Resulta sorprendente constatar que en este país todavía hay campañas de linchamiento periodístico que huelen a viejos tiempos. Sin duda, es el caso del grupo de seis consejeros electorales (Mauricio Merino, Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa, Jesús Cantú, Juan Molinar y Alonso Lujambio) del Instituto Federal Electoral (IFE), que se ``atrevieron'' a solicitarle al consejero presidente (José Woldenberg) que era necesario realizar una evaluación del papel desempeñado por el secretario general de la institución, Felipe Solís Acero, tal como había sido acordado al momento de su nombramiento, el 31 de octubre de 1996. Este acontecimiento ha provocado el despliegue de decenas de notas periodísticas y de artículos sobre el tema. Al analizar el material de prensa aparece un universo muy amplio de adjetivos descalificadores, insultos, supuestas conjuras, peligrosos atentados institucionales, y muy poco material reflexivo, visiones ponderadas o análisis reales del problema, con lo cual se puede deducir que estamos ante una campaña orquestada, para linchar a los seis consejeros electorales. ¿Por qué?

1. La solicitud del desempeño de un funcionario como el secretario general del IFE es perfectamente normal, y además fue un acuerdo de caballeros. En actual estructura de esa institución existen funciones y capacidades del Consejo General, máximo órgano del IFE, para supervisar, vigilar, tomar decisiones, que la anterior estructura no tenía (ver el artículo 82 del Cofipe); lo cual se traduce en una serie de circuitos de decisión que van del Consejo hacia toda la estructura organizativa de la institución. Este supuesto implica de forma central al secretario general. No estamos frente a una situación ilegal, rara o anómala, sino perfectamente legal y legítima.

2. Una institución encargada de realizar los procesos electorales del país realiza básicamente una tarea de transparencia, por lo tanto no puede manejarse al margen de reglas y procedimientos democráticos internos, que son los que aplica hacia la sociedad. En este sentido, la norma democrática por excelencia es la de la mayoría, y si seis votos están a favor de una acción y tres no, la decisión es de la mayoría. Lo cual no implica, por supuesto, que se lastimen las posiciones minoritarias, es decir, la evaluación del desempeño de Solís Acero no implica una descalificación para Woldenberg, como lo han querido presentar decenas de notas en la prensa, lo cual es una lectura equivocada.

Basta revisar las votaciones del Consejo General durante todo el proceso electoral, para comprobar que hubo un porcentaje de votaciones por mayoría y no por unanimidad y nadie pensó en la descalificación de las posturas que perdieron.

3. Ciertamente hay avances muy importantes en las elecciones mexicanas, están a la vista, y la última elección lo muestra. Sin embargo, la tarea no ha concluido, aún es necesario hacer algunas reformas que fortalezcan al IFE en su independencia, y en la construcción de mecanismos de vigilancia interna, para que esta institución pueda conducir con éxito las elecciones del año 2000. En este contexto resulta de vital importancia revisar su estructura operativa --la cual tiene como cabeza al secretario general-- y hacer los cambios que se necesiten. Quedarse con el argumento de que el IFE ya funciona muy bien, es negar la posibilidad de su fortalecimiento.

4. Los seis consejeros electorales que piden la evaluación son personas inteligentes y no un coro que obedece una línea; basta ver simplemente cómo fueron sus votos y sus razonamientos durante el proceso electoral para comprobarlo. Su capacidad y condición de mayoría avalan y justifican la evaluación. No estamos frente a una grillita de poder como se ha querido mostrar en la burda campaña de desprestigio de los seis consejeros, sino ante la necesidad de revisar a los operadores y a los instrumentos que construyen las elecciones. El análisis de la campaña de linchamiento nos lleva a pensar que probablemente los seis consejeros tocaron algo muy importante para el gobierno, un nudo de resistencias, porque sólo así se puede explicar el ataque personalizado y el lenguaje ofensivo que contienen los kilos de notas periodísticas.

5. El IFE tiene sus propios mecanismos para conducirse en este problema, que de ninguna manera representa una crisis. Cualquier institución moderna y democrática pasa por este tipo de batallas, es lo normal y tendremos que acostumbrarnos a ello. Esperemos el resultado de la evaluación y su comunicación pública a la sociedad, estoy seguro que entonces las cosas tomarán su nivel; quizá podamos pasar del linchamiento a la construcción del IFE que necesita el país para el año 2000.