Sigue el cabildeo para evitar deportaciones masivas

Jesús Aranda, enviado, El Paso, Tex., 22 de octubre Ť La prórroga de la enmienda 245 de la Ley de Migración de Estados Unidos es muy ``positiva'', porque permite ``aliviar la tensión'' de los connacionales que buscan regularizar su situación migratoria y porque continúa el ``cabildeo'' al interior del Congreso estadunidense para lograr la cancelación definitiva de dicho precepto.

Afirmaron lo anterior el director de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Loaeza Tovar, quienes confiaron que, ante el costo político que tendría para los congresistas republicanos la aplicación de esa cláusula y el beneficio económico que obtiene el Servicio de Inmigración y Naturalización por las multas que cobra a los indocumentados para iniciar su trámite migratorio (200 millones de dólares anuales), seguramente habrá una decisión definitiva favorable a nuestros connacionales.

Entrevistados en el marco de la reunión denominada Mecanismo de Consulta sobre las Funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización y de Protección Consular, que se realizó en ésta ciudad, los funcionarios añadieron que la medida favorece la regularización de los más de 850 mil connacionales -según oficiales del SIN, aunque se presume que sean más- y evita la posible desintegración familiar de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Los funcionarios, que estuvieron acompañados en la entrevista por los cónsules Armando Ortiz Rocha, Carlos Sada y Leonardo French, de El Paso, San Antonio y Chicago, respectivamente, aseguraron también que existe un compromiso de la administración Clinton en cuanto a que un número importante de mexicanos que solicitaron la regularización de su estancia en este país resultarán favorecidos, y que los rechazados serán una excepción. Por su parte, el director del distrito de El Paso, Luis García, afirmó que la prórroga de la enmienda no afectará el trabajo que realiza cotidianamente la Patrulla Fronteriza, y negó que vayan a ocurrir expulsiones masivas o inspecciones ``casa por casa'', donde se presuma que hay indocumentados.

Sin embargo, el funcionario, que nació en Torreón e ingresó ilegalmente en territorio estadunidense en 1953, precisó que las acciones prioritarias de detección de migrantes indocumentados se centrarán en los centros de trabajo.

García precisó que los migrantes que hayan pagado su multa de mil dólares y entreguen sus solicitudes de regularización no tienen garantizada una respuesta positiva. ``Nosotros -dijo- le damos entrada a todas las solicitudes, aún y cuando tengamos la certeza de que no cumplen con todos los requisitos. Nuestra obligación es aceptar todas las peticiones'', insistió.

Por otra parte, los funcionarios mexicanos destacaron que, aunque el artículo 245 de la ley migratoria es discutido como parte del presupuesto del SIN para el próximo año fiscal -por los 200 millones de dólares que genera anualmente por concepto de multa a los indocumentados-, es un hecho que los legisladores republicanos, que apoyan en su mayoría dicho precepto, se han dado cuenta que, de persistir con su actitud, las organizaciones hispanas podrían promover un voto de castigo en su contra, por lo que esperan, ``con razonado optimismo'' que la 245 sea pospuesta definitivamente.

Asimismo, comentaron que el gobierno mexicano continuará con su labor de ``cabildeo'' entre los congresistas y las organizaciones sociales de este país para conseguir la prórroga de la enmienda. Desgraciadamente, aseguraron Mohar y Loaeza, se trata de una legislación interna de Estados Unidos en la que no podemos incidir, pero el gobierno mexicano insistirá en cuanto a evitar la desintegración de las familias de connacionales que pudieran verse afectadas, y en que no sean vulnerados sus derechos humanos.

Por otro lado, comentaron que, tanto en territorio nacional, como a través de los consulados establecidos en Estados Unidos, se continuará con la implantación de acciones preventivas, como advertir a los connacionales sobre los riesgos que corren al ingresar ilegalmente en este país.

Se dijo, además, que sólo ayer más de 40 mexicanos acudieron a las oficinas del SIN en El Paso para regularizar su situación, y cada uno pagó los mil dólares de multa, con la esperanza de que, mientras se mantenga la prórroga, permanecer en Estados Unidos, hasta que se define su situación. Al respecto, existe el compromiso de las autoridades estadunidenses de no utilizar los datos que reciban por éste concepto para deportar a los connacionales.

El caso es que mientras que unos mexicanos ya optaron por su ``autodeportación'' antes del 30 de septiembre pasado -los que hacen su trámite deben salir de Estados Unidos y recibir un comprobante del gobierno mexicano, allá, de que efectivamente salieron-, muchas familias se encomiendan a todos los santos, con la esperanza de lograr temporalmente un permiso de trabajo que les permite permanecer aquí.

Tal es el caso de María ``N'', quien al pagar ayer en el SIN comentó que llegó a Estados Unidos en 1981 y que ellas y sus hijos, de 18, 17 y 13 años, eran indocumentados, por lo que había iniciado los trámites para los tres, amparados en la residencia legal de su marido.

Originaria de Durango, María ``N'' manifestó su preocupación por la situación que atraviesan, y dijo que no quería ni pensar en la posibilidad de que se viera obligada a dejar a su marido y a otros hijos menores, quienes cuentan con residencia legal.