Las normas periodísticas no deben ser impuestas desde el gobierno, dijo
Rosa Elvira Vargas, enviada, y Cayetano Frías, corresponsal, Guadalajara, 21 de octubre Ť El Ejecutivo federal no comparte la tesis de quienes suponen que con regulaciones a la libertad de expresión y de prensa se favorece a la democracia o a la armonía social, estableció el presidente Ernesto Zedillo. No obstante, ofreció ``estar atento'' a todas las propuestas que en esa materia surjan desde la sociedad o del Poder Legislativo.
Al inaugurar la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), estableció también que los atributos periodísticos de objetividad, seriedad en la opinión, creatividad, profesionalismo, honestidad y compromiso con la verdad no pueden dictarse ni ser impuestos desde el poder público.
No existe, aseguró, desde las esferas gubernamentales, ninguna intención deliberada de coartar las libertades de los periodistas ni de reprimir el ejercicio de su profesión. Asimismo, hizo énfasis en que hoy, en México, ``un pilar de nuestro avance democrático está en la prensa''.
Al ratificar también que deben ser los propios periodistas quienes apliquen las pautas para regular su labor, Zedillo afirmó que hoy, en México, el periodismo contribuye a que el poder y la autoridad se ejerzan con apego a la ley, con mayor mesura y de cara a la población.
Esas libertades y la actividad de los periodistas, afirmó, están contribuyendo a formar una cultura de observancia del derecho, de rendición de cuentas y de atención al escrutinio y la crítica ciudadanos. Colaboran para que la vida pública y la democracia estén normadas por la ley y sean más abiertas y responsables.
Condena SIP la violencia
Previamente a la intervención del mandatario, el presidente de la SIP, Luis Gabriel Cano, también director del diario El Espectador de Bogotá, dijo que ese organismo ha detectado un ``método inhumano'' de ejercer la censura y que desgraciadamente ha proliferado en casi todos los países: la violencia contra periodistas y contra los medios de comunicación. A lo anterior se añade el agravante de que la impunidad es una constante en casi la totalidad de los asesinatos, secuestros y actos terroristas, indicó.
La SIP, que ha tomado como tarea central demandar el esclarecimiento de la muerte de seis periodistas --un par respectivamente en Colombia, Guatemala y México-- advierte ahora, dijo Cano, ``otro nubarrón'' que amenaza la libertad de prensa y que ``increíblemente viene de los gobiernos democráticos'' del continente.
Detalló que se trata de la tesis, surgida desde el gobierno de Venezuela, de que debe obligarse a los periodistas y a los medios de comunicación a ``suministrar información veraz''. El concepto ``suena muy bonito'', señaló Cano, ``pero encierra una amenaza al derecho del ser humano a informar y a ser informado libremente, porque depende de quién o quiénes son los dueños de la verdad''.
Aseguró categórico que hay quienes pretenden imponer a la prensa condiciones francamente atentatorias contra su libertad.
En su turno, el presidente Zedillo aseguró que la liberad de prensa es un elemento esencial de la libertad de pensamiento, de expresión y del derecho a la información. Es, además, una condición indispensable para una auténtica vida democrática.
El gobierno de la República, dijo, condena y siempre rechazará cualquier acto que pretenda vulnerar la libertad de prensa, que pretenda intimidar o peor aún, acallar a los periodistas; que busque lesionar la independencia o las libertades que deben enmarcar el funcionamiento de los medios de comunicación y la actividad de quienes en ellos trabajen.
Para el Presidente, ninguna nación puede dejar pasar ni agresiones ni amenazas contra periodistas porque ello, además de ser violatorio de la ley, constituye una ofensa a las libertades democráticas de todos. Ahí mismo, comprometió a la administración que encabeza para que sin descanso se trabaje en lograr el total esclarecimiento de los casos de periodistas asesinados.
Sin embargo, confió en que ``con objetividad y buena fe'' se evitará confundir entre lo que son fallas del sistema de procuración e impartición de justicia y lo que sería una intención deliberada de reprimir o silenciar a periodistas.
En el primer caso, mencionó que las fallas e insuficiencias se manifiestan en la lentitud de las investigaciones judiciales o en la aplicación laxa o indebida de la ley, por lo que insistió en la necesidad de reforzar los preceptos legales, reformar las instituciones y renovar la colaboración entre todos los órdenes de gobierno y los grupos sociales.
Enfático dijo que en el poder público no hay la intención de coartar libertades o reprimir a la prensa, y afirmó que toda autoridad federal estará atenta a indagar, perseguir y sancionar cualquier tentativa que individual o colectivamente pretenda lesionar las libertades de los comunicadores.
Se castigarán atentados a la prensa
Ratificó que la Procuraduría General de la República actuará para esclarecer los crímenes contra periodistas y llevar a sus autores ante la justicia, pero también subrayó que su gobierno está decidido a que quien atente contra la libertad de prensa o contra el derecho a la información ``sea castigado con todo el rigor de la ley y a que ninguna ofensa quede impune''.
Más adelante, el presidente Zedillo se refirió a las voces que en México y en otras partes han planteado que desde el poder público se promuevan regulaciones a la prensa. ``Hoy repito categóricamente --afirmó-- que no estoy de acuerdo''.
Serán los periodistas quienes determinen libre y convencidamente los principios y las pautas para que su labor se sujete al ejercicio libre y objetivo, veraz y oportuno, responsable y completo del periodismo.
``Tengo confianza en que ustedes, los periodistas y los medios para quienes trabajan, serán quienes decidan cómo lograr que el ejercicio de la liberad de expresión aliente la democracia, sirva mejor a la comunidad y fortalezca la autonomía y dignidad del periodismo''.