ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El patrimonio del Nacional Monte de Piedad (NMP) fue puesto en riesgo y dañado al cumplir con la ``encomienda'' de organizar un sorteo, denominado Aguila o Sol, del que nunca se rindieron cuentas claras pero que sin lugar a dudas trasladó beneficios económicos a un fideicomiso manejado por Víctor García Lizama (VGL) y a una fundación dirigida por uno de sus hijos.

La historia del sorteo -plenamente documentada- contiene los elementos necesarios para demostrar que el rubro de la asistencia privada ha sido en algunas ocasiones la noble careta con la que algunos avispados personajes han participado en una desordenada feria del dinero ajeno: incumplimiento de las leyes, desvío de recursos, imprevisión, depósitos bancarios confusos, entrega de premios sin comprobación adecuada, ocultamiento de premios no reclamados, finiquito irregular del sorteo y asignación de remanentes a rubros distintos de los originales.

El círculo virtuoso

Conviene tener muy presente el esquema esencial del asunto: la Junta de Asistencia Privada, que preside Víctor García Lizama, encomendó al Monte de Piedad, dependiente de la JAP que preside VGL, que organizara un sorteo para allegarle fondos al Fideicomiso para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, cuyo comité técnico presidía VGL. Tres instituciones distintas y un solo poder verdadero.

El sorteo, llamado Aguila o Sol, sería de lotería instantánea, o ``raspadito'', y en un plazo de ``tres a cuatro meses'' a partir del 18 de mayo de 1992 -según el permiso oficial B-191-92, firmado por Jorge Moreno Collado, director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación-, vendería cuarenta millones de tarjetas, con un costo de dos pesos cada una, para entregar premios por 32 millones 620 mil pesos en centenarios, onzas troy y billetes denominativos.

El permiso se otorgó con la advertencia clara de que se estaba ``tomando en cuenta que el NMP es una institución solvente por sí misma y su patrimonio garantiza plenamente el cumplimiento de las obligaciones'' contraidas. Pero el sorteo no se realizó en ``tres a cuatro meses'' (que se hubieran cumplido en agosto o septiembre de 1992), sino, mediante prórrogas, hasta el 31 de diciembre de 1993, y apenas se vendió la mitad de lo previsto (exactamente 20 millones 860 mil 864 tarjetas, que representaron 52.15 por ciento del total).

Y con un grave elemento en contra: conforme al permiso recibido, los premios no reclamados deberían pasar a la Secretaría de Gobernación para destinarlos a las tareas de prevención social. Es decir, alrededor de 15 millones 605 mil pesos, según el reporte oficial enviado a Jorge Luis Arenas, director de Juegos y Sorteos de Gobernación.

Lo primero es lo primero

Pero, mientras los contadores sudaban la gota gorda tratando de cumplir con los términos del permiso del sorteo, don Víctor García Lizama ya había recibido en el fideicomiso para el desarrollo social los primeros cinco millones de pesos a cuenta de los doce que esperaba recaudar. El depósito original se hizo mediante un recibo informal, sin folio. Cuando los patronos del NMP pidieron recibos formales, el Banco del Atlántico reportó dos maneras distintas de haber ingresado los mismos cinco millones: primero, al fideicomiso F-1381, ``subcuenta Aguila o Sol'', y luego al fideicomiso 2490, ``remanente del sorteo Aguila o Sol''. Aparte del extraño dato de la duplicidad de cuentas, un funcionario del NMP aseguró a esta columna que el fideicomiso 2490 perteneció, en realidad, a Los Niños de la Calle, un fideicomiso constituido por el Montepío Luz Saviñón.

El 30 de junio de 1994, medio año después de terminado el sorteo, Luis Raúl González Pérez, entonces director de Gobierno de Gobernación, reclamó al NMP el cumplimiento de las condiciones del permiso del sorteo. Para entonces, Víctor García Lizama ya había materializado una salida caritativa del embrollo: negociar por medio de la subsecretaria de Gobernación, Socorro Díaz Palacios, un donativo de 2 millones 160 mil pesos (recibido el 9 de marzo) para el Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo, con lo cual se daría por terminada la administración del Aguila o Sol. Es decir, con 2 millones 160 mil pesos en donativo se buscó impedir la revisión de las cuentas totales y la entrega de los premios no reclamados.

René Jair Cervantes Vargas, subdirector jurídico del NMP, explicó las razones del incumplimiento de las obligaciones contraidas: ``El NMP no realizó un sorteo en su beneficio, sino sólo corrió con los gastos, como una contribución de buena voluntad y buena fe para allegarle recursos al fideicomiso para el desarrollo social''. Es así ``como financiamos gratuitamente la compra de los premios, con una inversión inicial de 32 millones 620 mil pesos, la impresión de los boletos, con una inversión de 688 mil dólares americanos, y los gastos en los que se incurrió sin recuperación previsible, como los de administración, contabilidad, personal, etcétera''.

En suma, reconoció el subdirector jurídico, el NMP ``ha sufrido un grave detrimento en su patrimonio''. La dirección de Juegos y Sorteos le contestó que el fracaso del Aguila o Sol ``debió haber sido previsto'' con estudios de mercado, que Gobernación ``es ajena'' a esos malos resultados, y que ``extraña a esta dirección'' que el NMP haya solicitado el permiso para el sorteo por una subsecretaría (la de Arturo Núñez) y una dirección de Gobierno (la de Jorge Moreno Collado) y ``haya pretendido dar por finiquitado dicho sorteo por conducto de una instancia distinta (Socorro Díaz) y que, por ende, no tenía conocimiento'' de las condiciones establecidas ni de la mecánica legal de finiquito.

Un procedimiento irregular

En otro oficio, del 3 de septiembre de 1994, el director de Juegos y Sorteos, Jorge Luis Arenas, insistió en que el NMP ``adeuda a esta secretaría la cantidad de 12 millones 747 mil 410 pesos por concepto de premios no reclamados'' ya habiendo deducido los dos millones 160 mil pesos ``que por un procedimiento irregular'' el NMP había enviado a la subsecretaria Socorro Díaz. Otra irregularidad detectada fue que cuando al fin el NMP envió la documentación relativa a premios entregados, de 5 mil 930 casos revisados hubo mil 655 que no tenían firma de conformidad de parte del presunto agraciado, entre ellos 22 recibos de dos centenarios, 57 de un centenario y mil 576 de diez onzas troy.

El 14 de septiembre, Víctor García Lizama explicó por escrito que había convenido entregar sólo la mitad de los remanentes del sorteo a un patronato del área de Socorro Díaz, pero ahora ``estamos dispuestos, aun en contra de nuestra voluntad y de lo que estimamos de justicia, a sacrificar'' los otros 2 millones 160 mil pesos. De cualquier manera, el NMP decidió ampararse contra la exigencia de Gobernación de cumplir con la ley en cuanto a los premios no entregados.

El 21 de octubre de 1994, ya con las prisas de fin de sexenio, se firmó el convenio de finiquito mediante el cual se perdonó al NMP la deuda de 12 millones 747 mil 410 pesos, se olvidaron las múltiples irregularidades documentadas, y se destinó el último dinero disponible de la siguiente manera: 900 mil pesos a Gobernación a título de finiquito, un millón cien mil pesos al proyecto del Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego, y 160 mil pesos ``para las acciones que implemente'' la Fundación Jesús García Figueroa. El recibo de esta donación fue firmado por Fernando García Ruiz, hijo de García Lizama.

Y colorín colorado, el sorteo se dio por terminado.

Y, para mañana, la historia de los 672 mil pesos que el NMP entregó en 1993 a la directiva sindical por ``gastos'' relativos a las revisiones contractuales y salariales.