No dudo que en la actual legislatura los diputados se esfuercen por desandar el camino seguido hasta ahora en cuanto al presupuesto y el paquete económico, pero es poco posible que logren modificaciones de raíz, por lo menos en el actual periodo de sesiones. En realidad el drama del presupuesto no se está discutiendo, es decir, la tendencia histórica de los últimos 15 años que ha deprimido los salarios, devastado el empleo, concentrado el ingreso y dejado de lado sectores que necesitan ser urgentemente atendidos, como el campo y las microempresas.

En este sentido, la propuesta presidencial de discutir una política económica de Estado es, más que pertinente, urgente, porque significaría no sólo sacar adelante el proyecto de presupuesto de este año. Esto deberían recordarlo no sólo los diputados de mi partido, el PRI, sino también los de oposición, que parecen aprestarse a una batalla campal. Los árboles pueden impedirles ver el bosque. Tomado en conjunto el asunto económico, tal vez el proyecto de presupuesto 1998 sea un tema que deba subordinarse a la superior tarea de acordar las bases de un proyecto económico que por lo menos dure tres años. Esto significaría un pacto, pero no a la manera de los pactos económicos entre sectores que finalmente tan mal sabor de boca han dejado, sino un pacto multianual entre fuerzas políticas reales, no subordinadas.

Las reformas económicas de la globalización, o más correctamente, la forma en que se ha instrumentado la globalización, se están revisando --inclusive en aquellos países donde han sido más exitosas-- porque no han logrado promover un desarrollo armónico, sostenido y extendido. Casi no pasa un día sin que algún economista, libre de cualquier sospecha de populista o socialista, señale la urgencia de apoyar a los sectores más golpeados de la sociedad. Entonces ¿por qué no comenzar a revisarlas teniendo en mente una definición integral de nuestros objetivos como Nación?

Es decir, revisar y pactar en lo económico, fijando lo que los mexicanos de este final de siglo queremos de la economía, de la participación del Estado, de la responsabilidad de la iniciativa privada y, sobre todo, teniendo claro el diseño de una estrategia de desarrollo social. En este punto cabe indicar que la discusión del gasto social debe ser abordada no solamente en su monto y sus aplicaciones, sino en cuanto a las perspectivas de largo plazo en el marco de una real reforma del Estado.

El Congreso de la Unión puede ser el escenario en el que, en los próximos tres años, se acuerden las bases para una reforma democrática del Estado y, derivado de esto, un proyecto de largo plazo que consolide nuestra economía sobre la base del consenso social y político. De nada serviría ni a los partidos ni a la nación si diputados y senadores se dedican a enmendar la superficie sin alterar el fondo.

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