Expulsados, cuatro vascos; entrega concertada e ilegal, opina la defensa

Cuatro ciudadanos vascos, presuntos etarras según la opinión de las autoridades y la prensa españolas, fueron detenidos y expulsados de México en cuestión de horas ``por haber incurrido en diversas violaciones de la Ley General de Población'', informó la Secretaría de Gobernación.

Miguel Simón Ruiz de Eguilar Bengoa y Jesús María Bravo Maestrojuan, el primero detenido en Tepoztlán y el segundo en la colonia Lindavista, en esta ciudad, fueron entregados por una corporación mexicana no identificada a agentes de la Interpol en el aeropuerto internacional y embarcados en el vuelo 454 de Aeroméxico a las 6 de la tarde. Según periodistas que presenciaron la expulsión, se los llevaron sin esposar. Uno de ellos se cubrió la cabeza para evitar las cámaras fotográficas.

A su vez, Oscar Manuel Ronco González y José María Garitaonaindia Ansoategui fueron obligados a tomar el vuelo de Iberia de las 9:50 de la noche hacia la capital española, con estrictas medidas de seguridad, las cuales no fueron evidentes en el primer caso. Estos últimos sí iban esposados y escoltados por agentes de Gobernación, la PGR, Migración y la Interpol mexicana.

La Secretaría de Gobernación no especificó qué cuerpos de seguridad realizaron los arrestos ayer, los cuales implicaron cuatro operativos de diversa envergadura en distintos puntos geográficos.

Sólo indica en un boletín, emitido 40 minutos antes de que despegara el segundo vuelo hacia España, que las deportaciones se realizaron con ``la participación acostumbrada'' de la autoridad consular de su país y que el procedimiento de expulsión se ``apegó estrictamente al marco jurídico migratorio con pleno cumplimiento del respeto a sus derechos humanos''. En trámites anteriores de esta naturaleza, nunca se había informado oficialmente sobre la participación del consulado español.

Apenas el sábado nueve, el ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, había declarado, al concluir una visita oficial a México, que ``esperaba'', a raíz de sus encuentros a alto nivel aquí, que el gobierno mexicano ``agilice la deportación administrativa'' de presuntos militantes de ETA. 72 horas después de declarado lo anterior, se produjo el primer arresto en Toluca.

Según dijeron familiares de Garitaonaindia, el vasco, de 31 años de edad, salió de su domicilio en Toluca a las 9 de la mañana, a pie. Fue interceptado por tres vehículos, de donde descendieron ocho hombres armados que lo golpearon con sus pistolas y se lo llevaron. Se desconoce hasta el momento quiénes realizaron el arresto. Reglamentariamente, los agentes de Migración no portan armas.

En esa ciudad, tanto la PGR, como la Procuraduría estatal negaron conocer los hechos y aseguraron que ningún elemento de sus corporaciones participó en las detenciones.

El boletín de Gobernación expresa que Garitaonaindia obtuvo un permiso migratorio, en julio de 1995, como no inmigrante visitante para realizar actividades lucrativas en Chihuahua, mismo que fue violado desde julio del año pasado. Se le expulsó por transgredir los artículos 119 y 125 de la ley de población. En sus despachos, la agencia española Efe le atribuyó ser ``comando'' de una unidad etarra que operaba en Mondragón, Guipúzcoa. Ronco González ingresó en México en 1994 ``sin mostrar permiso de internación y sin regularizar su residencia en ningún momento''. Infringió los artículos 119 y 125, lo mismo que Bravo Maestrojuan y Ruiz de Eguilaz, quienes llegaron en 1991.

El proceso de expulsión fue tan expedito que Gobernación hacía el anuncio oficial casi al mismo tiempo que el abogado defensor, Lamberto González, interponía sendos recursos de amparo ante el juez en turno, en el Reclusorio Norte.

``Más que una expulsión administrativa, fue una entrega a pedido, concertada e ilegal'', declaró por su parte la abogada Mari Carmen Fernández, responsable de la defensa legal de los detenidos. ``Fue tan descarada la ingerencia del gobierno español en este caso que Televisión Española dio la nota en la península antes que nosotros supiéramos nada aquí''.

La Ley General de Población consigna que un extranjero puede ser expulsado sólo cuando viole las disposiciones migratorias en 12 artículos, sin especificar si debe ser enviado a su país de origen o a un tercero.

Por otra parte, en Managua, el presidente español José María Aznar, quien se encuentra de visita en esa capital centroamericana, dijo encontrarse ``de muy buen humor'' por estas cuatro deportaciones. El mandatario ibérico anunció ``buenas noticias'' para los ``días venideros''.

A pesar de que México y España firmaron un protocolo al Convenio de Extradición, los dos casos presentados por Madrid por esta vía no le han sido favorables. En el primero, de Andoni Zelaia, la extradición fue denegada y en el segundo, de Oscar Cadena, la resolución ha demorado casi un año.

Finalmente, un integrante de la organización humanitaria Gestoras por la Paz, Josu Barela, sostuvo desde Guipúzcoa que, dada la urgencia política que tiene Aznar de mostrar ``resultados'' en su guerra contra la ETA, se optó por invalidar el recurso de las extradiciones ``y apuestan por vías más expeditas: las expulsiones inmediatas. Lo que significa: detención, expulsión, entrega a la policía española, incomunicación y tortura''. (José Gil, Alejandra Parra, Jesús Aranda, Juan Manuel Venegas, Ana Salazar)