La Jornada 22 de octubre de 1997

Ayer, en Guadalajara, al inaugurar un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente Ernesto Zedillo formuló señalamientos acerca de los medios de información, sus responsabilidades y su función en el tránsito hacia la normalidad democrática por la que atraviesa el país. Tales expresiones trascienden el ámbito del interés gremial y constituyen puntos de reflexión para la sociedad en general, por lo que resulta pertinente comentarlas.

Por principio de cuentas, el mandatario expresó un puntual reconocimiento a los medios y a la función que han desempeñado en el proceso democratizador y en el impulso a la transparencia que se viven en México. Asimismo, Zedillo refrendó el ofrecimiento de que su gobierno respetará el trabajo y las garantías de los periodistas. Tal expresión resulta positiva y esperanzadora, y puede contribuir a poner un freno a los intereses delictivos --acaso enquistados en instancias de la administración pública o en gobiernos estatales y municipales-- que, a últimas fechas, se han expresado por medio de agresiones de diversa gravedad en contra de no pocos informadores.

Otro punto importante es que el jefe del Ejecutivo ratificó su postura en el sentido de que la regulación de las tareas informativas no debe ser una atribución del poder público, sino responsabilidad de los propios informadores. Tal consideración, plenamente compartible, además de necesaria en una sociedad moderna, es contrapuesta a la censura oficial, una práctica infame cuya resurrección no debe permitirse por ningún motivo, y a las siempre latentes amenazas de que el Estado, las iglesias o cualquier otro centro de poder, se arroguen la facultad de decidir lo que los ciudadanos deben conocer y lo que no.

Es pertinente señalar, a este respecto, que si bien las redes de complicidad y corrupción que por décadas vincularon de manera ilegítima a la prensa y al gobierno en nuestro país están prácticamente desmanteladas, aún subsisten mecanismos de presión y cooptación, especialmente fuera de la capital de la República. Un caso ilustrativo es el alineamiento casi unánime de los medios locales de Tabasco en favor del PRI y del régimen de Roberto Madrazo con motivo del proceso electoral que se ha vivido en ese estado. También persisten instrumentos de control tales como la discrecionalidad con la cual las autoridades pueden multar, e incluso retirar la concesión de radiofrecuencias, a los medios electrónicos. Y siguen existiendo, asimismo, sistemas de asignación de la publicidad oficial que dan pie a decisiones arbitrarias y poco equitativas. En todos esos terrenos se requiere de un ordenamiento que permita establecer relaciones plenamente transparentes y honestas entre los diversos ámbitos de los poderes públicos, los medios de información y los informadores.

En lo general, sin embargo, en la circunstancia actual los medios de información pueden optar por el ejercicio de la libertad de expresión, una libertad que no está, casi nunca, dada de antemano, sino que se realiza y se extiende merced a su propio ejercicio; en este contexto, ha de reconocerse que la divulgación de noticias no siempre se apega al rigor y a las normas éticas que debieran normarla. Sin embargo, en materia de libertad de expresión y de derecho a la información, siempre será menos malo el exceso y el abuso que la carencia y la mordaza.

Ciertamente, hoy, cuando vivimos --y no sólo en México-- una severa crisis de credibilidad, y cuando el descrédito de instituciones, entidades, ideologías y partidos amenaza con extenderse incluso a los medios de información, es tarea prioritaria crear mecanismos que permitan mantener la práctica periodística dentro de los límites del rigor profesional, de la veracidad y de la ética social. En esta perspectiva, es de fundamental importancia que los propios informadores avancen en la elaboración de instancias y documentos internos que garanticen y propicien el derecho de la ciudadanía a recibir productos informativos confiables, equilibrados y ajenos a intereses políticos o económicos, ajenos a la información en sí. Han de buscarse fórmulas para evitar que los hechos se presenten en forma tergiversada o distorsionada o, peor aún, se omitan, en función de propósitos no declarados.

Pero, al mismo tiempo, ha de considerarse que la máxima instancia de regulación de la conducta de los medios es la propia colectividad que recibe la información. Son los lectores, los radioescuchas y las teleaudiencias quienes tienen la última palabra acerca de la calidad, puntualidad, pertinencia y veracidad de la información que reciben, y, en definitiva, la responsabilidad de juzgar y --en su caso-- sancionar a los medios y a los informadores.