Ello significaría que no hay ningún control de la policía, agrega
Daniela Pastrana y Juan Manuel Venegas Ť Mientras el senador panista Enrique Franco Muñoz consideró injusto el trato dado al secretario de Seguridad Pública en la ALDF, el líder local del PAN, Gonzalo Altamirano, lo responsabilizó del encubrimiento de los autores intelectuales de la ejecución de seis jóvenes de la Buenos Aires.
Entrevistado en la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y televisión, Altamirano consideró absurda la explicación de Salgado de que los policías implicados en los asesinatos actuaron por su cuenta.
``Yo no le creo al general Salgado'', dijo Altamirano. ``Creo que hay responsables intelectuales y se les está encubriendo''.
El panista advirtió que la explicación que el titular de la SSP dio el martes a los diputados locales es ``muy grave'' porque significaría que no hay control en la policía.
``Admitir que los jaguares actuaron solos, si la policía actuó sola, es reconocer que no hay mando en la SSP, que no hay jefes, no hay cabeza y los ciudadanos estamos inermes ante grupos de asesinos'', dijo.
Sobre la posibilidad, expresada por Salgado, de que la adrenalina alteró a los policías, Altamirano comentó que ``habría que medirle la adrenalina a todos los jefes de Seguridad Pública, empezando por el general, para ver si es muy estable la adrenalina''.
El líder panista consideró, sin embargo, que en estos momentos la renuncia de Salgado no ayudaría a esclarecer las investigaciones. En tanto, Franco Muñoz consideró que Salgado ``fue muy valiente'' y no merecía el trato que le dieron los diputados locales en la Asamblea Legislativa, ``donde parecía que estaba a juicio y no en una comparecencia''.
Consideró que el ``paquete de Salgado es muy pesado, porque si aprieta se le sataniza y si no aprieta, también. Está en una encrucijada y su deber es cumplir'', por lo que pidió a los organismos de derechos humanos ``moderación y prudencia'' y a los medios de comunicación ``no azuzar a la población contra la autoridad''.
Entrevistado brevemente en sus oficinas del Senado de la República, el legislador advirtió que ante el incremento de los actos delictivos en el DF todos los actores involucrados tenemos que distinguir ``si queremos seguridad o disimulo y simulación''.
En esa disyuntiva, agregó, estamos dejando al gobierno, que tiene la obligación de respetar las garantías y los derechos constitucionales de toda la población, pero también tiene el reto de enfrentar a una delincuencia cada vez más organizada, y tantas críticas y reacciones adversas frente a los actos de autoridad, pues ``van terminar por provocar que nadie quiera hacerse cargo de ese paquete'' que ahora tiene el general.
Ante esa realidad, pidió ``moderación'' a los organismos de derechos humanos.