Una asamblea estudiantil de una activa escuela de la UNAM --allá por 1966 o 1967--, discutió un día por no sé cuántas horas acerca de lo que debería ser discutido en esa misma asamblea, sin llegar a conclusión ninguna. Algunos diputados de nuestra actual legislatura presenciaron tan memorable desvarío escolar.

Pasan los días y las semanas y los señores diputados de todos los partidos han invertido todo el tiempo del mundo en discutir en corto, en plenos y hasta en coloquial correspondencia pública, qué es lo que debería discutir el órgano legislativo que cogobiernan. Es verdad que la agenda es de suyo un tema político, pero en la práctica ésta ha sido algo absolutamente errático, en un momento en que los diputados deben decidir --entre otros temitas--, acerca del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos, sin que haya trabajo técnico y político sistemático visible alguno respecto de esa decisión fundamental para la vida de la nación.

Un presupuesto implica la formulación de un conjunto de visiones, supuestos y suposiciones, anticipados: previsiones, presupuestos y presuposiciones, ligados a un conjunto de objetivos y de metas de alcance nacional. Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, además, han de ser previstos articuladamente.

Ha habido entrevistas entre diversos funcionarios del Poder Ejecutivo y grupos de diputados y, eso sí, declaraciones y más declaraciones de diputados y partidos y de funcionarios del Ejecutivo, incluido el Presidente de la República, sobre el asunto del gasto y los ingresos públicos. Pero francamente cada uno parece jugar sus fichas mediando juicios políticos relacionados con la ``pura'' política.

Todo indica que las decisiones sobre el Presupuesto y la Ley de Ingresos se tomarán como vienen tomándose todas las decisiones políticas en este país desde hace tiempo por todos los actores políticos, al cuarto para las doce, sin que exista vía institucional alguna que permita a los ciudadanos exigir a sus representantes mayor responsabilidad y orden en los asuntos públicos de la importancia vital de los mencionados.

La cuestión empezó, sin mediar estudio técnico alguno, inopinadamente, con el asunto de qué tal si bajamos el IVA, como si de suyo fueran evidentes (y convenientes) los efectos de la decisión. Luego las declaraciones escalaron rápidamente hasta expresar con rimbombancia la necesidad de ``transformar'' la política económica o el ``modelo económico neoliberal'' o, desde la otra orilla, llegar a una acuerdo sobre una política de Estado para el crecimiento económico. Pero no existe el espacio político en el que los actores estén trabajando sistemáticamente sobre las decisiones y los acuerdos, mientras la confusión reina en no pocas de las declaraciones que desde todas las trincheras se expiden sin fatiga: hay quienes piensan, por ejemplo, que puede llegarse a un acuerdo sobre la propuesta presidencial, antes de aprobar el Presupuesto y la Ley de Ingresos para 1998.

Y hay quienes, frente a tamaña tarea, prefieren expresarse pragmáticamente (como en el caso del IVA), sobre rubros de gasto particulares. Pongo por ahora un solo ejemplo: el PAN declaró categóricamente --por voz de su presidente-- que no aprobarían el Presupuesto de Egresos si no son aumentados (duplicados, se ha dicho) los recursos de los municipios: suena políticamente bonito ¿no es cierto?

Como es evidente, se trata de una propuesta económicamente descontextualizada y sin contenido concreto: ¿en qué van a gastarse los recursos en cada uno de los 2 mil 400 municipios del país?, ¿fue medido ya el efecto que va a tener la medida en la economía regional (la cual, dicho sea de paso, no se corresponde con la división política)?, ¿cuál el que tendrá en la economía nacional?

De otra parte, debido precisamente al centralismo sempiterno que ha padecido el país, sólo unos cuantos ayuntamientos cuentan con las capacidades técnicas para administrar adecuadamente una duplicación de recursos. El riesgo de que en el resto el aumento sea simplemente dilapidado, es alto. El aumento del gasto, dirigido al ámbito municipal, por tanto, debe ser empleado en primer lugar en crear las condiciones (capacitación en buena medida), que permitan gastar productivamente los recursos, tanto en términos económicos como sociales.