Arnoldo Kraus
Justicia

Al pronunciar la oración fúnebre durante el sepelio del filósofo Emmanuel Levinas, en 1995, Jacques Derrida revivió diálogos, revisitó ideas y lloró a través de las letras los recuerdos heredados de una cálida y fructífera amistad. Dijo: a partir de Levinas, el curso de la reflexión filosófica de nuestro tiempo ha cambiado, ``...sobre que es lo que se relaciona con la ética o, según otra idea de la ética, con la responsabilidad, la justicia, el Estado''. Renglones adelante cita una formidable y poderosa elipse --así lo escribe Derrida-- del maestro de la otredad: ``la relación con el otro, es decir, la justicia''. Etica y justicia son valores atemporales e íntimamente vinculados. La atemporalidad proviene del mismo origen del ser humano y de su condición de ser moral. Su nexo con la noción de Estado es también indisoluble. La fractura de esos valores elementales ha sido uno de los motivos para que proliferen Comisiones a nivel mundial encargadas de velar por los derechos humanos.

La pertinencia y actualidad de las oraciones anteriores se vinculan en forma inversa con la incuria de nuestro gobierno en relación al respeto de la condición humana. Malas son las noticias y peores los dilemas cuando las críticas provienen del extranjero. Tres ejemplos recientes provenientes de la ``literatura humana'' parecen condenarnos.

El primero es cercano. Por el tiempo y porque los ajusticiamientos no resueltos llaman a la conciencia. A pesar de que en México ya se le dio ``carpetazo'' a la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas --julio de 1995--, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó recientemente a las autoridades de nuestro país por la ejecución extrajudicial de los campesinos. Concluyó, a la vez, que no se ha cumplido la obligación de ajustar la legislación interna a la interamericana en torno de las garantías judiciales como las de la vida y la integridad física. La misma CIDH se ocupa de investigar el supuesto homicidio de tres indígenas del ejido Morelia, Chiapas, a manos del Ejército Mexicano durante la insurrección zapatista en enero de 1994. La organización no gubernamental estadunidense (ONG) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como Human Rights Watch/Americas y la propia CIDH recomendaron a nuestro gobierno atender y resolver ese evento.

El tercer ejemplo son las sinrazones en el caso de Yéssica Díaz, la adolescente que tras ser violada se suicidó después que ella y su familia recibieron múltiples amenazas. Mientras que para el gobierno de Durango las discusiones han finalizado, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones extranjeras el caso aún no ha sido resuelto pues sus sugerencias no han sido cumplidas. Debido a la cerrazón del gobierno duranguense, la madre de la difunta ha decidido iniciar una huelga de hambre. Las protestas de diversas ONG durante la reciente visita del presidente Zedillo a Francia son corolario, entre otros, de los casos anteriores y de los ojos con los que se nos juzga.

No hay duda que la asiduidad de nuestros políticos hacia el viejo refrán ``la ropa sucia se lava en casa'' es anacrónico. Paralelo al fenómeno de la globalización se inscriben la idea de la justicia y de la ética como pilares elementales en la relación entre gobierno y gobernados. Parecen ser muchos los horrores que circundan la cotidianidad de los sinvoces mexicanos, que de acuerdo a cálculos conservadores son entre 20 y 40 millones. Los sinvoces no representaban afrentas en las épocas en que los latrocinios producidos por impunidad y corrupción permanecían en casa. Actualmente, sin embargo, los problemas para nuestro gobierno no son solamente los medios de comunicación nacional y extranjera que difunden y desnudan la cotidianidad con exactitud y celeridad. También la comunidad, hastiada por la omnipotencia de sus jerarcas, demanda una relación transparente. La distancia entre ética y justicia cuando se habla de vida no debe, no puede existir. En este contexto, las diferencias entre ambos bienes son de índole filosófica, no real. Debería quedar sobreentendido que en la relación del Estado hacia quienes los escogieron, ética y justicia son bienes innatos, naturales, no cuestionables, que pertenecen, que son. No que se ofrecen como concesión, dádiva o favor del poder.

¿Cómo son en la actualidad los nexos del Estado con los sinvoces? Entre Aguas Blancas y Chiapas, entre Durango y la colonia Buenos Aires en el Distrito Federal siguen apilándose cuerpos y ejemplos de injusticia y amoralidad. La única vía para que figuremos con menos asiduidad en las listas de las ONG internacionales proviene del gobierno. Bien harían nuestros políticos si se asomasen a algún texto sobre ética.