Error, ``meter'' a la PGR, dice la organización; llama a abrir espacios de diálogo

Elena Gallegos /I Ť Después de hacer fuertes cuestionamientos al rector Francisco Barnés de Castro por ``meter'' a las policías y a la PGR --contra toda la tradición universitaria-- en la ``confrontación de las discrepancias'' en la UNAM, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) hizo un urgente llamado a la comunidad a construir espacios de diálogo para desactivar el conflicto y para reinventar instancias de mediación.

De la misma manera, Adolfo Llubere, Inti Muñoz y Fernando Belaunzarán pusieron en entredicho la actuación del Tribunal y la Defensoría de los Derechos Universitarios porque no sólo han mostrado su inoperancia'' sino también su parcialidad en favor de un sector: el de la autoridad. Señalaron que lo que prevalece en este nuevo enfrentamiento entre autoridades y estudiantes, ``es la disputa, inconclusa desde el Congreso del 90, entre dos visiones de Universidad''.

Por lo pronto hoy en la UNAM la cuerda se está tensando, dijeron los jóvenes y lo explicaron así: las autoridades han roto las reglas no escritas en la confrontación entre universitarios.

La rectoría maneja un doble discurso: si los estudiantes acuden a las instancias externas para hacer valer sus derechos, se viola la autonomía; pero en su lógica, esto no ocurre si lo hace ella y mete a la PGR como instancia para dirimir los conflictos, aseguraron.

Definieron esta situación como un: ``manos libres a las autoridades en cuanto a la interpretación y manejo del concepto de autonomía y manos amarradas a la comunidad''.

¿Cómo comenzó todo? Con la reciente decisión de la rectoría, -que inició funciones en enero de este año-, de promover o revivir denuncias penales en contra, hasta el momento, de 60 activistas, y lanzar una campaña en la que los mezcla lo mismo con porros que con robacoches. Además, el embrollo se complica con medidas académicas y administrativas unilaterales -una especie de reedición del plan Carpizo-, lo que empieza a generar enconos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, sintetizaron los muchachos.

El activismo universitario, función social

Durante años, el espacio privilegiado para que los jóvenes se iniciaran en la actividad política fueron las universidades públicas. Había una especie de ``confrontación leal''. Los estudiantes expresaban sus discrepancias mediante protestas -desde los paros hasta los grafitis- y sus coros eran un llamado a las autoridades (los adultos) para que los dejaran participar en la toma de decisiones que les afectaban.

El activismo de los jóvenes jugaba también una función social. Esa lucha tenía límites no escritos, pero estaban ahí. Tanto las autoridades como los muchachos, los respetaban. ``Hoy esos límites están rotos'', reflexionaron Llubere y Belaunzarán, sobre los que pesan órdenes de aprehensión, y Muñoz, quien tuvo que acudir a los tribunales para que se le permitiera regresar a la UNAM a terminar su carrera.

En una entrevista en la que uno de sus abogados, Bernardo Bolaños -el otro es Sergio Soto-, ofreció detalles de los procesos penales que enfrentan los dirigentes del CEU (herederos de la llamada corriente histórica que alguna vez encabezaron Imanol Ordorika, Antonio Santos y Carlos Imaz). Estos confesaron que ya están en retirada, ``no de la Universidad; sí del activismo, porque sabemos que ahí vienen empujando otros chavos para el relevo'', pero asumieron que las medidas del rector Barnés los han obligado al retorno y a defender sus posturas.

-El abogado Gonzalo Moctezuma Barragán quiere que pidan perdón. Asegura que, en buena lid, la rectoría sólo presentó cargos que no se persiguen de oficio y que si ustedes se arrepienten...

-Eso es falso -atajó Bolaños- por principio de cuentas se les imputa a los chavos robo y asociación delictuosa y eso sí se persigue de oficio.

-No. Nos negamos a pedir perdón -terció Llubere- nosotros no somos responsables de la corrupción que existe en la UNAM; ni de la reducción de la matrícula ni de todo el proceso que viene haciendo la autoridad a espaldas de la comunidad...

-Y además -tomó la palabra Inti- no hemos violado la legislación. Los cargos que se nos imputan son falsos.

El abogado repuso: ``tenemos un video y lo vamos a mandar a las ONG internacionales, en el que queda muy claro que ni Adolfo ni Fernando patearon la camioneta en la que viajaban funcionarios universitarios (Leopoldo Silva, Jaime Martuscelli, Roberto Castañón y Rafael Cordera). Aquí hubo muchas trampas. Pero lo inconcebible es que la autoridad ofreció pruebas falsas''.

Este suceso se registró en 1995, durante el movimiento de los excluídos que llegó a su máxima expresión cuando 19 rechazados y un grupo de activistas efectuaron una huelga de hambre y tomaron la rectoría. Los jóvenes acusaron entonces al rector José Sarukhán de manipular los números de acceso al bachillerato, cuando en realidad aplicaba medidas drásticas de reducción de la matrícula. Más de ocho mil lugares se perdieron en los CCH.

``Entablar el diálogo...escuchar razones''

-El rector se equivoca de universo -mostró su asombro Belaunzarán-; dar perdones a cambio de arrepentimientos es ¡tan medieval! Quizás ese tipo de posturas sólo las mantenga el Vaticano... quizás hoy sólo sean cosa del Papa.

``Lo que debería hacerse es entablar el diálogo y escuchar las razones de todos. Yo envié una carta explicando qué fue lo que en realidad pasó y porqué nuestra oposición a permitir este proceso de elitización de la Universidad. Antes nadie cuestionaba que el acceso a la institución pública era un mecanismo de movilidad social. Hoy se quiere suprimir esto''.

En cuanto a sus cuestionamientos a la Defensoría, resumieron: ``llegó un personaje de bajo perfil que se precia de que el rector nunca le ha rechazado ninguna recomendación y es que tampoco las ha hecho''.

Moctezuma Barragán, otra regla rota

Respecto al abogado general, Moctezuma Barragán, comentaron que con él, Barnés rompió otra regla no escrita: ese cargo se le confiaba a un prestigiado jurista universitario. Ahora lo ocupa una persona con buenas relaciones en la política y que sabe mucho de denuncias penales, pero cuya trayectoria no ha sido motivo de reconocimientos académicos. Barnés se lo trajo del Instituto Mexicano del Petróleo.

La nueva efervescencia estudiantil se produjo a raíz del descubrimiento -cuando aún era rector Sarukhán- de la venta de exámenes de admisión; luego vino la reducción de la matrícula; también hubo modificaciones en el plan de estudios del CCH que daban al traste con el proyecto concebido por Pablo González Casanova y, en los hechos, la nueva Rectoría ha proseguido la instrumentación de medidas que los estudiantes consideran lesivas para lo que fue el proyecto de universidad pública. Al mismo tiempo mantiene sobre los activistas, ``como para paralizarnos'', la amenaza judicial.

-¡Esto es fascismo! -dramatizó Inti. Después los tres se preguntaron de distintas maneras si la pretensión de que se escale el conflicto (la atribuyen a la rectoría), la aparición de provocadores en algunos actos estudiantiles (como el 2 de octubre), tiene alguna relación con la llegada,en algunas semanas, de un gobierno de oposición al gobierno de la ciudad.

Luego los tres sacaron de sus mochilas, algunos textos de otro rector, Javier Barros Sierra, y lamentaron: ``aquél salió a las calles a defender la autonomía, a pedir la salida de las fuerzas policiacas de la Ciudad Universitaria. Barnés, casi 30 años después, la vuelve a meter en la disputa como una forma de mantener el control de su grupo. Ellos no buscan interlocución ni diálogo, sino sometimiento''.

La entrevista se produjo cuando aún no se sabía que alrededor de 100 jóvenes brigadistas del CCH-Vallejo (entre ellos 89 menores de edad) que iban a la Prepa 3 a informar de sus acuerdos contra el Plan Barnés --la mencionada reforma al plan de estudios de esos planteles--, fueron detenidos en San Juan de Aragón y Eduardo Molina por policías y presentados ante el Ministerio Público. Se les acusa de privación ilegal de libertad.