Reabran Aguas Blancas: CIDH

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 31 de octubre Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó, por segunda vez en una semana, a autoridades de México en un caso de ejecuciones extrajudiciales, al conocerse hoy recomendaciones sobre el caso Aguas Blancas.

La CIDH, en su informe emitido hoy sobre la ejecución extrajudicial de 17 campesinos en Aguas Blancas -documento de carácter clasificado pero cuya información fue obtenida por La Jornada-, concluyó que el Estado mexicano no ha cumplido su obligación de ajustar su legislación interna a la interamericana en torno de las garantías judiciales, como las de la vida y la integridad física, por lo ocurrido en Aguas Blancas.

Por lo tanto, la CIDH emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano que incluyen: conducir una investigación exhaustiva e imparcial de acuerdo con el fallo de su propia Suprema Corte de Justicia emitido el 23 de abril de 1996; promover un proceso penal para establecer, primero, la responsabilidad de funcionarios de alto rango del estado de Guerrero, ya identificados en el fallo de la Suprema Corte, imponer las sanciones correspondientes y otorgar indemnizaciones adecuadas a las familias de las víctimas y los sobrevivientes. La CIDH, dependencia de la Organización de Estados Americanos, establece un plazo de 60 días para llevar a cabo sus recomendaciones.

Apenas el miércoles pasado se dio a conocer el informe de la CIDH relativo al caso del ejido Morelia, Chiapas, en el que se emitieron cinco recomendaciones para resolverlo, incluyendo en términos generales las primeras dos dadas a conocer hoy sobre Aguas Blancas.

``Es significativo que en una semana salgan dos recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las fuerzas armadas de México, de un total de 20 víctimas, tres en el caso de Chiapas, 17 en el de Guerrero'', afirmó Ariel Dulitzky, de la organización no gubernamental Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), que dio a conocer hoy que el organismo interamericano emitió su informe sobre este caso.

Al señalar que el informe por ahora no es público y, por lo tanto, el CEJIL no podía comentar sobre el contenido del mismo, Dulitzky recordó en entrevista con La Jornada que ``en Aguas Blancas ya hubo recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una decisión de la Suprema Corte de Justicia y ahora viene el informe de la CIDH. Sin embargo, en el caso aún no hay justicia para las víctimas''.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas, añadió --en otra entrevista con La Jornada-- que ``es de esperar que México acate y cumpla de buena fe y a la brevedad las recomendaciones de la CIDH en este importante informe''.

Respuesta a la cancillería mexicana

Dulitzky también respondió a las declaraciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de esta semana en torno al informe sobre el ejido Morelia, en las cuales se descalificaron las aseveraciones del CEJIL.

Tras preguntarse por qué la SRE rechazó las aseveraciones del CEJIL y no respondió directamente al informe de la CIDH, Dulitzky destacó que ``lo único que hicimos es dar a conocer la entrega de un informe'', y añadió que la cancillería mexicana debió dirigirse a la entidad que emitió ese informe, es decir, la CIDH. También dijo que, al parecer, la SRE ``vuelve, como lo hizo con el caso del general Gallardo, a no entender que es un sistema interamericano de derechos humanos''.

Dijo, en respuesta a un señalamiento de la SRE, que ``estamos de acuerdo en que no se han agotado todos los recursos internos'' en el caso del ejido Morelia, pero que el punto es que, al evaluar las acciones de México en relación con esto se nota que ``no hay una voluntad seria de esclarecer los ocurrido en enero de 1994'' por parte de las autoridades mexicanas.

Por esto mismo, agregó, la Comisión Interamericana decidió admitir el caso hace más de un año; resaltó que fue por la percepción de esta ``falta de voluntad de investigar el caso en México que tuvimos que acudir a la CIDH''.

En torno al rechazo de la SRE de que en este o cualquier otro asunto México pueda ser considerado en rebeldía ante la Convención Americana de Derechos Humanos, Dulitzky aseveró que, de hecho, el gobierno sí lo está, ya que no ha cumplido ``las recomendaciones de la CIDH de liberar al general Gallardo desde hace un año''.

El director del CEJIL concluyó que ``creemos que ahora el gobierno mexicano tiene una oportunidad de demostrar su voluntad de cumplir con sus obligaciones internacionales, al avalar estas últimas recomendaciones de la CIDH... y esperamos que lo haga''. Vivanco considera que es sumamente importante que el gobierno de México no reitere en este último caso su argumento de que los recursos internos no están agotados, ``intentando así eludir sus obligaciones frente a la CIDH''.

Añadió que, ``en el caso de Aguas Blancas, ojalá que el gobierno no invoque este mismo argumento (que usó en torno a lo del ejido Morelia), porque en estricto derecho esa justificación no tiene cabida''.

Explicó que durante el proceso ante la CIDH, México ya tuvo la oportunidad para plantear ese argumento, uno que los comisionados tienen que tomar en cuenta, pero subrayó que en este caso en particular la CIDH tendría que haber ``determinado si esos recursos internos han sido inadecuados, ineficaces o si se ha dado un retraso en la administración de justicia''. Después de evaluar esto, continuó, la CIDH tendría que haber determinado que ``los recursos internos deben darse por agotados'' y, por lo tanto, emite sus recomendaciones de concluir el caso a través de una investigación exhaustiva e imparcial. ``Esta es la decisión final'', insistió Vivanco.

El gobierno, dijo, pudo argumentar durante el proceso que no se han agotado los recursos internos, ``pero no ahora''. Si fuese así, concluye, todos los estados en la Convención Interamericana podrían mantener abiertos indefinidamente todos los casos para así evitar que pueda interceder la CIDH en ellos.

Rechaza la SRE opiniones del CEJIL

La Secretaría Relaciones Exteriores rechazó las consideraciones de la organización no gubernamental Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) en torno a los sucesos ocurridos en Aguas Blancas, Guerrero.

Según la cancillería mexicana, los órganos de procuración y administración de justicia han actuado y ya se ha ejercido acción penal en contra de 43 personas involucradas por delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y abandono del servicio público.

En un comunicado de la dependencia se indica que el proceso aún no ha terminado, pues se sigue desahogando la averiguación previa TAB/1/3208/95 de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

La cancillería considera que la aceptación de algunos de los planteamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ``serían contraria al imperio del derecho en México, ya que las autoridades competentes han ejercido acción penal en contra de aquellas personas en las que se acreditaron los elementos jurídicos necesarios para presumir su responsabilidad penal, ya fuera material o intelectual''.