La saga de irregularidades, inconsistencias y posibles prácticas de corrupción que se han generado en torno al arresto domiciliario, la fuga, la entrega o captura, y la vuelta a la situación original de Jorge Lankenau, suscitan graves sospechas sobre el desempeño de las instituciones de justicia del país y sobre la manera en que se ha conducido la investigación y los procesos judiciales del banquero acusado de millonarias defraudaciones.

En primer lugar, cabe preguntarse cómo se permitió que personajes como Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche y Angel Rodríguez -El Divino- llegaran a la dirección de corporaciones de la importancia de Grupo Abaco, Banco Unión y Banpaís, respectivamente, y que en esas posiciones acumularan poder y riqueza y realizaran de manera sistemática prácticas financieras irregulares e ilícitas sin que las autoridades competentes, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como la Secretaría de Hacienda, ejercieran un control y una supervisión efectivos, no sólo para corregir y denunciar los malos manejos, sino para detectarlos y prevenirlos. Esta circunstancia resulta aún más grave si se considera que ilícitos como los que se le imputan a Lankenau ya se han registrado anteriormente en otros bancos del país.

Estas circunstancias ponen en cuestión no sólo la eficacia de las instancias señaladas, sino también el proceso mismo de privatización del sector bancario del país, en la medida en que las instituciones de crédito antes señaladas fueron entregadas a individuos que, a la postre, demostraron carecer de los atributos de responsabilidad y ética que se requieren para administrar una entidad bancaria.

Por añadidura, una vez que fue descubierto el fraude del que se acusa a Lankenau, las autoridades judiciales lo han venido tratando con una consideración exagerada e injustificada, la cual contrasta con el trato que los jueces y las corporaciones policiales suelen dar a los sospechosos no acaudalados. Baste comparar, por ejemplo, el obsequioso arresto domiciliario impuesto al presunto defraudador, con la violencia empleada por los agentes policiales para arrestar a supuestos delincuentes en los cuestionables operativos que se realizan en la capital del país, o con la situación indignante en la que se encuentran centenares o miles de indígenas internados en reclusorios por delitos menores, por débiles sospechas o por nada.

Es igualmente reprochable que decenas de policías judiciales tanto federales como estatales -que, a fin de cuentas, fueron incapaces de cumplir con su misión- hayan sido comisionados para custodiar el domicilio de Lankenau, en un momento en que campean en el país la inseguridad, la delincuencia y la violencia criminal.

No debe soslayarse el hecho de que estos dudosos miramientos para con el banquero acusado -junto a posibles prácticas irregulares y corruptas entre los que estaban encargados de custodiarlo y quienes conducían su defensa legal- propiciaron su posterior fuga. Por ello, es indispensable y urgente abrir una investigación a fondo de los hechos relacionados con la violación del arraigo domicilario perpetrada por Lankenau, a fin de investigar responsabilidades y castigar a quienes pudieran estar involucrados en ella, así como deslindar la posible participación en estos sucesos de los abogados Fernando Gómez Mont y Salvador Rocha Díaz -este último senador- quienes presuntamente habrían sugerido a su cliente la posibilidad del escape y su posterior entrega a las autoridades en el Distrito Federal.

En esta perspectiva ha de reconcerse la pertinencia de las propuestas de reforma al Código de Procedimientos Penales sugeridas ayer por el procurador general de la República, Jorge Madrazo, en el sentido de tipificar como delito la evasión de la justicia, tanto en el caso del que la comete como del que la apoya o propicia, y de permitir la celebración de juicio en ausencia a quienes hayan llevado a cabo un escape de este tipo. Sin embargo, cabe alertar sobre los riesgos que acarrearía, de aplicarse, la propuesta -también formulada por Madrazo- de considerar la evasión como un reconocimiento implícito de culpabilidad, ya que en las condiciones actuales de descontrol, corrupción e impunidad existentes en las corporaciones policiales, la transformación de esta propuesta en texto legal podría propiciar una avalancha de arbitrariedades judiciales e incrementar las violaciones a los derechos humanos.

Existen, en suma, sobrados elementos para pensar que la cadena de aberraciones y distorsiones durante el proceso de Jorge Lankenau -que incluyen desde la CNBV hasta el Poder Judicial, pasando por la PGR y las policías judiciales federal y de Nuevo León-, así como las andanzas del banquero indiciado, constituyen una burla a la justicia y a la sociedad, y una vulneración del estado de derecho.