánchez Peláez cumplidas por el tesorero Fernando Figueroa Antonio (quien también fue enjuiciado pero luego absuelto por sólo cumplir órdenes).

Ruiz Galindo, por su parte, solicitó fallidamente el 24 de noviembre de 1993 a la Junta de Asistencia Privada --presidida por Víctor García Lizama-- que autorizara los pagos ya hechos de los 672 mil pesos, argumentando sin prueba escrita que tal erogación ya había sido aprobada dos días atrás por el Patronato del NMP.

El 28 de junio de 1994, el director Sánchez Peláez y el patrono presidente Ruiz Galindo fueron removidos de sus puestos. Al juicio civil enderezado en su contra a partir del 20 de febrero de 1995, respondieron con un escrito conjunto, en el que reiteraron la tesis de los usos y costumbres, aseguraron que de no haberse hecho los pagos hubiera estallado la huelga y provocado más daños que el del pago en litigio, y afirmaron que el Patronato conoció y aprobó el citado pago pero que se ``omitió'' anotarlo en el acta de la sesión a sugerencia del patrono secretario, Luis Romero de Terreros.

Sánchez Peláez y Ruiz Galindo apelaron ante el Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal, pero por unanimidad, el 4 de julio del presente año, los magistrados que conocieron del caso lo confirmaron con el agregado de condenar a ambos al pago de las costas del juicio. Ahora, los sentenciados buscarán el amparo de la justicia federal.

Casi veinte años de líder sindical

Las acusaciones contra el dirigente sindical por negociar huelgas, no son nuevas. En noviembre de 1982, Proceso publicó un reportaje, bajo la firma de José Reveles, con un recuadro en el que el arquitecto Andrés Araujo Sánchez --quien había sido cómplice del saqueo hecho por Leopoldo Ramírez Limón en el NMP, y luego lo denunció por desavenencias-- aseguró que él había ``negociado'' el silencio de Eugenio Joel González González en 1980, con ocho millones, y en 1981 con 17.

El arribo de González González al liderazgo sindical que ha mantenido durante casi dos décadas, también ha sido cuestionado. En particular, por la manera como desplazó del poder a Manuel Hernández Pérez (un trabajador que encabezó una especie de tendencia democrática al interior del NMP), quien era líder sindical cuando Ramírez Limón fue nombrado director del Nacional Monte de Piedad. En 1977 estalló una huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo. En 1978 el sindicato repitió la protesta, pero la ocasión fue aprovechada por Ramírez Limón para cesar a todo el comité ejecutivo de Hernández Pérez y para desmantelar al movimiento.

En ese contexto apareció González González, cuya directiva fue reconocida aceleradamente por las autoridades del Trabajo. La consolidación del liderazgo de Eugenio Joel se dio en el periodo en el que Ramírez Limón saqueó al NMP.

Proteccionismo y corrupción

Ahora, la administración de García Lizama ha desplegado una batalla abierta contra el excesivo proteccionismo hacia los trabajadores que se desprende del contrato colectivo en vigor. Las ``aberraciones jurídicas y administrativas'' de ese contrato llevan a que el segundo nivel de los empleados de confianza deba ser de extracción sindical, a que haya un escalafón ciego, a que las nuevas plazas sean ocupadas por familiares y a un rosario de condiciones altamente lesivas para el desarrollo normal del NMP.

Otro punto delicado es el de la corrupción laboral. Dicen a esta columna voceros autorizados de García Lizama, que hay auxiliares de depósito que en lugar de resguardar las prendas pignoradas se quedan con ellas, y que hay peritos valuadores que tasan a alto precio algunas prendas sin valor, a sabiendas de que en un caso extremo, les llevará once meses que les demuestren su falla. Con menos índice de corrupción estarían los rubros de gerentes (todos de extracción sindical, por obligación contractual) y expendedores en almoneda.

A la fecha, el NMP ha iniciado 81 averiguaciones previas en diversos estados del país y tiene 25 procesos en juzgados penales, destacando siempre los casos referidos a peritos valuadores, como sucedió en Guadalajara con Adalberto Argandona Pérez, a quien se acusa de haber valuado mil 231 circonias como si fueran brillantes auténticos, produciendo al Monte de Piedad un daño patrimonial calculado en 4 millones 332 mil pesos.

El sindicato del NMP lleva cuatro años sin obtener aumento salarial ni revisar su contrato de trabajo, manteniendo un duro enfrentamiento con la administración de García Lizama. Además, se ha salido de la CROC y se ha acercado al PRD, por lo cual el grupo de García Lizama asegura que las críticas en su contra han sido prohijadas por Jesús González Schmal, miembro del grupo de enlace de Cuauhtémoc Cárdenas con el gobierno capitalino y asesor del citado sindicato.

Otro elemento sospechoso a los ojos de García Lizama, es el hecho de que la huelga programada para el 18 de octubre por revisión salarial y contractual, fue pospuesta hasta el 18 de diciembre, cuando Cárdenas haya tomado posesión. En la oficina de García Lizama se piensa que Cárdenas está siendo engañado por González Schmal, a quien acusan de querer quedarse con la presidencia de la Junta de Asistencia Privada o con la dirección del Nacional Monte de Piedad.