Informe de la CIDH sobre la muerte de tres indígenas a manos del Ejército

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 29 octubre Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe en torno a la detención, tortura y asesinato de tres indígenas del ejido Morelia, Chiapas, a manos del Ejercito Mexicano, durante la insurrección zapatista en enero de 1994 y, aunque el documento aún es confidencial, La Jornada se ha enterado de que la Comisión envió recomendaciones que deberá cumplir el gobierno mexicano para resolver el caso, incluyendo el nombra- miento de un fiscal especial y acciones penales contra los militares responsables. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch/Americas informaron hoy sobre la conclusión de la CIDH, dependencia de la Organización de Estados Americanos. Ambas organizaciones, junto con la Comisión Mexicana por la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunciaron ante la comisión el caso de Severiano y Hermelindo Santiz Gómez y Sebastián Santiz López, hace dos años.

Ariel Dulitzky, codirector de CEJIL, comentó que ``esta es la primera vez que la comisión ha emitido un informe contra el gobierno mexicano en casos relacionados con la conducta del Ejército en el conflicto armado en Chiapas''. Dulitzky señaló que ``la comisión ha otorgado al gobierno mexicano su última oportunidad para resolver la situación''. El CEJIL se negó a informar sobre las recomendaciones concretas de este informe, ya que, subrayó, son ``confidenciales''.

Sin embargo, La Jornada, a través de otras fuentes, obtuvo el texto de las cinco recomendaciones de la CIDH. Las mismas incluyen: a) se obliga al gobierno mexicano a llevar una investigación ``rápida e imparcial'' del caso a través de ``un fiscal especial''; b) ``ejercer las acciones penales correspondientes''; c) otorgar a los familiares de los víctimas una ``indemnización adecuada''; d) promover ``legislación reglamentaria del artículo 21 constitucional'', y e) ``se otorga un plazo de 3 meses'' al gobierno mexicano para responder a estas recomendaciones. Si en ese periodo ``no ha adoptado las medidas'', se tomará una decisión en cuanto a publicar el informe.

Por otro lado, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch/Americas, declaró a La Jornada que ``este es un informe muy importante, muy contundente, de la CIDH acerca de un caso que compromete a personal del Ejército Mexicano en atrocidades que ocurrieron a principios de 1994''. Indicó que este caso ha sido mantenido ``en el olvido'' por el Ejército, quien ha ``cerrado filas, protegiendo a los responsables'' de esta situación. Aunque Vivanco tampoco pudo presentar una copia del informe a este diario -dado que es considerado como ``clasificado''-, sí enfatizó que, ``de no adoptar (el gobierno mexicano) las recomendaciones, la CIDH decidirá publicar el informe; algo que, a nuestro juicio, tendrá consecuencias devastadoras para el gobierno de México''.

Añadió que ``ojalá México muestre disposición de cumplir con las recomendaciones y no desafiar este tipo de informes''. Sólo así se podrá mostrar, ``con los hechos'', un cambio de actitud por parte del gobierno, que durante los últimos 10 ó 15 años ha sido ``defensivo y descalificador'' en sus respuesta acerca de asuntos de derechos humanos a nivel internacional. ``Esta sería una muy buena oportunidad'' para demostrar el compromiso del presidente Ernesto Zedillo de promover una nueva relación con los organismos internacionales de derechos humanos, concluyó.

Dulitzky, del CEJIL, y Vivanco, de Human Rights Watch/Americas, también informaron que esperan, en los próximos días, que la CIDH emita su informe sobre el caso de Aguas Blancas, Guerrero.