La Jornada 22 de octubre de 1997

La comparecencia no es juicio sumario, apunta Aguilera Gómez

Si usted miente, estaría en riesgo su libertad, le advierte el PRD

Difícil aceptar que no hubo concertación: Alfonso Rivera, del PRI

Ricardo Olayo y Miriam Posada Ť Las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa cuestionaron la veracidad de las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado, durante su comparecencia ante diputados locales conformados en comisiones.

Los representantes de todos los partidos rechazaron que el crimen de los jóvenes de la colonia Buenos Aires haya sido una acción autónoma de los policías. En cualquier caso, es preocupante que así actúen los uniformados, establecieron a lo largo de la comparecencia de más de cuatro horas.

El PRD dijo que las versiones de Salgado no son de confiar y le indicó que su responsabilidad podría ser penal en caso de incurrir en encubrimiento, lo que estaría en riesgo es su libertad, le dijeron. Para el PAN, la desaparición del Grupo Jaguares es ``políticamente oportunista'' para ``limpiar la empañada imagen de la secretaría''.

El PRI preguntó al general Salgado sobre el destino de las armas y el control de los policías; en tanto, el PT y PVEM criticaron la ilegalidad de los operativos, que condujeron a la muerte de los jóvenes. Las cinco fracciones criticaron la falta de coordinación y de mando para tener una efectiva acción de seguridad pública.

Más críticas

El coordinador de la fracción perredista, Martí Batres, aseguró que Salgado mintió a la opinión pública, deformó los hechos y ``hoy nos viene a dar una nueva versión, de la cual quizá pronto tenga que retractarse''.

Batres dijo que la disyuntiva no es cuestionar a los militares, sino la responsabilidad concreta de Salgado; ``lo que preocupa es la incapacidad que ha mostrado como responsable de la seguridad pública en la ciudad''.

El diputado aseveró que la narración de hechos que acababa de hacer el general era distinta a otras conocidas, ``inventó que elementos francos, que no se encontraban en labores, intervinieron para frustrar un asalto'', también dijo que no había policías involucrados y ahora hasta decidió desparecer a los jaguares.

``¿Podemos creerle lo que dice ahora?'', le preguntó Batres.

Un grupo de policías puede decidir en un breve lapso el secuestro y ejecución de personas, ``¿es así como actúa la policía en mando?, ¿esa es la disciplina que ha impuesto?''. Luego le preguntó que si trataba de proteger a los asesinos, pues durante varios días Salgado mantuvo la versión de que no habían participado cuerpos policiales.

En la réplica a la respuesta de Salgado, Batres indicó que si el general tiene responsabilidad, estaría en juego no sólo su renuncia, sino la pérdida de su libertad. Le dijo que es autor de ``operativos tristemente celebres'', y que sólo reconoció la participación de jaguares y zorros por la presión, ``y tal parece que tendrá que ser obligado posteriormente a reconocer la participación de diversos niveles de mandos''.

Por el PAN, su coordinador, Miguel Hernández Labastida, se refirió a la intención política de desaparecer el Grupo Especial de Disuasión (GED) y la incongruencia de asignarlos a otras áreas, si de tiempo atrás se sabía que cometían atropellos. Además, le dijo, por qué nunca antes investigó las actuaciones de los jaguares.

El panista expresó su desacuerdo con la desaparición del grupo de motopatrulleros, pues parece ser una decisión política. ``Es una actitud antirrepublicana asumir decisiones de las que se desprende una intención políticamente oportunista, estableciendo medidas decorativas tendientes a limpiar la empañada imagen institucional de la Secretaría de Seguridad Pública''.

Dijo que no coincide con Salgado en que las críticas causan inmovilismo, como lo externó durante su comparecencia en el pleno hace unas semanas. Su visión ``no connota sino la defensa de una concepción totalitaria y arcaica de la forma en que tienen que enfrentarse los problemas de la delincuencia''.

El general desconoce la organización política del país, porque pide que se frenen las críticas. Con su desempeño, ``tácitamente avala la comisión de excesos en las acciones policiacas al indicar que no por temor a dichos excesos debe dejarse de actuar''.

El priísta Manuel Aguilera preguntó sobre las arma y las grabaciones de las frecuencias policiales, y su compañero de bancada, Alfonso Rivera, expresó que es difícil aceptar que los hechos no fueron concertados, que no haya habido una instrucción de algún mando. La interrogante quedó abierta.