La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa por un momento de cambios y redefiniciones, tanto de su función y desempeño como institución educadora y formadora de miles de jóvenes mexicanos, como de su carácter de espacio público para el diálogo, el debate y la reflexión sobre la realidad universitaria y del país.

Está en marcha un amplio proceso de revisión y análisis del modelo que habrá de seguir la UNAM y de las reformas necesarias para elevar el nivel de la educación que en ella se imparte, propiciar la excelencia académica y la eficiencia en el manejo de sus recursos, responder a las necesidades y características del mercado laboral del país y formar individuos capaces de contribuir a un desarrollo nacional más justo y equitativo.

Si bien esta labor es necesaria y conveniente, en ella deben tener cabida las opiniones provenientes de los diversos sectores de la comunidad universitaria --estudiantes, académicos, personal administrativo y autoridades-- a fin de que decisiones tan importantes y de consecuencias tan significativas para la propia institución y para el país se tomen dentro de un marco de atención, tolerancia y respeto a las propuestas, los disensos y las críticas que puedan surgir en esa casa de estudios.

La reactivación de conflictos aparentemente solucionados, como las demandas penales emprendidas por las autoridades de la UNAM en contra de dirigentes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) por su presunta participación en actos violentos sucedidos en 1995, no sólo no contribuyen a la generación del clima de convivencia armónica necesario para conducir las posibles reformas de la Universidad en un contexto de apertura y consenso, sino que introducen nuevos factores de tensión entre la comunidad universitaria, que podrían traducirse en mayores desencuentros y conflictos.

Desde esta perspectiva, cabe formular un exhorto para que estos problemas se resuelvan --dentro de las instancias propias de la Universidad antes que por vías externas, como los procesos judiciales-- mediante el diálogo y la conciliación y sin equiparar o confundir el activismo estudiantil de los ceuístas con otras manifestaciones como el porrismo o el vandalismo, éstas efectivamente perniciosas e intolerables. De igual manera, deben considerarse todos los documentos y testimonios disponibles a fin de alcanzar una solución digna y satisfactoria tanto para los dirigentes del CEU acusados como para las autoridades y la comunidad universitaria.

La UNAM ha sido históricamente una instancia abierta y libre para la crítica, la reflexión y el debate, para la denuncia de las arbitrariedades y de los abusos y para la formulación de propuestas y alternativas para un desarrollo nacional justo, democrático e incluyente. Por ello resulta indispensable que, tanto en los afanes de reforma y mejoramiento de la Universidad como en el manejo de sus conflictos internos, se preserven y amplíen los espacios de libertad, pluralidad, diálogo y tolerancia que la han caracterizado y enaltecido.