PROTESTA FRENTE AL TSJDF

Humberto Ortiz Moreno Ť Preocupado por el riesgo de una parálisis de la impartición de justicia en la capital, que podría abandonar a la ciudad en el caos y la arbitrariedad, el magistrado Jorge Rodríguez Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, advirtió que el Consejo de la Judicatura hará lo que sea necesario, sin acciones represivas, para impedir que un grupo con intereses particulares hagan sufrir a las personas más afectadas en sus derechos individuales.

Reconoció la legitimidad de los reclamos de los trabajadores que anoche mantenían bloqueadas las instalaciones del TSJDF, pero rechazó otorgarles beneficios fuera del presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa y que inflingiría lo que la ley marca. No obstante, ofreció un bono de productividad de hasta 3 mil pesos, conforme con los rendimientos que salgan de los fondos depositados en Nacional Financiera, y pago de horas extras en la medida que lo permitan los límites presupuestales.

Calificó de inexplicable la actitud de los paristas y exhortó a los 227 juzgados a asumir su responsabilidad en los términos constitucionales. Sin embargo, reconoció que cerca de 50 por ciento de ellos suspendió actividades. Insistió: ``La ciudad no puede estar sujeta a reclamos particulares, de grupo''.

Será hasta el año entrante

Anticipó que el año entrante, si la ALDF lo autoriza, habrá un incremento salarial del 40 al 70 por ciento en el personal de base, que se sumaría a los aumentos que ya obtuvieron el año pasado y que fueron del 43 al 317 por ciento, conforme al nivel de cada empleado. El presupuesto total del órgano judicial superaría los mil 400 millones de pesos. ``Ahí están depositadas las esperanzas de los trabajadores''.

En rueda de prensa, llamó al diálogo y a la cordura al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del DF, cuya dirigencia, incluso --reveló Rodríguez-- ya había aceptado el ofrecimiento de la autoridad, pero al salir del inmueble ``lo que ellos llaman la base'' rechazó el acuerdo que en principio se había logrado y decidió mantener el paro.

Lamentó que con este movimiento resulte perjudicado un servicio vital para la ciudad, porque garantiza la paz y la armonía social, y aseguró que el tribunal no obecerá a presiones ni actuará fuera de la ley.

Pero, de entrada, la suspensión de labores afectó lo relativo a la custodia de menores, impidió la celebración de audiencias programadas, los remates y el plan de pensión alimenticia para 3 mil 780 personas. Sobre todo, detuvo indebidamente a consignaciones con detenido con derecho a libertad provisional que debían remitirse a las 10:00, porque no pudieron salir sino hasta las 15:00 horas.

Y recordó a los paristas que el Tribunal Superior de Justicia del DF no es una empresa de lucro ni una instancia para hacerse ricos, sino que requiere vocación de servicio y una entrega de apostolado. Confió en que hoy haya solución al conflicto, pero convocó a sus consejeros y asesores, en espera de lo que resuelva también el Consejo de la Judicatura, para tomar las medidas pertinentes en caso de que siga el paro.

Humberto Ortiz Moreno Ť Como producto de la disgregación familiar y de la delincuencia han aumentado más de 200 por ciento, en los últimos dos años, los juicios civiles y procesos por delitos de sangre y patrimoniales, lo que ha provocado una elevada carga de trabajo para los apenas 4 mil 800 empleados de los órganos de impartición de justicia.

Así, en demanda de mejores condiciones de trabajo y alza en sus percepciones, porque ``ganamos salarios de hambre'', los trabajadores afiliados al Sindicato del Poder Judicial del Distrito Federal realizaron ayer un paro indefinido que, de no encontrar respuesta a sus reclamos, podría extenderse a los 200 juzgados de los ámbitos penal, administrativo, familiar y civil.

``El trabajo es abundantísimo y hace mucho tiempo que rebasó la capacidad de la plantilla de empleados. Llegan hasta 2 mil asuntos anuales por juzgado, para sólo dos secretarias'', aseveraron Elfego Bautista Pardo, líder del STPJDF, quien encabezó el paro, y el secretario de Promoción y Propaganda de la organización, Diego Valdés Medina.

El movimiento, que desde las 6:00 horas de ayer provocó embotellamientos en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia del DF, ubicado en la colonia doctores, incluye paralización de actividades, en forma escalonada, en los juzgados civiles, de arrendamientos, familiares, de paz y de matriculación, con alrededor de 3 mil empleados.

Así, los únicos que están operando son los radicados en reclusorios y Servicio Médico Forense. De no haber respuesta favorable de las autoridades que encabeza el ministro presidente Jorge Rodríguez, también el personal de esos órganos suspendería labores.

``No es posible que un trabajador gane aquí mil 500 pesos al mes y en el fuero federal perciba 3 mil 200 o 3 mil 400. Un abogado, como proyectista o conciliador, o un actuario, gana 3 mil 200 o 3 mil 400 pesos'', deploró.

Clamó por un ``bono decoroso'' para empleados de intendencia, mantenimiento y del área administrativa, considerando injusto que a éstos les den 300 pesos y a los magistrados 60 mil, a jueces 30 mil y a los secretarios de acuerdos 14 mil 500, cada fin de año.

``Por lo menos deberían darnos 5 mil pesos. Esto y la eliminación del pago de horas extras fue lo que motivó la suspensión de labores, en un acuerdo surgido de la asamblea extraordinaria del sindicato, celebrada el pasado 31 de octubre. Valdés puntualizó que es sólo un paro, no cierre de instalaciones, porque ``no queremos cometer un delito''.

A su vez, Bautista Pardo repudió ``la injusticia laboral'' que impera en el órgano de impartición de justicia.

``El último agravio inflingido es la decisión, tomada unilateralmente por la presidencia del TSJDF, de suspender las horas extras. Esto ha reducido 25 por ciento los ingresos de los trabajadores'', se quejó. Interpretó esta determinación como una ``campaña para agitar a nuestros compañeros'', porque a la par que la autoridad reduce el ingreso ``nos divide al ordenar que sólo se dé horas extras a 50 por ciento del personal de juzgados y salas, elegido por los jueces y magistrados''.

Recordó el líder que el Oscar Espinosa pidió, a principios del año pasado, suspender una manifestación similar en demanda de aumento y homologación salarial, y mejora de prestaciones, como condición para discutir la solicitud con una comisión del sindicato. Pero como el funcionario no cumplió, ``tomamos otra vez las calles''. La argumentación del DDF es que el trabajo del personal no es redituable económicamente, fustigó.

Las negociaciones entre sindicato y autoridades seguían hasta la noche de ayer, aunque sin resultados positivos, y el bloqueo llegó a las 22:00 horas. Por el DDF, Daniel Herrera. Por los trabajadores, Elfego Bautista. Pero no se descarta llevar el caso hasta el propio regente Espinosa, como último recurso para que la capital no quede sin impartición de justicia.