Encabeza Madrazo una ``campaña de linchamiento'', acusan magistrados

Jesús Aranda Ť Jorge Madrazo lleva a cabo una ``campaña de linchamiento y amenaza contra los jueces de distrito y magistrados de circuito que no acceden a las peticiones de la Procuraduría General de la República (PGR)'', lo que constituye un ``atentado'' a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, aseveraron los dirigentes del Colegio de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

En entrevista con La Jornada, José Alejandro Luna Ramos, presidente del colegio; Diana Rosalía Beltrán Ladrón de Guevara, vicepresidenta de Relaciones Públicas, y Marcos Arturo Nazar Sevilla, vicepresidente ejecutivo, advirtieron que la actitud del procurador ``no beneficia a nadie'' y busca propiciar un enfrentamiento ``de los 500 jueces y magistrados federales que hay en el país contra él solo''. Y añadieron: ``Siempre que se da este tipo de campañas se pretende ocultar ineficiencia o inexperiencia''.

Además, afirmaron que Madrazo tiene un problema de ``deformación profesional e inexperiencia'', porque no es lo mismo cuando era ombudsman, ``que podía señalar cualquier cosa, sin obligación de probarla'', que ser el procurador, ``que es la persona más limitada para hablar, porque todo lo que afirma tiene que probarlo''.

Uno contra 500

En amplia plática en la que estuvieron presentes otros magistrados y jueces integrantes del primer colegio en su tipo que se forma en el ámbito de la justicia federal, los entrevistados aseveraron:

``¡Ya basta! Que la PGR termine con la campaña orquestada en nuestra contra porque, si somos 500 -entre jueces y magistrados-, el problema es con todos. Y si no, ¿por qué la campaña contra los 500? Estamos uno contra 500, ¿el procurador contra 500?''

Molestos por las constantes acusaciones públicas en contra de las actuaciones de los jueces y magistrados, señalaron que precisamente uno de los objetivos centrales de la reforma al Poder Judicial de 1994 fue la de fortalecer su autonomía e independencia. ``Pero tal parece que no se ha entendido, porque si un juez no le da la razón a la PGR y es motivo de linchamiento, se atenta contra la soberanía e independencia de todo el Poder Judicial de la Federación en su conjunto''.

Indicaron que los ministros de la Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal han consolidado la reforma al Poder Judicial de 1994, además de que son ``garantes'' de la administración de justicia federal. Recordaron que el consejo ha demostrado ser receptivo a cualquier queja en contra de jueces o magistrados y ha tramitado ``todas las denuncias, incluso algunas con urgencia'', además de visitas de inspección. Sobre la evaluación de la labor de los juzgadores, añadieron, ``incluso algunos han sido sancionados''.

Sin embargo, insistieron, si la administración de justicia federal ya puso en marcha sus mecanismos de vigilancia y disciplina y ha impuesto correctivos, ``¿qué se está haciendo en la otra casa (es decir en la PGR)? ¿Qué sanción se va a imponer a quien habla de un juez favorito -como fue calificado por la PGR el juez primero de distrito en Monterrey, Abraham Calderón- y pone en entredicho a toda una institución? Queremos pruebas de ineficiencias o errores de los jueces, y si hay culpables que se proceda, pero por pruebas, no por fama pública''.

Y aclararon: ``No queremos cubrirnos las espaldas, porque hay mecanismos internos para sancionar al que se porta mal''. Añadieron que para ellos resulta ``muy difícil'' cumplir con su misión si no cuentan con el respaldo de las instituciones.

Parafraseando declaraciones públicas sobre la actuación de la PGR, dijeron: ``Todos los días leemos que policías fueron destituidos por corruptos, que agentes del Ministerio Público fueron cesados, que la corrupción en la procuración de justicia es grave. ¿Y no son estas personas las que integran las pruebas que tenemos que juzgar? Y en esa situación, ¿no tenemos nosotros que ser especialmente cuidadosos en defender a la sociedad?''

Exigen pruebas

Los tres magistrados hablaron uno tras otro; a veces sólo movían la cabeza en señal de aprobación, pero compartiendo la indignación por lo que sucede.

``No queremos linchamientos públicos. Si alguna persona es culpable de algo, que se busquen las pruebas y se actúe conforme a derecho, pero que no se rasguen las vestiduras porque se concedió una suspensión o un amparo''.

Recordaron que en ninguno de los casos de jueces que no fueron confirmados en su cargo, ni siquiera en el de Roberto Caletti, prófugo de la justicia y acusado penalmente, el Consejo de la Judicatura Federal encontró hecho delictuoso alguno, y que la separación de su cargo se debió a problemas exclusivamente administrativos.

Antes, agregaron, los procuradores se interesaban por el país y por las instituciones de justicia en su conjunto, ``de manera que eran cautos en el manejo de lo que les correspondía y nunca permitían los enfrentamientos''.

Eso no significa dejar de hacer uso de los recursos y los medios de vigilancia y control del Poder Judicial de la Federación, porque ninguno de los inconformes pide que dichos mecanismos dejen de aplicarse. ``Si se confía en la Corte y en el Consejo, ¿por qué está pasando esto?''

Indicaron que es muy fácil acusarlos de que están soltando criminales, pero no se dan cuenta de que conceden el amparo ``a un ciudadano, a un individuo al que se le imputa un crimen, y que mientras no sea juzgado no es responsable''.

En relación con el controvertido asunto de Jorge Lankenau comentaron: ``Analice el caso concreto: un juez concede una suspensión para que no declare, aquél se fuga y se culpa al juez. Eso no encaja, por más habilidad con que haya sido presentado en los medios informativos. Eso no resiste un análisis''.

Criticaron las objeciones que ha puesto la Procuraduría General de la República a la actuación del juez, y cuestionaron: ``¿Vamos a romper toda la normatividad, competencias, el sistema carcelario y de administración y procuración de justicia por un caso concreto? ¿Ello sin las pruebas de corrupción que se mencionan? ¿Es tan débil el país para que un caso concreto nos lleve a todo esto que se quiere hacer creer?

``Esta declaración en nombre de nuestro colegio -puntualizaron- es para decir ¡ya basta!: en el Poder Judicial se está poniendo orden, pongan orden allá. Es sin revire, hablamos por una única vez para que la sociedad entienda la gravedad del asunto.''