En el juicio a mi hermano Raúl, abusos que degradan el régimen de derecho, dice CSG

Para el ex presidente Carlos Salinas de Gortari la llegada de Jorge Madrazo Cuéllar a la Procuraduría General de la República (PGR) no ha significado la restauración de la legalidad, y en el caso concreto del juicio contra su hermano Raúl, consideró que ``se han redoblado los esfuerzos para limitar el ejercicio de su defensa''.

En una carta dirigida ``a la opinión pública'', se queja de que ``se han mantenido las condiciones más repugnantes y agresivas'' del encarcelamiento de Raúl y la PGR vuelve a considerar ``como eficientes, testimonios inverosímiles y desacreditados, al mismo tiempo que se recurre a las fuentes anónimas, al hostigamiento, intimidación y al uso de argumentos cuestionados y cuestionables'' en el juicio contra el mayor de sus hermanos, presunto autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

A continuación el texto íntegro de la carta del ex presidente:

Carlos Salinas de Gortari
Octubre 28 de 1997.
A LA OPINION PUBLICA:

A lo largo del juicio que se sigue a mi hermano Raúl, en relación con el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, se ha incurrido en abusos que al tolerarlos degradan el régimen de derecho y al Estado.

Esas prácticas grotescas y perversas quebrantan el respeto y la dignidad de la procuración de justicia. Para algunos, tal vez sean plausibles, olvidando que son violatorias del régimen de protección y seguridad que exige y merece la sociedad. Así, órganos y funcionarios de la procuración de justicia empeñados en sembrar (literalmente) las pruebas, las llamadas evidencias, se han servido de brujas, videntes y chamanes. Se ha sobornado inmoral e ilegalmente a testigos de la acusación. Para ello aducen injustificadamente que se trata de ``informantes''. No son ni lo uno ni lo otro. En algunos casos se comerció con homicidas confesos para hacer imputaciones falsas y concretas, haciendo de la palabra informante un pretexto. Después, se aprobaron y utilizaron los hechos y razones de estos pagos. Se brindó protección oficial y se han concedido favores a personas cuyos comportamientos no son creíbles y han vertido manifestaciones contradictorias e incongruentes. A quienes se atreven a cuestionar la acusación, les interrogan; a quienes defienden, los acosan en una atmósfera de intimidación tan indebida como innecesaria.

De otra parte, a pesar de haberse encontrado en el centro de una campaña de filtraciones, así como de pronósticos absurdos que antes de ocurrir, aparecen publicados en ciertos medios para integrar y mantener una acusación que hasta la fecha no da cuenta de un móvil para los hechos que se atribuyen. Parecería haberse renunciado a esclarecer la verdad para optar por la línea del prejuicio.

En el mes de enero de este año, cuando el escándalo parecía finalmente haber llegado a un punto tal que hasta la pesquisa más obstinada y necia debía imponerse un límite a sí misma, creí que, por fin, se había restaurado un criterio de legalidad para la investigación. Por ello, hice condicionalmente a un lado el derecho que concede la ley a los familiares de un inculpado. De manera voluntaria acudí para declarar ante la autoridad durante doce horas, respondí a más de 200 preguntas que se me formularon.

Sin hacer valer ningún precedente, asistí a declarar. De esta manera, aporté un esfuerzo serio y real para contribuir al esclarecimiento de una investigación que, hasta entonces, parecía desvirtuada. Pensé que retomaría un curso de transparencia e imparcialidad. En mi declaración voluntaria, entre otras cosas, confirmé la información que ya obraba en los autos del Ministerio Público y que han señalado otros medios de prueba recogidos en el curso de la investigación; que hasta el último día de mi mandato presidencial, la única instrucción que di al subprocurador general de la República, en ese tiempo, fue la de proceder de acuerdo con el derecho. Esto, sin menoscabo de la responsabilidad que constitucional, orgánica y legalmente le corresponde al Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, lo declarado por mí ha sido objeto de presentaciones parciales, que tuercen su contenido.

Están ya inculpados penalmente quienes en su momento anunciaron el triunfo de la ley ante la impunidad y estuvieron al frente de la investigación convertida en pesquisa en contra de mi hermano, a sabiendas de que ellos eran quienes violentaban los criterios fundamentales del orden jurídico general mexicano. Estos nuevos procedimientos, no obstante que están en sus etapas iniciales, muestran claramente que la investigación que se siguió en contra de mi hermano está viciada de origen y desvirtuada en sus propósitos. De aquí la importancia que la actividad judicial sea respetada como el único medio legítimo que restituya los derechos que a cada uno correspondan.

Pese a ello, los esfuerzos para limitar el ejercicio de la defensa de mi hermano Raúl se han redoblado. Se afectan los derechos que le otorga la Constitución como procesado, en particular lo referente al respeto de sus garantías individuales. Se han mantenido las condiciones más repugnantes y agresivas de su encarcelamiento. Se publica ampliamente que: se vuelve a tomar como eficientes testimonios inverosímiles y desacreditados, al mismo tiempo, se recurre nuevamente a las fuentes ``anónimas'', al hostigamiento, intimidación y al uso de argumentos cuestionados y cuestionables.

Asimismo, es relevante la publicación en forma desnaturalizada de información relacionada con los procedimientos legales. Por una parte, se propicia unilateralmente un juicio paralelo en algunos medios, con lo que se busca afectar las relaciones entre la sociedad y su derecho a la información sobre lo que realmente acontece en los tribunales. Con ello se afecta la garantía de inocencia y se trata de presionar el principio de imparcialidad del juez. En otro sentido, se calla lo que a los medios se debe informar. Y cuando se publican hechos importantes relacionados con el proceso, entonces se publica que se recurre a la intimidación para que el informador revele sus fuentes.

Con el propósito de influir negativamente sobre el curso del proceso judicial, se publica que se afecta al ejercicio profesional del abogado. Se da a conocer frecuentemente que los defensores son llamados por la autoridad para comparecer en relación con las actividades que despliegan como prestación de sus servicios profesionales.

Reitero que a principios de este año, rendí una declaración testimonial muy extensa. Lo hice, no obstante el derecho conferido expresamente por la ley para que los familiares del inculpado no lo hagan. En medio de todas estas circunstancias, se pidió su ampliación. Y el juez ordenó que se desahogara señalando expresamente que se respetaran cuidadosamente las normas que regulan una diligencia de esta naturaleza.

En este orden de ideas, es prudente subrayar que, no sin esfuerzo hemos logrado distinguir y separar los hechos de carácter legal y judicial de las cuestiones que son y tienen un entorno político. Ambos temas proponen campos de reflexión diferentes. Los dos son atendibles. Pero su análisis e interpretación exigen tratamientos independientes.

En consideración de todo lo anterior, para cumplir lo ordenado por el juez que conoce del procedimiento seguido a mi hermano Raúl, el día de hoy comparecí ante las autoridades mexicanas como testigo, y ejercí los derechos que me confieren la Constitución General de la República y las leyes. Por lo demás, reitero la esperanza y exhorto a que las acciones procesales sigan un curso apegado a la responsabilidad ética y jurídica, y que se cumpla con los criterios fundamentales de objetividad y transparencia que la ley manda y el respeto a los derechos humanos exige.