Los obispos de San Cristóbal, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron víctimas de un atentado el 4 de noviembre en el norte del estado de Chiapas. Los responsables han sido señalados públicamente. El senador Carlos Payán dio el nombre de doce oficiales que conforman el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia. ¿Por qué las autoridades no hacen nada, ni siquiera se les cita a declarar? ¿Qué relación hay entre estos atentados, los acuerdos para la paz en Chiapas y la situación que guarda la seguridad pública en el resto del país?

Conociendo la situación en esa entidad es fácil imaginar porqué grupos armados al servicio de los caciques locales se han identificado con las autoridades, al punto de actuar con total impunidad a pesar de la ominosa presencia del ejército. Por más que se quiera negar la asociación entre unos y otros, lo cierto es que en Chiapas la mayoría de los muertos y de los presos son indígenas.

Pero este problema concierne a todos los mexicanos, porque el tema de la seguridad pública nos toca a todos. Garantizar la integridad de los ciudadanos y de sus bienes es una función central del Estado, casi podríamos decir que es su razón de ser. Esta seguridad debe alcanzar por igual a todos, no nada más a los grupos privilegiados y debe estar a cargo de civiles para dar servicio a civiles, porque antes que nada supone el respeto de los derechos humanos de quienes sufren el delito, tanto como de los que lo cometen. La seguridad nacional, en cambio, obedece a conceptos muy diferentes, por eso es una función del ejército que se relaciona directamente con la soberanía nacional. Por sus características institucionales el ejército sólo está preparado para tratar (o combatir) con otro ejército, frente a los ciudadanos carece de herramientas para interactuar y su presencia en conflictos de orden social interno no sólo significa una degradación de los militares, sino que inevitablemente plantea contradicciones con los derechos ciudadanos.

Pero además de la militarización, la seguridad pública en México enfrenta otro problema: la impunidad. En el Distrito Federal, de 218 mil 599 delitos conocidos en 1995 (que seguramente hubo muchos más) ``solamente fueron consignados ante los tribunales 5 mil 479 ``presuntos responsables que merecieron un auto de formal prisión'' . Lo que significa que el 97.5 por ciento del total de delitos conocidos no fue castigado. En estas condiciones las leyes se vuelven lera muerta, porque los delitos permanecen impunes, y con mayor razón si los delincuentes son ``personajes importantes''. Además existen problemas de corrupción de las autoridades, falta de recursos humanos y materiales, falta de coordinación entre las instancias que deberían hacerse cargo de la seguridad pública, carencia de programas de readaptación para los delincuentes... y cada vez más la presencia de narcotraficantes con enormes recursos.

Todo este conjunto de problemas estructurales se ha agudizado en Chiapas porque las autoridades han sido cooptadas por los grupos con poder económico y político, quienes han contado con guardias blancas a su servicio desde hace muchos años, pero su beligerancia se ha visto reforzada por la presencia de un ejército complaciente que solamente acosa a los indios mientras que a ellos los deja actuar. Por esto, dejar sin castigo a los responsables del atentado a los obispos chiapanecos y de tantos otros crímenes cometidos por grupos armados como Paz y Justicia, equivale a renunciar a una política de seguridad pública para todos los mexicanos y pone en riesgo no sólo la paz en esa entidad, sino los avances logrados recientemente en la democratización del país.