Se ha dicho en diversas tribunas que el gobierno tiene un doble lenguaje en mucho de lo que dice y hace, pero especialmente en relación con Chiapas. Las declaraciones escritas del coordinador de la delegación gubernamental para el diálogo de San Andrés, Pedro Joaquín Coldwell (La Jornada, 7 y 8/11/97), no parecen ser una excepción, a pesar de que por momentos quiso dar la idea de que él estuviera entre el EZLN y el gobierno (que representa) y no en su papel de comisionado gubernamental.

Quisiera imaginarme que las declaraciones de Pedro Joaquín significan una manera elíptica de Zedillo de decir, mediante su comisionado, que está dispuesto a rectificar y a apegarse a lo firmado ``sin regateo alguno'', como señal para el EZLN. Pero cuesta trabajo pensarlo así si al mismo tiempo se permite (¿se permite o se promueve?) que los obispos de San Cristóbal, sus acompañantes y la hermana de Samuel Ruiz sufran atentados a su vida.

Todos sabemos que los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) no han sido víctimas de atentados en zonas de influencia zapatista. Es más, sabemos que en estas zonas nadie externo a ellas ha sufrido más daño que piquetes de mosco o diarreas. Sin embargo, en las zonas bajo el cuidado del gobierno, con su Ejército y con sus diversas policías y grupos paramilitares, la vida de los miembros de la Conai, de religiosos, de turistas y de habitantes de las zonas no zapatistas (especialmente indígenas) no tiene ninguna garantía.

Hay una lógica (o falta de lógica) que no entiendo. Si la Secretaría de la Defensa tiene miles de soldados cercando a las poblaciones zapatistas, por qué ha sido incapaz de imponer la legalidad en las zonas no zapatistas. ¿Los grupos paramilitares, de los que todos sabemos y de cuyos dirigentes se han dado nombres, son legales o ilegales? En opinión de muchos son ilegales y actúan con absoluta impunidad desde hace dos años y medio. El Ejército Mexicano ha argumentado que está en zona zapatista porque el EZLN le declaró la guerra, ¿se necesita una declaración de guerra contra la población y la legalidad para que los militares actúen en contra de quienes asaltan y matan con impunidad en las zonas no zapatistas? La guerra de los grupos paramilitares está declarada en los hechos y, por cierto, no los protege ninguna Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas.

No estoy sugiriendo que se militarice más todavía el estado de Chiapas. Estoy diciendo, esto sí, que en lugar de ``proteger'' al país de los zapatistas, el Ejército lo proteja de quienes matan o intentan matar a gente inocente o, de plano, que mejor regrese a sus cuarteles y le ahorre al pueblo de México el enorme gasto que significa su presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados de la Federación. En un estado de derecho, los responsables de que existan grupos armados e impunes son los gobernantes; en el caso de Chiapas, los responsables son el gobierno estatal y el gobierno federal. Las mejores señales que pueden dar Zedillo y su comisionado para que el diálogo se reanude no son palabras sino acciones en favor de la paz y la constitucionalidad en donde éstas no existen, es decir, en las zonas en donde actúan las guardias blancas y otros grupos paramilitares.