Exigen ONG la disolución de ``grupos especiales'' en la SSP
Raúl Llanos y Bertha Teresa Ramírez Ť Representantes de organismos de derechos humanos exigieron la inmediata disolución de cualquier grupo especial que actúe al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que su carácter es anticonstitucional y puede ser el primer paso para el surgimiento de grupos paramilitares que generen un ambiente de ``guerra sucia'' y de acciones represivas.
Aunado a ello, exigieron que se deje de proteger a los altos mandos policiacos de extracción militar implicados en la ejecución de los seis jóvenes de la colonia Buenos Aires, porque en esa medida se les estará dando manga ancha para que actúen con total impunidad. También se manifestaron por terminar con el fuero militar, ya que es un ``privilegio injustificado'' que les permite cometer abusos y violaciones a los derechos humanos y es el principal obstáculo para juzgarlos en tribunales civiles.
Rafael Alvarez, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la presencia de un grupo especial en la SSP es grave y atenta contra la seguridad de los ciudadanos. ``Es inadmisible que haya docenas de elementos sin uniforme, armados y deteniendo a gente sospechosa en las calles de esta capital''.
Mencionó que las leyes son muy claras al señalar que todos los elementos de seguridad pública deberán portar uniforme e identificación; no hacerlo así y dar paso a esos grupos que en determinado momento actúan por su propia cuenta, puede ser un ``signo de guerra sucia, una acción que pretenda fines de persecución política''.
Destacó también que el caso Buenos Aires es el ejemplo más claro del fracaso de la política de seguridad pública y de la militarización de la policía capitalina. Comentó que también la protección que se da en ese asunto a los militares obliga a plantear la necesidad de acabar con el fuero militar.
Al respecto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMDDEH), indicó que se debe terminar con la protección hacia los mandos de extracción militar en la SSP, porque sería tanto como aceptar que incurran en numerosos abusos que han sido documentados por diversos medios de comunicación ante la opinión pública.
``Hasta el momento --aseguró-- no ha habido realmente solución a los problemas y conflictos en los cuales han estado implicados militares, como son las desapariciones de gente, los secuestros, agresiones, homicidios... son casos que no han pasado por la autoridad civil''.
De los grupos especiales, señaló que la forma en que operan demuestra que ``son cuerpos para acciones represivas'', y dijo que con anterioridad ya se había alertado de la necesidad de que todos los policías estén uniformados y no haya carros sin su identificación correspondiente; sin embargo, ``no se hizo nada''.
Rocío Culebro, de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, consideró que avalar esos agrupamientos especiales en la SSP sería el primer paso para que empiecen a surgir grupos paramilitares. ``No será con mandos militares ni creando grupos especiales como se disminuya la delincuencia, sino, entre otras acciones, atendiendo las demandas sociales de la población y creando mayores empleos''.
Eduardo Miranda, especialista en derecho humanos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), afirmó que ``el problema no es la existencia de grupos especiales, sino que mandos medios de la SSP decidan su creación y no se informe a los mandos superiores''.
Señaló que de hecho el titular de la SSP, Enrique Salgado, ocultó la información de ese grupo especial, tanto al jefe electo del gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas como a los asambleístas, ``y eso no fue lo más adecuado''.
Por último, voceros del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dijeron que han recibido cerca de 800 cartas de diversos integrantes de Amnistía Internacional (AI), en las que se solicita al presidente Ernesto Zedillo, al procurador Lorenzo Thomas y al ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, se llegue a fondo en la investigaciones del caso Buenos Aires y se haga justicia.